Samuel Acosta, quien fue el asesor legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que redactó la orden administrativa que legalizaba el estatus de decenas de estructuras enclavadas en el litoral de La Parguera, en Lajas, fue confirmado este lunes por el Senado como juez superior.

Actualmente, Acosta es director interino de la Oficina de Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores del DRNA. Asimismo, según consignó en una ponencia presentada ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, redacta informes dirigidos al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y borradores de resoluciones.

“Hubiese querido que los que se oponen, más allá de tener un planteamiento o una opinión, hubiesen podido convencernos de que, en efecto, hubiera algún dato, documento o circunstancia que descartara al licenciado Samuel Acosta como persona apta para ocupar la Judicatura”, afirmó, durante el debate -que se extendió por más de una hora-, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Acosta fue nominado como juez superior en agosto por la gobernadora Jenniffer González. Planteó que hizo la solicitud para ser nombrado al cargo “entendiendo la importancia que tiene en nuestra sociedad el impartir justicia”.

“En mi vida, me he comportado de esa misma manera, tomando decisiones conforme a la ley y al derecho, y teniendo presente que el gobierno debe servir a los gobernados de una manera eficiente”, señaló Acosta en su ponencia.

Rivera Schatz sostuvo que Acosta no fue quien decidió ejecutar la orden. Destacó, además, que ningún ciudadano acudió ante el Senado a expresarse en contra del nominado. “Una persona que nunca tuvo un señalamiento como abogado... ¿por qué habríamos de rechazarlo?”, apuntó.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, consignó el voto en contra de la designación. “Este nombramiento, ustedes saben que no está bien. Este nombramiento ustedes saben que los va a llevar a la derrota porque están validando algo de lo que ustedes se han distanciado, que son las acciones antiéticas de la gobernadora”, afirmó el senador popular.

Hernández argumentó también que la delegación del Partido Nuevo Progresista no ha atendido el proyecto de ley que concedería licencias de 40 años para la ocupación de estas estructuras porque “los va a marcar” políticamente.

“Hoy estamos a días de cerrar la sesión legislativa, y la gobernadora nunca radicó la reforma contributiva. Pero, para lo que sí tuvo tiempo es para que apareciera una orden divina para atender el asunto de sus familiares en La Parguera y para radicar un proyecto que valida lo ilegal”, subrayó Hernández. La mandataria dijo este lunes que está próxima a presentar el proyecto de reforma contributiva, y no descarta hacerlo en una sesión extraordinaria.

El senador novoprogresista Ángel Toledo, quien lideró la vista pública en la que se evaluaron las credenciales de Acosta, sostuvo que el nominado disipó las dudas planteadas sobre su carácter profesional. “Le di la oportunidad al señor Acosta de expresarse y explicar en detalle cada preocupación y, a mi juicio, cumplió, independientemente de lo que los compañeros quieran pensar”, subrayó.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, también consignó su voto en contra. Sostuvo que, independientemente de su participación en la controversial orden administrativa, su proceder sería el mismo.

“Este nombramiento, como algunos que hemos visto en otras ocasiones, no es otra cosa que un premio a quien ha hecho lo indeseable, a quien se ha prestado para lo inapropiado, y nadie puede ser tan ingenuo para pensar que ahora, cuando juramente como juez..., va a ser iluminado y, entonces, va actuar con justicia”, puntualizó Santiago.

El pasado cuatrienio, agregó Santiago, Acosta participó en diversas vistas públicas en representación del DRNA y en tales comparecencias, señaló, el funcionario demostró desconocimiento en los temas para los cuales era citado. “Los funcionarios como Samuel Acosta calzan cualquier número. Vienen a decir aquí y son capaces de hacer lo que sea con tal de demostrar la lealtad a quien sirven en ese momento, aunque luzcan como desconocedores del derecho”, dijo la legisladora del PIP.

También consignaron su voto en contra los senadores independientes Eliezer Molina Pérez y Joanne Rodríguez Veve.

“Aquí tenemos el nombramiento de la persona que hizo la orden divina... Esta persona que ahora la gobernadora quiere nombrar como juez fue quien hizo la orden donde se violentan, incluso, hasta los estatus federales”, apuntó Molina Pérez.