El Senado aprobó este jueves una medida –de la autoría de la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve– para la creación de un Observatorio de Trata Humana en Puerto Rico, una iniciativa que la legisladora impulsó, sin éxito, durante el cuatrienio pasado.

“En Puerto Rico, la trata humana es de magnitudes severas. Sin embargo, lamentablemente también, como se ha discutido con amplitud, las estadísticas oficiales del gobierno no reflejan la realidad de lo que ocurre en el pasado con este crimen horrendo”, dijo Rodríguez Veve, al defender la pieza.

Según datos recopilados localmente, dijo, el 30% de los jóvenes que están en el Sistema de Justicia Juvenil han sido víctimas de trata humana. Mientras, para 2023, de acuerdo con números del gobierno federal, se investigaron y atendieron 1,600 casos de trata humana en su vertiente de explotación sexual. “Son números alarmantes”, expuso la senadora.

La semana pasada, el país se estremeció con una acusación federal presentada contra dos mujeres por labor forzada y explotación financiera de una persona con discapacidad intelectual.

Según el pliego acusatorio,las imputadas recurrieron a palizas, inmovilización física, amenazas de violencia, servidumbre documental, aislamiento, negación de higiene básica y atención médica, y suministro de drogas o medicamentos sin receta contra la mujer adulta. Asimismo, la obligaban a mendigar, participar en actividades delictivas y fraudulentas para su propio beneficio económico y realizar labores domésticas en la vivienda compartida.

De recibir el aval de ambas cámaras y el Ejecutivo, el Observatorio estaría adscrito a la Comisión de Derechos Civiles, que sería la encargada de recopilar las estadísticas e información generada por los distintos entes del gobierno y fomentar la toma de decisiones de manera informada.

A su vez, crearía el cargo de director del Observatorio, figura que sería nombrada por el gobernador de turno –a un término de cuatro años– y tendría la responsabilidad de coordinar interagencialmente la implantación de política pública y preparar un plan estratégico a ser sometido a la Asamblea Legislativa para atender esta problemática.

El director, dispone el proyecto, debería ser un abogado admitido al ejercicio de la profesión legal con, al menos, dos años de experiencia profesional. Su salario sería el mismo que devenga un juez municipal, el cual asciende a $110,000 anuales.

“Necesitamos una entidad gubernamental que pueda coordinar todos los esfuerzos entre las distintas agencias llamadas a atender y combatir este crimen en Puerto Rico. Necesitamos, sobre todas las cosas, información confiable”, subrayó la senadora, quien destacó que, el cuatrienio pasado, su propuesta fue avalada por los departamentos de Justicia y de la Familia.

La senadora Roxanna Soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista, no solo se expresó en contra de la legislación, la cual describió como un “refrito”, sino que, además, cuestionó la inversión económica que requeriría anualmente el funcionamiento del Observatorio.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó el costo neto estimado del proyecto en $183,167 anuales.

“¿De dónde se recopilan las estadísticas? Pues, del internet. Y, ¿para eso yo voy a pagar $110,000 anuales? No, señores. Aquí, los municipios tienen prioridad...”, expuso Soto Aguilú, en referencia al salario que devengaría el director del Observatorio.

En su lugar, sugirió la creación de memoriales de entendimientos con el Instituto de Estadísticas y la Policía.