A pesar de la oposición de entidades profesionales, civiles y comunitarias, el Senado planifica aprobar este martes un proyecto de ley que -según han denunciado múltiples organismos- impone requisitos y obstáculos adicionales al proceso para acceder a información en poder de las agencias gubernamentales.

El Proyecto del Senado (PS) 63, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, recibió el rechazo de, al menos, seis entidades, según se desprende del informe preparado –sin celebrar vistas públicas– por la Comisión de Gobierno de ese cuerpo legislativo, que aun así recomendó aprobar la medida. La pieza solo recibió el aval de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Ninguna de las recomendaciones hechas por más de una docena de organizaciones de la sociedad civil fueron acogidas”, denunció el Centro de Periodismo Investigativo en sus redes sociales, donde instó a la comunidad a comunicarse con los senadores para intentar detener la aprobación el proyecto.

La legislación impone requisitos adicionales a las solicitudes de información mediante enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019). Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

Asimismo, impone como requisito notificar a jefes de agencia cada petición y exige incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

“Si la entrega de la información requerida implica un gasto extraordinario, la entidad gubernamental divulgará la misma en el formato disponible o de menor costo”, dispone el proyecto.

Para el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), una de las entidades que se opuso por escrito ante la Comisión de Gobierno, las restricciones propuestas derrotan la política pública de transparencia que impulsa la Ley 141-2019.

Cuestionaron, de otra parte, las sanciones -a su juicio insuficientes- que contempla la medida contra las agencias que incumplan, la erradicación del derecho a recibir información en formatos específicos, lo que entienden puede imposibilitar el análisis de los datos, y la eliminación de la discreción judicial para acortar términos en los tribunales, “lo que prolongarla innecesariamente los procesos legales”.

Las agencias que incumplan podrán ser sancionadas con una multa de hasta $100 diarios. La totalidad de las sanciones no podrá exceder los $18,000, dispone la medida en su Artículo 10.

Ante la ausencia de audiencias públicas para evaluar la medida, el CCPR celebró, en mayo, unas vistas ciudadanas, donde 12 ponentes expusieron sus experiencias sobre las dificultades de acceder a información pública y manifestaron su rechazo al proyecto.

La entidad Sembrando Sentido también sometió un memorial explicativo al Senado, en el que compartió que, desde 2020, han realizado más de 32 solicitudes formales a agencias gubernamentales, con “resultados inconsistentes”. Mientras algunas cumplen con los plazos, otras tardan meses o no responden, plantearon. En promedio, recoge el documento, las dependencias tardan 20 días en contestar, y en tres ocasiones tuvieron que recurrir a los tribunales tras esperar más de cinco meses por una respuesta.

“Las enmiendas propuestas generan rechazos, introducen riesgos de politización, fomentan modelos de archivo anticuados y reducen la claridad del derecho de acceso a la información pública”, expuso, por su parte, la organización FURIA, que acompaña a líderes comunitarios mediante apoyo legal.

Kilómetro Cero, en tanto, indicó que su experiencia, particularmente en sus litigios contra la Policía y el Registro Demográfico, demuestra que las agencias públicas “suelen usar tácticas de dilación y trabas para limitar el acceso a la información pública”. Sostuvo que, aunque los tribunales han fallado reiteradamente a favor del acceso ciudadano, “la práctica institucional sigue siendo obstaculizar el acceso a la información”.

La CEE, aunque se expresó a favor de la medida, de acuerdo al informe de la Comisión de Gobierno, sugirió una serie de enmiendas, como duplicar el término dispuesto en la ley para responder a una solicitud de información cuando se presente, al menos, 60 días antes de un evento electoral.

“Los proceso y acciones para peticionar tal información deben darse dentro de un marco de razonabilidad y en armonía con los procesos electorales en curso, de manera que no se afecten etapas críticas del proceso eleccionario”, expuso la CEE, recoge el memorial explicativo firmado por el senador Ángel Toledo.

El PS 63 está en calendario para atenderse en la sesión de este martes, a la 1:00 p.m.