Con el voto en contra de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, el Senado avaló este jueves que la doctora María Conte Miller permanezca en la dirección ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), puesto que ocupa –por segunda ocasión– desde 2019.

“Confirmado el nombramiento de la doctora María Conte Miller como directora ejecutiva del ICF. Notifíquese a la señora gobernadora”, anunció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El pasado 1 de agosto, la gobernadora Jenniffer González anunció la designación de Conte Miller para permanecer al mando del ICF. La nominación respondió a la eliminación de la Junta de Directores de la entidad pública –por mandato de la Ley 43-2025–, que era el organismo con la facultad de nombrar a la directora ejecutiva.

“Al no existir ya el organismo que nombra a la directora ejecutiva, es que se hace esta designación”, señaló entonces la mandataria.

En diciembre, Conte Miller aceptó la invitación de González –entonces gobernadora electa– para permanecer en el cargo, motivada, principalmente, por garantizar la continuidad de la operación del ICF y lograr el desarrollo de varios proyectos dirigidos a reducir o eliminar el tiempo de espera en áreas de análisis, como balística y serología forense, dijo, en aquel momento, a El Nuevo Día.

Conte Miller dirigió el ICF, por primera vez, bajo la administración de Luis Fortuño (2009 a 2012). En 2019, regresó a liderar la agencia, topándose con un retraso en la entrega de los cadáveres examinados y en el análisis de miles de “safe kits”, mecanismo utilizado para la recolección de evidencia de agresión sexual obtenida del cuerpo de una víctima. Asimismo, el ICF sufría una crisis en el reclutamiento de trabajadores, provocada, en parte, por una baja compensación económica.

El miércoles, durante la vista pública senatorial para evaluar su nominación, Conte Miller dijo que, entre los avances recientes, está la adquisición de tecnología de última generación, que ha permitido automatizar las operaciones de los laboratorios de ADN, balística, toxicología y patología forense. Asimismo, destacó el reclutamiento y la capacitación de personal como una de las prioridades de su gestión.

Como parte de la discusión, el presidente del Senado se comprometió a mirar la “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico” (Ley 135-2020), con la intención de reforzar el lenguaje que obliga a las dependencias públicas a recurrir a esta agencia para realizar las pruebas de dopaje.

Según Conte Miller, “solo un tercio de los laboratorios las hacen a través del Instituto”, lo que provoca que la agencia deje de recibir ingresos que bien podrían utilizarse para seguir fortaleciendo su operación.

“Todas las agencias de gobierno deben de hacer las pruebas de dopaje con nosotros, porque eso hace autosuficiente a la agencia en cuanto a sus capacidades presupuestarias”, expresó la funcionaria, al salir de la audiencia.

El Senado también dio paso a las nominaciones de la licenciada Myriam E. Nieves Vera, como fiscal auxiliar IV; y de José R. Santana González, como fiscal auxiliar II; y del doctor Víctor J. Vázquez Rodríguez, a la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer Héctor J. Ferrer Ríos, en calidad de miembro de la comunidad de investigación, estudios o tratamientos de cáncer.