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Los cerca de 80 créditos contributivos disponibles en Puerto Rico permiten a las empresas elegibles pagar menos contribuciones por sus ingresos como parte de las iniciativas gubernamentales para favorecer ciertos sectores económicos. (Fotomontaje/ENDI)

EN PUERTO RICO existen decenas de leyes y reglamentos que otorgan beneficios que pueden suponer para algunos empresarios y corporaciones hasta un 100% de descuento de su responsabilidad tributaria.

Solo por los créditos contributivos, un tipo de beneficio que permite al contribuyente, sea una persona o una empresa, reclamar al Departamento de Hacienda descuentos en el pago de contribuciones sobre ingreso, el erario ha dejado de recibir $1,500 millones en un periodo de seis años, según datos de esa agencia.

Existen decenas de estos créditos, legislados en las últimas décadas para, en teoría, promover la actividad económica. Sin embargo, no fue hasta finales del año pasado que se completó el primer estudio sobre el impacto que tienen estos incentivos contributivos en la economía del país.

O, dicho de otra forma, el gobierno ha promovido este tipo de iniciativa, que beneficia económicamente a empresarios y corporaciones, sin saber con certeza qué ganancia, si alguna, representa para el estado y el país.

¿Quién cualifica y cómo se reclama un crédito contributivo?

Se estima que, actualmente, hay cerca de 80 tipos de incentivos contributivos disponibles para diversas actividades económicas. Sin embargo, no existen datos precisos.

Según información provista por Hacienda, en el caso de los créditos contributivos, hay 17 leyes principales a las que se pueden acoger las empresas en Puerto Rico, de acuerdo a la actividad económica a la que se dediquen.

Por ejemplo, si usted construye un proyecto que se considere como de revitalización de un centro urbano, podría ser elegible para que Hacienda le otorgue un crédito contributivo equivalente al 75% de esa inversión.

Y si ese proyecto está ubicado en las cuatro calles alrededor de la plaza del pueblo o en un centro histórico, el crédito sería  por el 100% de la inversión. Es decir, que, si usted invirtió $100,000 para construir en esta zona del casco urbano, recibirá –siempre que el municipio determine la elegibilidad del proyecto para acceder al beneficio- un crédito contributivo correspondiente a $100,000.

Ese crédito usted podrá reclamarlo llegado el momento de pagar las contribuciones sobre ingreso o venderlo a otra empresa o un particular. Este escenario sucede generalmente cuando el total de impuestos a pagar por la persona o la empresa que obtuvo el crédito originalmente no supera al del beneficio contributivo concedido por el gobierno.

La mayoría de los más de $1,500 millones otorgados en créditos contributivos entre 2008 y 2014 se concedieron para el desarrollo de los centros urbanos, según datos de Hacienda obtenidos por El Nuevo Día.

En el caso del turismo, quienes emprendan un proyecto turístico pueden recibir un crédito equivalente al 50% de la inversión elegible –aquellos gastos que se ajusten a los parámetros establecidos por ley- o el 10% del total del proyecto, lo que sea menor. Estos créditos los concede la Compañía de Turismo, con el endoso del secretario de Hacienda.

Los créditos contributivos son solo uno de varios incentivos económicos que disfruta el sector turístico en el país. Aparte de estos, también están disponibles exenciones al 100% de las patentes municipales, 90% del impuesto sobre la propiedad mueble que se utilice para esta actividad, además de un 90% de exención de contribuciones sobre ingreso, entre otros beneficios.

Según el estudio Evaluación de beneficios y costos de créditos e incentivos contributivos a empresas, coordinado por el economista Ramón Cao y realizado por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, estos beneficios para el sector del turismo no convienen al país, porque los datos disponibles demuestran que el costo que representan estos descuentos contributivos al erario es mayor que la aportación de esta industria a la economía.

Según los datos de Hacienda, al sector turístico se le otorgaron créditos contributivos por al menos $170 millones entre  2008 y 2014.

Esta fue la misma conclusión que resultó del análisis de los datos disponibles sobre la industria de la construcción. Según los datos que entregó el Departamento de Hacienda, que incluyen los créditos otorgados por construcción en centros urbanos y de proyectos de vivienda de interés social, entre 2008 y 2014, se otorgaron a este sector créditos por al menos $400 millones.

El sector de la manufactura cuenta con más de 15 leyes que le otorgan incentivos económicos de todo tipo, incluyendo beneficios contributivos, como exenciones de la patente municipal, crédito por compras de productos hechos en Puerto Rico y sobre la contribución sobre ingreso.

En este caso, sin embargo, el estudio de la Universidad de Puerto Rico, comisionado por la Cámara de Representantes, encontró que conceder estos privilegios a una parte del sector manufacturero sí conviene al país.

De acuerdo al análisis de factores como las exportaciones que reporta este sector, del empleo directo y del ingreso fiscal –es decir, de cuánto esta actividad aporta a las arcas del pueblo de Puerto Rico-, los investigadores concluyeron que otorgar estos incentivos económicos conviene al país en el caso de las farmacéuticas y otras empresas que manufacturan en el país para la exportación o para sustituir importación.

Para el resto del sector manufacturero, aquel que produce bienes que se consumen en el país y que no pueden ser importados, no convienen los beneficios tributarios, concluyó el estudio.

Los agricultores son otros de los grandes beneficiados de los tratos preferentes por parte del estado en cuanto a sus responsabilidades contributivas. Aunque ya no reciben créditos contributivos, los agricultores bonafide –aquellos que están certificados por el Departamento de Agricultura- gozan de un reembolso que otorga esa agencia por el 50% de los gastos relacionados con la actividad agrícola.

Además, cuentan con una exención del 90% de su contribución sobre ingreso, no pagan patentes municipales ni pagan el Impuesto sobre las Ventas y Uso en ninguna compra de artículos necesarios para su operación.

El estudio económico divulgado en febrero encontró que, en el caso de la agricultura, sí vale la pena la otorgación de todos estos beneficios, que, además incluyen un subsidio para completar el salario de los agricultores contratados por empresas agrícolas.

“Los incentivos vigentes cumplen adecuadamente su propósito de promover la producción y el empleo en la agricultura”, indica el documento.


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