Una jueza federal prohibió el miércoles de forma definitiva que la Administración del presidente Donald Trump aplicara la mayor parte de su primera orden ejecutiva sobre las elecciones, parte de la cual pretendía exigir a los ciudadanos que presentaran pruebas documentales de su ciudadanía al inscribirse en el censo electoral.

La sentencia dictada por la jueza Denise Casper, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, convierte de hecho en una prohibición permanente la medida cautelar que dictó hace un año, con la que bloqueó temporalmente muchas de las iniciativas de Trump para reformar el sistema electoral.

Casper rechazó el argumento del Gobierno de que la demanda presentada por los fiscales generales estatales demócratas para bloquear los cambios fuera prematura, ya que las normas aún no se habían aplicado. Por el contrario, coincidió en que la Constitución de Estados Unidos otorga a los estados y al Congreso la competencia para regular las elecciones, y que los requisitos de Trump violaban la separación de poderes.

“La Constitución no otorga al presidente ninguna competencia específica en materia electoral”, escribió.

Entre otros cambios propuestos, el decreto de Trump habría obligado a los ciudadanos a presentar pruebas documentales de su ciudadanía al inscribirse en el censo electoral, habría impedido el recuento de los votos por correo que llegaran después del día de las elecciones, aunque tuvieran matasellos de esa fecha, y habría sancionado a los estados que no cumplieran con estas medidas reteniendo determinados fondos federales.

Se trata de la última de una serie de sentencias contra el decreto ejecutivo sobre elecciones que Trump firmó apenas unos meses después de asumir su segundo mandato. Desde entonces, ha firmado otro decreto ejecutivo sobre elecciones, con el objetivo de crear un censo electoral nacional y limitar el voto por correo. Esa directiva también es objeto de múltiples recursos judiciales.

El otoño pasado, un juez federal de Washington, D. C., que supervisaba un recurso independiente contra la primera orden ejecutiva electoral presentado por grupos defensores de los derechos civiles y afines al Partido Demócrata, impidió que el Gobierno tomara medidas para incluir el requisito de acreditar la ciudadanía en el formulario federal de inscripción en el censo electoral. Posteriormente, ese mismo juez prohibió al secretario de Defensa exigir una prueba documental de ciudadanía cuando el personal militar se inscriba para votar o solicite papeletas electorales.

En lo que parece un reconocimiento de la dificultad de aplicar el requisito de la “prueba de ciudadanía” mediante un decreto presidencial, Trump está impulsando una ley en el Congreso, controlado por los republicanos, para establecer dicho requisito. La Ley SAVE America ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero se ha estancado en el Senado, lo que ha llevado a Trump a abogar por la eliminación del filibusterismo que está bloqueando la ley.