Al reanudar este lunes las labores legislativas, el Senado tiene en agenda un paquete de 16 medidas, que incluye un proyecto de ley para garantizar que todo menor esté representado por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al amparo de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores (Ley 33-1987).

La legislación, de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, busca, además, que toda declaración hecha por un menor en su contra sea inadmisible si no tuviese representación legal presente.

“Un menor de edad, generalmente, no cuenta con la capacidad jurídica ni el discernimiento necesario para entender las implicaciones de renunciar a sus derechos y el efecto posible de las investigaciones y procedimientos que se pueden llevar a cabo en su contra”, lee la exposición de motivos del Proyecto del Senado 299.

El proyecto, asimismo, incluye lenguaje para asegurar que, en caso de alguna declaración de emergencia o circunstancia extraordinaria que impida la presencia física del abogado, este asista al menor mediante métodos electrónicos.

“Una salvedad importante en la ley vigente es que la presencia del abogado no es requerida para renunciar al derecho de asistencia de abogado”, lee el informe positivo de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el senador novoprogresista Ángel Toledo.

“Las enmiendas propuestas establecerían que, desde el momento en que el menor reciba las advertencias Miranda (sobre sus derechos al ser detenido), hasta la culminación de la medida dispositiva, tendrá derecho a estar representado por abogado, y que ninguna declaración del menor o renuncia a sus derechos será válida sin la presencia, representación y consejo de un abogado competente”, agrega el documento.

Las advertencias Miranda son un conjunto de derechos que la Policía debe leerle a una persona bajo su custodia y a punto de ser interrogado. Informan a la persona sobre sus derechos constitucionales, específicamente, el de permanecer en silencio y tener un abogado presente durante el interrogatorio.

Tanto el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico como el Departamento de la Familia favorecieron la legislación. Coinciden en que la etapa de desarrollo en la que se encuentran los menores no les permite comprender plenamente las consecuencias legales de sus actos o de la renuncia a sus derechos, incluso, cuando estas acciones parezcan voluntarias.

La Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986) establece que la jurisdicción del Tribunal Superior para Asuntos de Menores será por hechos cometidos entre los 13 y no haber cumplido los 18 años. Este estatuto ha vuelto a estar en discusión pública tras el asesinato, la semana pasada, de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, a manos, presuntamente, de otras menores de edad en Aibonito.

El calendario de la Cámara alta para hoy incluye también la discusión de otras 15 medidas, todas bajo la jurisdicción de la Comisión de lo Jurídico, que en la pasada sesión –bajo la dirección de Roxanna Soto Aguilú– no atendió ninguna de las 77 medidas referidas en primera instancia para su evaluación.

Ante ese desempeño, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, removió a la senadora Soto Aguilú de la presidencia, así como de su participación en las demás comisiones senatoriales.

Algunas de las medidas a ser consideradas este lunes son: