El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó este lunes que no favorece trasladar las funciones del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y planteó como alternativa poner en manos de una junta adjudicativa la evaluación y concesión de todos los contratos ante la consideración de esa entidad.

Al mismo tiempo, el cuerpo legislativo dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 95 -radicada este mismo lunes y atendida por descargue- para que el Departamento de Hacienda cree una clasificación en la que se recoja exclusivamente los gastos incurridos por las agencias gubernamentales en contratos de tecnología y comunicaciones, y así evitar que “queden subsumidos dentro de otras asignaciones”.

“No creo en sacar de PRITS los contratos del Departamento de Educación, que son los más grandes, o de los más grandes. Tampoco creo en la consolidación de PRITS con OGP. Eso no está en el programa de gobierno del PNP”, afirmó Rivera Schatz durante la sesión legislativa.

PRITS ha estado en el ojo público ante las denuncias sobre supuestas presiones o intervenciones indebidas ocurridas alegadamente en el contexto del proceso de confirmación de los nominados a la jefatura para que favorecieran ciertos contratos. Los tres designados por la gobernadora Jenniffer González para dirigir la agencia han sido retirados sin consideración legislativa.

“Todo esto que ha ocurrido debe movernos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿resulta saludable, irrespectivamente quién sea la persona que se designe para PRITS, que un solo ser humano, uno, decida cómo se reparten casi $1,000 millones de contratos? A mí, no me parece saludable”, indicó el líder senatorial.

Colocar la decisión en un cuerpo adjudicativo, por otra parte, evitaría las insinuaciones y le otorgaría al proceso evaluativo transparencia, argumentó. “Que no sean necesariamente empleados sujetos a presiones de un patrono. Que tengan autonomía y criterio propio. Que sean personas nombradas por la gobernadora y confirmadas por la Legislatura... y que nadie los pueda amenazar con botarlos”, subrayó el líder del Senado.

Al plantear el escenario, Rivera Schatz aseguró que lo hacía para proteger a la mandataria y su gobierno. Sostuvo que colocar a PRITS bajo la OGP permitiría insinuaciones de la oposición sobre la concesión de contratos que, aunque “no tienen la autoridad moral”, les “gusta insinuar”.

Las expresiones del presidente senatorial surgieron durante el debate de las resoluciones del Senado 306 y 307, presentadas por las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), respectivamente, para investigar las supuestas presiones o intervenciones indebidas en PRITS.

Al asumir el turno de debate, como había hecho más temprano en el día, Rivera Schatz planteó que no sería correcto que el Senado atienda unos señalamientos ocurridos en el contexto del proceso de confirmación de los nominados, y sostuvo que lo ideal es esperar a que las autoridades federales culminen la investigación que, dijo, ha trascendido que realizan sobre el asunto.

El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, lamentó el proceder de la mayoría parlamentaria y afirmó que la resolución presentada no era “politiquera”. “Nos preocupa la crisis de PRITS, nos preocupa quién está manejando esos fondos y lo que está alegando la gobernadora en contra del Senado”, expuso.

La primera ejecutiva alegó que retiró el nombramiento de Martín Jiménez Morales, el tercer nominado a PRITS este cuatrienio, porque el presidente del Senado le había expresado que tenía reservas, señalamiento que fue rechazado de nuevo por Rivera Schatz.

La RCS 95, en tanto, va dirigida a que Hacienda enmiende el Reglamento 49 de 2012, conocido como “Disposiciones sobre Asignaciones y Fondos Públicos”, y genere una herramienta que permita evaluar con más efectividad la asignación y manejo del dinero destinado a tecnología y comunicaciones.

Según la legislación, radicada por la delegación del PIP, el gobierno invierte anualmente más de $2,000 millones, entre fondos locales y federales, en los renglones de tecnología y las comunicaciones. Toda vez que no existe una categoría separada para identificar esa partida, el gasto puede quedar subsumido bajo servicios profesionales, compra de equipo u otros gastos, lee la medida.

“La falta de precisión en cuanto al uso del dinero público destinado a tecnología y comunicaciones puede resultar en un menoscabo de las facultades asignadas a PRITS sobre en quién recae la responsabilidad de evaluar, comentar y supervisar la otorgación y ejecución de todo contrato gubernamental vinculado a esos servicios”, recoge la exposición de motivos.

La resolución, que pasa ahora a la Cámara de Representantes, fue aprobada de manera unánime, con 27 votos.