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La ordenanza extiende los postulados de la Ley 66 y va tomada de la mano de la recién creada reforma laboral. (Archivo)

Al amparo de la crisis fiscal, el gobernador Ricardo Rosselló dio paso a la Ley 3, un estatuto que recoge la mayoría del contenido de la Ley 66, creada bajo la pasada administración, pero que tiene el efecto de congelar los convenios colectivos de empleados públicos hasta el 2021 y establecer dos fondos para lidiar con las deficiencias económicas del Estado.

La ley extiende los postulados de la Ley 66 y va tomada de la mano de la recién creada reforma laboral y de la medida, que aún trabaja la Legislatura, para establecer el concepto del empleador único. Entendidos en el tema entrevistados por este diario opinaron que la nueva ley podría agravar aún más la “difícil” situación de los empleados públicos, en especial, de aquellos que no tienen buenas condiciones laborales en el gobierno.

La Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, ideada por el exgobernador Alejandro García Padilla en el 2014, vencía este año e imponía un recorte en gastos a todo el gobierno, lo que impedía honrar las cláusulas económicas de los convenios pero dejaba la puerta abierta para los diálogos entre las partes conducentes a mantener aspectos económicos de los convenios, si se lograban economías en las agencias.

La Ley 3 fue firmada por Rosselló el pasado 23 de enero y prácticamente pasó desapercibida ante la discusión de la Ley de Reforma Laboral. En ese momento, solo trascendió que el estatuto, denominado “Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, faculta al gobernador para remover a los miembros de las juntas directivas de las corporaciones públicas para colocar en ellas personas afines a su política pública. También se anunció que la ley extiende a diez años el arbitrio de 4% sobre las corporaciones foráneas.

Pero el nuevo estatuto, con vigencia hasta el 1 de julio de 2021 -o el 1 de julio de cualquier año fiscal dependiendo de la salud fiscal- hace mucho más. Deja a un lado los convenios colectivos, crea un fondo -producto del ahorro en las agencias y las corporaciones- para “atender la crisis fiscal del Fondo General”. De acuerdo con las proyecciones de efectivo del erario, el gobierno tendrá un déficit de $2,295 millones a partir del 1 de mayo.

La ley también establece otro fondo, a nutrirse de los ahorros en la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles y la Corporación para el Fondo del Seguro de Estado, que será destinado para servicios y terapias a estudiantes de Educación Especial.

Ley “necesaria”

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, defendió el estatuto ante la crisis fiscal del gobierno, cuyo déficit al cierre del año fiscal podría alcanzar los $7,000 millones.

“Es una ley necesaria que incluso ha sido reconocida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la hora de darle un alivio a Puerto Rico con la extensión del plan fiscal y la paralización delitigios de acreedores”, dijo.

La JSF concedió hasta el 28 de febrero para entregar un plan fiscal y extendió la moratoria contra demandas hasta el 1 de mayo de este año.

La Ley 3 adelanta que la reforma contributiva y la energética, que aún no han sido presentadas por la administración Rosselló, complementarán el estatuto. En esa misma línea, acoge como necesaria la extensión de la Ley 154 por entender “que este arbitrio ha demostrado funcionar”. Anualmente, esta ley representa 20% ($1,850 millones) de los recaudos al Fondo General.

Pero el representante popular Manuel Natal, quien se opuso a la ley cuando bajó al pleno de la Cámara, dijo  que hay un “peligro”. “No ha habido una expresión del Congreso avalando o impidiendo la Ley 154. Eso es lo peligroso de este ingreso. En cualquier momento puede venir Rentas Internas y decir que no va a permitir esto como un deducible en la planilla federal de las empresas foráneas”, advirtió el representante, quien aún así, está a favor de la extensión de la Ley 154 y no la Ley 3 por lo que incluye.

Mientras que el exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado, dijo que no ve “muy claro” en la Ley 3 “las medidas que se toman para asegurarnos que los servicios esenciales se van a brindar. La ley dice que sí, pero no surge de la ley qué es lo que se va hacer. Es posible que estén pensando que la combinación de otras medidas puedan provocar eso”.

“Le hace la vida más difícil al empleado público. Es así porque estamos hablando de medidas de austeridad bien serias y bien tajantes. Claro, no le quita vacaciones, pero crea una situación difícil”, sostuvo no sin antes recalcar que la Ley 3 no atienda los salarios excesivos de los jefes de agencia. “Eso hay que atenderlo. Siempre se proyecta que las medidas son para unos y para otros no”, dijo.

