El establecimiento de códigos de orden público regionales fue una de las alternativas que se discutió este miércoles durante una vista pública senatorial para evaluar la efectividad e implantación del conjunto de reglas o normativas que los gobiernos municipales adoptan para regular la convivencia ciudadana.

“Todo lo que está pasando en Puerto Rico, los asesinatos que han ocurrido en estos días, han sido en espacios públicos, así que hay que mirar todo esto del Código (de Orden Público) y ver si es que hay que reforzarlo. Esa es la intención, hacer recomendaciones específicas”, indicó el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, José A. “Josian” Santiago.

Aunque la alternativa de establecer códigos regionales podría ser “complicada”, para el también exalcalde de Comerío existen “muchas más coincidencias” entre los primeros ejecutivos municipales. Entre las cosas que los separan, están, por ejemplo, los horarios permitidos para la venta de bebidas alcohólicas y asuntos particulares, como el abandono de caballos.

En la vista, el alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos, cuestionó las disposiciones incluidas en el Artículo 3.040 del Código Municipal de Puerto Rico que, a su juicio, imponen unas cargas adicionales que hacen “inoperantes” los códigos de orden público al complicar la elaboración, adopción e implantación del conjunto de reglas.

“La meta no debe ser tener un Código de Orden Público solo por tenerlo. La aspiración debe ser que sea un código eficiente y ejecutable y que aporte a la seguridad y convivencia”, dijo Alverio Ramos.

Propuso la eliminación de los requisitos que se les exigen a los ayuntamientos para la adopción de un Código de Orden Público, como el desarrollo de campañas de educación, la coordinación de charlas y adiestramientos con la Policía Municipal, la delimitación del área territorial a impactar y la realización de consultas o vistas públicas para garantizar la participación ciudadana.

Por tales exigencias, dijo, derogó el Código de su municipio y, en su lugar, aprobó 16 ordenanzas que regulan temas como el voceteo, los horarios de operación de los comercios, actividades en lugares públicos, estacionamientos y la venta de bebidas alcohólicas.

“San Lorenzo y todos los municipios pequeños ahora somos homogéneos. No tenemos esta necesidad de estar rotulando aquí sí, y aquí no, porque el problema que tiene San Lorenzo es en toda la jurisdicción. No tengo esas diferencias entre las comunidades”, expresó el alcalde.

En Cabo Rojo, sin embargo, la situación no es tan sencilla, dijo el teniente Ángel Méndez, comisionado de la Policía Municipal. La administración mantiene vigente –desde 2002– un Código para el poblado de Boquerón. El resto del territorio se rige a través de la Ordenanza 43, que permite la venta de bebidas alcohólicas, los viernes y sábados, hasta las 2:00 a.m., directriz que les aplica también a las gasolineras.

“El poblado, hoy día, da gusto visitarlo”, afirmó Mendez, quien reconoció que la administración evalúa la posibilidad de ampliar el Código de Orden Público y atemperarlo a las nuevas necesidades que enfrentan las comunidades.

El Municipio de Loíza, en tanto, está en la etapa final para la implementación de un Código de Orden Público, dijo Luis Jiménez, en representación de la alcaldesa Julia Nazario. “Todas las ordenanzas pertinentes ya han sido incorporadas y solo resta completar el trámite para presentarlo ante la Legislatura Municipal”, explicó.

Jiménez fue uno de los recomendó la alternativa de uniformar los códigos a nivel regional. Al presente, dijo, el horario de cierre de los comercios en Loíza es a las 11:00 p.m., de lunes a jueves, y de viernes a domingo, a las 2:00 a.m. “Sabemos que cada municipio tiene la facultad de establecer sus propios horarios de cierre, pero, cuando esto se hace sin coordinación entre pueblo vecinos, crea un efecto en cadena”, expuso.

Recientemente, el Municipio de Carolina limitó el horario para la venta de alcohol en la zona turística de Isla Verde, ante un alza en el número de incidentes violentos como resultado del traslado de personas desde San Juan, tras entrar en efecto la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas a altas horas en la capital.

Asimismo, Jiménez recomendó claridad legal para que la Policía pueda imponer multas bajo los códigos municipales, fortaleciendo la capacidad de ejecución; la asignación de fondos estatales y federales, incluyendo un fondo interagencial para equipos, patrullaje y campañas educativas; y el establecimiento de métricas de evaluación periódicas que permitan medir el impacto en seguridad, economía y turismo.

Santiago anticipó que citarán al superintendente de la Policía, Joseph González, para auscultar otros temas que inciden indirectamente en la aplicación de los códigos municipales, como el número de efectivos estatales asignados a ofrecer escoltas a funcionarios públicos.

“Me parece que ha aumentado considerablemente el número de efectivos de la Policía destacados en funciones de escoltas. ¿Hasta dónde eso merma, entonces, la capacidad de la Policía para tener más efectivos en la calle?”, señaló Santiago.

Otro asunto a evaluar es si existe la posibilidad de subvencionar –a través de la asignación de fondos estatales– parte de la operación de los códigos. En sus inicios y como medida para promover que más municipios dieran un paso al frente, los alcaldes recibían unos fondos que les permitían, por ejemplo, ofrecer talleres y adquirir sistemas de vigilancia.

“Yo creo que es beneficioso que discutamos esto y que vayamos con propuestas concretas al pleno del Senado. Pero, además, hay que darle una mirada a otros asuntos que inciden en la seguridad”, enfatizó el legislador.