La Fiscalía federal y el Municipio de Ponce llegaron a un acuerdo para evitar cargos relacionados a condiciones de riesgo para la tortuga carey en el área de La Guancha.

El acuerdo fue firmado el 17 de junio por la alcaldesa de Ponce Marlese Sifre, la abogada Natalia Cervoni, el fiscal federal Timothy Henwood, director de la División Criminal en Puerto Rico, y por su homólogo de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública, Seth Erbe.

Según el texto del acuerdo, para el 5 de octubre de 2023 funcionarios de Ponce fueron notificados que la iluminación en el área de La Guancha “no cumplía con las regulaciones relacionadas con la vida silvestre, incluyendo las tortugas carey”, una especie protegida por ley federal.

El 11 octubre de 2023, el entonces alcalde de Ponce, Luis Irzarry Pabón, circuló un comunicado de prensa anunciando una iniciativa para sustituir el alumbrado de La Guancha, incluyendo el reemplazo de bombillas blancas por unidades LED (Light Emitting Diode) que son imperceptibles a los ojos de las tortugas.

No obstante, el documento federal expuso que “desde al menos el 1 de agosto de 2023 hasta el 24 de octubre de 2024, el Municipio de Ponce no tomó las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables relacionadas con la iluminación en La Guancha, que pudieran causar la captura y muerte de tortugas carey”.

Señala que, en particular, el Municipio de Ponce colocó dos torres móviles de iluminación en el estacionamiento de La Guancha, al lado de la playa, con “bombillas grandes que no son seguras para las tortugas, violando las regulaciones aplicables”.

La Fiscalía federal resaltó que en el periodo de tiempo mencionado, en La Guancha, “aproximadamente 151 tortugas carey” fueron afectadas - según define la ley federal - a causa “del Municipio de Ponce, como resultado de la iluminación instalada y utilizada por funcionarios, empleados y representantes de Ponce”.

El documento incluyó al menos siete fechas en las que, según la Fiscalía federal, hubo tortugas que resultaron afectadas, sin precisar si fallecieron, si resultaron lesionadas o qué otro daño pudieron haber sufrido.

“Ponce admite, acepta y reconoce que, según la ley federal de los Estados Unidos, es responsable de los actos de sus funcionarios, empleados y agentes que dan lugar a la actividad descrita”, indicó el ayuntamiento el acuerdo federal.

La Fiscalía federal aceptó “aplazar el procesamiento del delito de conformidad con los términos y condiciones”.

El acuerdo entró en efecto el 17 de junio y tiene una duración de tres años. El municipio estará sujeto a monitoreo e inspecciones por un año adicional.

El documento sostuvo, además, que como parte de las condiciones, el Municipio de Ponce tiene que tomar medidas, incluyendo el reemplazo de iluminación peligrosa, construir y renovar barreras, instalar letreros, alertar a comerciantes locales, reubicar comerciantes lejos de la orilla y plantar arbustos.

Los informes de las inspecciones serán entregados en los primeros 15 días de los meses de enero, abril, julio y octubre.

Tras ser alertado de la investigación, “(El Municipio de) Ponce cooperó oportunamente”, incluyendo “la entrega de actualizaciones periódicas sobre las medidas correctivas tomadas, reunirse con (funcionarios de) Estados Unidos y participar en una visita voluntaria al lugar con un fiscal y un agente”.

“Ponce se ha comprometido a establecer y mantener medidas de cumplimiento y controles internos”, agregó. “Este acuerdo puede garantizar que La Guancha sea un lugar seguro para las especies en peligro de extinción, al tiempo que preserva la capacidad de Estados Unidos para procesar en caso de que se produzcan incumplimientos graves”.