A menos de 24 horas de su cita ante el Senado, el nominado a la jefatura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt, no contaba ayer, miércoles, con los votos necesarios para ser confirmado, confirmó El Nuevo Día.

Figueroa Betancourt carecía del favor de, al menos, 16 de los 19 miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara alta, tras surgir información que apunta a que, supuestamente, promovía la presentación de demandas frívolas por presuntas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés).

“Tiene que convencer mañana (hoy, jueves) a bastantes senadores”, dijo una fuente a El Nuevo Día.

La vista pública para considerar el nombramiento está convocada para la 1:30 p.m., en el salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

El lunes, en entrevista con este medio, Figueroa Betancourt rechazó los señalamientos en su contra, y argumentó que su activismo realizado, por las pasadas tres décadas, ha sido en favor de la población con diversidad funcional.

Reconoció, sin embargo, que ha acudido a los tribunales para reclamar que entidades públicas y privadas cumplan con la ley ADA. No especificó el número exacto de pleitos de este tipo que ha presentado, aunque negó que alcancen los tres dígitos, como han alegado algunos grupos, y que haya habido un beneficio económico para él.

Entre el sector comercial, también existe preocupación sobre el rol que Figueroa Betancourt pueda desempeñar desde la DPI por su cercanía con el licenciado José Carlos Vélez Colón, quien también ha sido cuestionado por supuestamente promover pleitos de ley ADA, sobre todo, contra pequeñas empresas.

Abordado al respecto la semana pasada, Vélez Colón sostuvo que “no son demandas frívolas”, aunque “pueden ser demandas que, para algunos sectores, sean inconvenientes”.

También la semana pasada, la gobernadora Jenniffer González descartó retirar la designación, e indicó que, tras los señalamientos, habló con Figueroa Betancourt, quien negó “cualquier tipo de acusación”.

Por otro lado, Vélez Colón cursó una comunicación a la Junta de Directores del Centro Unido de Detallistas (CUD), uno de los organismos que se opone a la confirmación de Figueroa Betancourt, exigiendo que muestren causa, en o antes de este jueves, a las 5:00 p.m., de por qué no debe presentar una demanda por difamación y libelo.

“Para finiquitar este asunto sin necesidad de recurrir a los tribunales, se solicita una retractación escrita de las alegaciones contenidas en su carta, específicamente de que el suscribiente, en representación del doctor David Figueroa Betancourt, haya enviado alguna comunicación solicitando dinero a un comerciante para evitar una demanda”, lee el correo electrónico, al que El Nuevo Día tuvo acceso, cursado el 23 de septiembre.

De mantener las alegaciones, agregó, les pidió que presenten copia de una carta donde haya solicitado dinero para no demandar, un cheque cancelado evidenciando tales pagos y una declaración jurada de un comerciante que haya pagado.

“De no recibir la retractación solicitada o la evidencia documental dentro del término establecido, procederé, en mi capacidad personal, con la radicación de la acción legal correspondiente contra el Centro Unido de Detallistas y cada uno de los directores arriba nombrados, en su capacidad personal y corporativa”, dispone la comunicación.

El CUD alegó, en una carta al Senado, que Figueroa Betancourt ha estado involucrado en actos que, a su juicio, “laceran las normas morales y éticas que deben distinguir a un profesional”, e hizo referencia a un alegado “acuerdo de beneficio mutuo” entre el nominado y Vélez Colón.

En tanto, Vélez Colón también refirió al Senado una ponencia en la que hace un resumen sobre el Título III de la ley ADA, que prohíbe la discriminación basada en discapacidades por parte de “entidades privadas” que operen “edificios públicos”. Los negocios regidos por el Título III incluyen bancos, restaurantes, supermercados y hoteles, entre otros.

En el mismo documento, establece que no está “ni a favor ni en contra” de la confirmación de Figueroa Betancourt, aunque dijo que, de ser confirmado, la población “gana un defensor que entiende visceralmente la discriminación diaria que enfrentan las personas con discapacidades”.

“El doctor Figueroa será valioso donde quiera que esté, sea como defensor promoviendo cambio sistémico o como ciudadano privado continuando su lucha en las calles, organizaciones y sí, en los tribunales”, expuso en la ponencia, de 29 páginas.

De otra parte, la trabajadora social y portavoz del Comité Amigos y Familiares del Confinado, Milagros Rivera Watterson, compartió con El Nuevo Día una carta que cursó a la Asamblea Legislativa en la que apoyó la confirmación de Figueroa Betancourt, al sostener que cuenta con la capacidad para cumplir con las funciones.

“Recomiendo al doctor Figueroa para que sea confirmado en el puesto señalado por reconocer que tiene los conocimientos, sentido de personalidad, conducta ética, y liderazgo para desempeñar a cabalidad y con éxito el puesto de procurador de Personas con Impedimento”, expresó.

Dijo que conoce a Figueroa Betancourt “hace varias décadas”, cuando fue su supervisora en la Universidad Central de Bayamón mientras se desempeñaba como especialista en currículo y el nominado trabajaba como profesor de trabajo social en un programa federal de Título V. “Su condición como persona con impedimentos no le restó a su ejecución”, expuso.