

27 de febrero de 2026 - 4:27 PM

Actualizado el 27 de febrero de 2026 - 4:49 PM


El proyecto de administración para legalizar las casetas en el litoral de la Resera Natural La Parguera, en Lajas, quedó oficialmente colgado este viernes, luego que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, concluyera que, tal cual redactado, “no satisface los requisitos mínimos de rigor jurídico, técnico y administrativo” para la “gestión responsable” de los bienes de dominio público.
Según el informe negativo del Proyecto de la Cámara (PC) 269 suscrito por Rivera Schatz –también presidente de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos–, el mecanismo propuesto por la medida de la gobernadora Jenniffer González crearía “un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la isla”.
El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de La Fortaleza.
El PC 269 había sido aprobado en la Cámara de Representantes, con 36 votos a favor y 15 en contra, el pasado 23 de junio y enviado, un día después, a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado.
El 12 de enero, Rivera Schatz ya había emitido un primer informe negativo de la medida de administración ante la consideración del Senado, con el número 272 en ese cuerpo. Ahora, el líder senatorial usó el mismo texto para colgar el PC 269.
González presentó su proyecto a solo tres semanas de haberse instalado en La Fortaleza y en medio de una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra sus suegros por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades en La Parguera.
Entre otros múltiples señalamientos, el Senado rechazó el mecanismo de legalización propuesto, ya que “descansa fundamentalmente en certificaciones que serán sometidas por los propios ocupantes de las estructuras, mediante ingenieros o agrimensores contratados por estos, para definir la huella que luego serviría de base para la concesión”.
Recordó que, en la discusión pública, se levantaron preocupaciones por el “conflicto de intereses” de dicho mecanismo. Planteó, además, que el DRNA reconoció que “carece actualmente de los recursos humanos, tecnológicos y fiscales necesarios para fiscalizar de forma efectiva las aproximadamente 147 estructuras existentes en La Parguera”.
Ayer, jueves, la gobernadora recibió otro informe negativo de la Comisión de Transportación y Obras Públicas del Senado sobre su proyecto que legalizaba el tránsito de vehículos todoterreno en ciertas vías. Una versión igual sigue ante la consideración de la Cámara, pero el presidente de la Comisión de Transportación de ese cuerpo, José “Cheíto” Hernández, le aconsejó a González que retire la propuesta.
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