Contrario a la propuesta original enviada a la Legislatura por la gobernadora Jenniffer González, la congelación del impuesto al inventario aplicaría a los años contributivos de 2025 a 2027, en lugar de 2025 a 2029, según la versión refrendada la noche del martes por el Senado.

“Con estas enmiendas, se brinda certeza contributiva a los comerciantes, fijando por los próximos tres años su responsabilidad con respecto al impuesto de la porción de inventario de la contribución sobre la propiedad mueble”, dispone la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara (PC) 420 avalado.

“Este mecanismo temporero les provee a los comerciantes la opción de determinar la imposición contributiva sobre el inventario a base de la tasa vigente para el año fiscal 2025-2026”, agrega la legislación, que fue aprobada, en el Senado, con los votos en contra de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y el independiente Eliezer Molina.

El PC 420 también establece que para aquellos comerciantes que, al 1 de enero de 2026, lleven menos de tres años valorando y pagando contribuciones de propiedad mueble sobre sus inventarios, “la imposición contributiva sobre el valor promedio anual se fijará a base de la valoración de inventario reportada en su planilla de contribución sobre la propiedad radicada para los años contributivos 2022, 2023 y 2024, y de la tasa contributiva vigente para el año fiscal 2025-2026”.

La legislación es parte de la política pública de la gobernadora y atiende un reclamo que recurrentemente los comerciantes han traído a la mesa, como mecanismo para, según este sector, ampliar el almacenaje de artículos de primera necesidad en el país.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, coincide con esa visión.

“La suspensión (...) establece las bases para que los comercios tengan mayor disponibilidad de productos, lo que, a su vez, podría reducir el precio de los artículos en las góndolas para el beneficio del consumidor”, dijo el líder cameral, en expresiones escritas, tras la aprobación senatorial.

Durante la discusión legislativa, sin embargo, el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua, alertó que no hay garantías de que la congelación se traduzca en ahorros a los consumidores, ni en un alza en el almacenaje de artículos.

Pese a que el proyecto implica que los municipios dejarían de recibir dinero por concepto del pago del impuesto –que asciende a un promedio de $300 millones al año–, la Federación de Alcaldes, organismo que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista, lo avaló.

El informe preparado por la Comisión de Innovación, Reformas y Nombramientos del Senado asegura que la congelación no merma “drásticamente” los fondos de los gobiernos locales, ya que la propuesta “provee un balance adecuado entre aliviar la carga tributaria sobre los inventarios y proteger los ingresos municipales durante el proceso de transición”.

De acuerdo con el informe, el efecto neto sobre los municipios sería manejable. Se menciona que la merma anual, con excepción del primer año, podría oscilar entre “$0.4 millones y $1.4 millones a nivel agregado”. “Estos impactos modestos pueden ser absorbidos con medidas administrativas y complementados con fondos estatales ya identificados”, lee el documento.

La Asociación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos municipales del PPD– reconoció, por su parte, la buena intención del proyecto como mecanismo para incentivar la acumulación de inventario sin penalidades fiscales, pero expresó reservas ante la falta de evidencia que demuestre que su implantación aumentará la disponibilidad de mercancía o reducirá los costos de productos.

Como parte de atender el asunto a largo plazo, el CRIM deberá someter, antes del 31 de mayo de 2028, una propuesta legislativa sobre el tema. Posterior a esta fecha, de no aprobarse legislación al respecto, “se dejará sin efecto esta medida transitoria”.

Posterior al 31 de mayo de 2028, si no se aprueba legislación al respecto, se deja sin efecto esta medida transitoria. En tal caso, el pago de la contribución mueble se lleva a cabo al momento de las ventas utilizando el impuesto contributivo vigente a 2024-2025.

El PC 420 dispone igualmente que, de la iniciativa resultar en una disminución de los ingresos de algunos municipios, la Asamblea Legislativa procurará los fondos necesarios para cubrir dichos déficits.

Al ser aprobado con enmiendas, el proyecto regresa a la Cámara para su posible concurrencia, tras lo cual pasaría a la firma de la gobernadora.

El tema del impuesto al inventario ha estado en el radar de las organizaciones empresariales desde la pasada campaña electoral.

Ramón Barquín III, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD) reiteró la petición de que se elimine la totalidad del impuesto al inventario lo que, entiende, aumentaría la capacidad productiva del sector privado.

“Esta eliminación no puede darse a espaldas del sector productivo, que ya carga con el peso de múltiples impuestos y arbitrios junto a la clase media. Mientras se concreta esa meta, acogemos cualquier alivio disponible, por limitado que sea, como un paso en la dirección correcta. No obstante, insistimos en que este asunto debe atenderse como parte de una reforma contributiva integral, que fomente la producción, formalice la economía informal y distribuya de manera justa la carga impositiva en nuestra jurisdicción”, dijo Barquín III en declaraciones escritas.

En tanto, la Asociación de Comercio al Detal (Acdet) envió una misiva al presidente cameral, Carlos Méndez Núñez reiterando su “preocupación” de que solo se congele el impuesto al inventario en sus niveles actuales.

“Sin embargo, según nuestro análisis preliminar, la enmienda incorporada por el Senado no atiende la promesa de eliminar el impuesto al inventario, y de implementarse, tendría el devastador efecto de crear un nuevo impuesto, incrementando la carga impositiva que actualmente soporta el comercio y encareciendo los productos de consumo diario para todos los puertorriqueños”, reza la carta.

Acdet, que une al sector de venta al detal, restaurantes, constructores y la Asociación Hecho en Puerto Rico, expresó preocupación de que el proyecto suponga “un nuevo impuesto, sin un análisis exhaustivo”.

“Si interpretamos esta enmienda de forma correcta, la misma es peligrosa para el comercio y la ciudadanía, al constituir un nuevo impuesto y un impacto económico adicional de cientos de millones de dólares que recaerán directamente sobre el bolsillo del pueblo puertorriqueño”, afirmaron.

El proyecto, como fue aprobado en el Senado, tendría la consecuencia de aumentar los costos, según estas organizaciones.

“Al aplicarse al momento de la venta, la carga de casi un 10%, según lo establecido en la enmienda, aumentaría el precio de todos los artículos vendidos en esa misma proporción, empobreciendo aún más a los puertorriqueños. Reafirmamos nuestra convicción de que la eliminación del impuesto al inventario debe abordarse de manera integral y responsable, buscando alternativas que no generen nuevas cargas al comercio ni a los consumidores, que no impacte las finanzas municipales y esté en consonancia con el compromiso programático de este gobierno y su política pública de no imponer más impuestos”, dice la carta al presidente de la Cámara, cuerpo que ahora atenderá la medida.