Al amparo de la crisis fiscal, el gobernador Ricardo Rosselló dio paso a la Ley 3, un estatuto que recoge la mayoría del contenido de la Ley 66, creada bajo la pasada administración, pero que tiene el efecto de congelar los convenios colectivos de empleados públicos hasta el 2021 y establecer dos fondos para lidiar con las deficiencias económicas del Estado.