Así las cosas, el estatuto busca establecer “responsabilidad fiscal”. Por ello, comienza con dejar claro que “no se concederán aumentos en beneficios económicos ni compensación monetaria extraordinaria a los empleados de la rama ejecutiva”.

“Esta ley no permite la negociación alterna. En ese sentido es una preocupación para todos los sindicatos por que hubo un proceso donde todos los sindicatos aportamos más de $1,000 millones. Ahora está la ley, la de reforma laboral, el empleador único... todas nos van a afectar. Esta Ley 3 acabaría con los trabajadores en Puerto Rico”, dijo Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que cobija a más de 20 sindicatos en Puerto Rico del sector público y privado.

La Ley 3 también establece que las licencias con sueldo estarán disponibles, pero obligan al empleado a quedarse en el empleo por el doble del tiempo tomado en licencia. “Eso no estaba en la Ley 66. Da la impresión de que los acuerdos logrados se revierten. La Ley 45 (de sindicación de empleados públicos) en la práctica la elimina. El efecto va a ser empobrecerel País y provocar la emigración masiva y posiblemente despidos injustificados”, dijo Irene Maymí.

Rosario Cortés aseguró que la Ley 3 permite la negociación con los sindicatos siempre y cuando “lo que ellos estén pidiendo logre reducciones en el gobierno”.

Igualmente, la Ley 3 establece que los convenios colectivos expirados a la fecha de la aprobación de la ley o que expiren mientras esté vigente, serán extendidos, pero no así sus respectivas cláusulas económicas.

Grichelle Toledo, secretaria general interina de la Asociación de Maestros- Local Sindical, dijo que la nueva ley les impacta de manera directa y adversa. Explicó que este año se disponían a negociar con el gobierno cláusulas económicas tras ser certificados el año pasado como representante exclusivo de los maestros, quienes no reciben aumentos de salarios hace más de ocho años. “Ahora, vamos a concentrarnos en darle seguimiento a las cláusulas no económicas que nos quedan (por negociar)”, sostuvo con resignación.

“Ahora mismo la situación económica de la mayoría de los maestros es una difícil. Los maestros empiezan en un salario básico de $1,250 (mensuales) y no cualifican para ninguna ayuda gubernamental”, dijo Toledo.

Confrontado con el argumento de los líderes sindicales de que este estatuto empobrecerá al servidor público, Rosario Cortés, abundó en la realidad de la crisis fiscal. “Todo el mundo sabe que el gobierno de Puerto Rico no tiene dinero, que tiene una crisis fiscal, que hemos estado amenazados -por mucho tiempo- con un cierre. No tenemos los recursos para darle los aumentos a los empleados públicos. Lo que sí tenemos es la responsabilidad de hacer los ajustes que sean necesarios a nivel fiscal para retener los empleos a esos empleados públicos”, sostuvo.

El transporte escolar es atendido en la ley -al igual que en la Ley 66- reconociendo que, por años, ha sido un dolor de cabeza para el Departamento de Educación. Autoriza a la secretaria de Educación, a tomar “medidas y estrategias alternas, incluyendo la subcontratación y cancelación de contratos, para maximizar la efectividad y costo eficiencia en el transporte escolar”.

La Ley 3 también establece que el gobernador podrá remover a cualquier miembro de una junta de directores de una “corporación pública, agencia, dependencia o instrumentalidad pública o de cualquier entidad que reciba subsidios del gobierno”.

“Eso me parece que sería nuevo en Puerto Rico. Si estamos hablando de juntas del gobierno, es otra cosa. Me parece que eso es sumamente peligroso si es toda organización sin fines de lucro de la sociedad civil la que va a estar afectada”, afirmó Delgado.

Además, congela el presupuesto al vigente durante este año fiscal que la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibe del Fondo General, el de la Rama Judicial y la Legislatura. También le aplica a agencias adscritas a la Legislatura, como la Oficina del Contralor.

“Por lo menos eso da un año de respiro para nosotros continuar buscando las opciones que tenemos que hacer de recorte adicional, porque nosotros tampoco frente a la situación del pueblo, no nos podemos quedar eternamente con esa congelación”, dijo la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes.

La medida además incluye todas las órdenes ejecutivas de Rosselló que buscan austeridad en el gobierno, así como reducción de gastos fueron incluidas en la Ley 3. “Las hicimos ley para que no pase lo que siempre pasaba que el gobernador (de turno) las hacía y después nunca se cumplía”, aseveró Rosario Cortés.

Delgado opinó que el gobierno reduciría más gastos si en vez de traer gente de afuera a los puestos de confianza, ubicaba ahí personal de carrera de las mismas agencias.


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