Javier Carrasquillo reconoció, sin embargo, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puede acudir al Tribunal Federal en busca de auxilio ante la decisión del cuerpo regente del CRIM. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) determinó enviar las remesas de mayo y junio a los 78 municipios bajo los mismos parámetros que establece la Ley 29 que eximía a los municipios de su aportación al plan de salud del gobierno y al pago del retiro, esto pese a que el estatuto fue declarado nulo en días recientes por la jueza federal Laura Taylor Swain.

Si yo ajusto las remesas, la inmensa mayoría de los municipios no va a recibir ni un solo centavo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dejar a los municipios desprovistos de recursos? Aquí la prioridad ahora mismo es responder a esta emergencia. Las vidas hay que protegerlas. No puede haber otra consideración”, dijo el presidente de la junta y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo.

“Es una decisión bien difícil para nosotros. El cuadro es dramático, pero aquí la prioridad es responder a la emergencia. Aquí únicamente no se trata de números, se trata de vidas”, agregó el alcalde.

Reconoció, sin embargo, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puede acudir al Tribunal Federal en busca de auxilio ante la decisión del cuerpo regente del CRIM. “Pero la moción se aprobó y tengo que darle cumplimiento”, sostuvo Carrasqullo.

La semana pasada Taylor Swain anuló la Ley 29 de 2019, lo que implica que los ayuntamientos tendrán que volver a pagar el retiro (PayGo) y el plan de salud de sus residentes. La JSF impugnó el estatuto el año pasado y tras el fallo de Taylor Swain, el ente a cargo de las finanzas de la isla y el gobierno central tienen hasta el 6 de mayo para alcanzar un acuerdo sobre la situación fiscal de los municipios, incluyendo el CRIM.

Ya la directora de la JSF, Natalie Jaresko, envió una carta al gobierno en la que adelanta que tendrán una reunión el martes próximo para discutir este tema.

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¿Cuánto hay que devolver y de dónde saldría el dinero?

La decisión de la jueza Taylor Swain es retroactiva, lo que significa que el CRIM debe ajustar las remesas que repartió desde julio de 2019 a los municipios, que a su vez, deben hacer sus cálculos para saber cuánto deben al plan de salud del gobierno y al retiro.

Ante ese cuadro, Carrasquillo sostuvo que el cuadro fiscal de los municipios es desolador. Solo en remesas, el CRIM debe cobrar a los municipios $70 millones que ya pagó durante este año fiscal. A esta cifra se suman $80 millones que deben dar los municipios al plan de salud del gobierno, y a retiro le corresponden otros $16 millones, a raíz de lo que dejaron de pagar mientras estuvo en vigor la Ley 29 desde el año pasado hasta el presente.

La propuesta del CRIM a la JSF y al gobierno es que el gobierno se haga cargo de estos pagos con fondos que ya tiene en sus arcas y de manera paralela se trabaje en una solución definitiva para resolver la insuficiencia fiscal de los municipios, dijo Carrasquillo en entrevista con El Nuevo Día junto al director ejecutivo del CRIM, Reynaldo Paniagua.

Carrasquillo recalcó que necesitan legislación que los exima de la aportación al plan de salud del gobierno y al pago del retiro, como lo hizo la Ley 29, pero que esta vez se hallen los recursos de manera permanente.

“Gobierno no me aportes nada, quédate con lo tuyo, Pero no me obligues a pagar y yo cojo ese dinero para el Fondo de Equiparación. Yo estoy seguro que si se busca una manera de cubrir esa obligación con fondos del Estado, no hay razón alguna para que la Junta tenga que objetar”, dijo.

El Fondo de Equiparación es un pote de dinero distribuido entre los ayuntamientos que es administrado por el CRIM. Ese fondo, según el primer plan fiscal certificado, debió desaparecer para el 2024. De ese fondo, que óptimamente debe estar en $515 millones, es que se reparten las remesas.

La Ley 29 lo que hizo fue mantener vivo ese Fondo de Equiparación. Por ende, al declararse nulo el estatuto ese pote también recibe su golpe. Carrasquillo precisó que “cada vez más los municipios tienen más responsabilidades del Estado, lo que se traduce en mayores gastos”.

“Cada vez tenemos menos recursos , mayor responsabilidad. Y entonces ellos, (el Estado) piensan que mágicamente los municipios podemos generar economías y disciplina. Puede haber una excepción de algún municipio que no haga las cosas propiamente, pero no puedes generalizar”, dijo Carrasquillo, quien se mostró sorprendido de que tras el fallo de la jueza, la JSF dijera a través de un comunicado de prensa que era prematuro saberel impacto de esa decisión en los municipios.

No descartó que si no reciben un salvavidas, los alcaldes se ven obligados a despedir empleados.

El CRIM propuso a la JSF que le permita a los municipios seguir aportando al fondo mientras el gobierno central asume la responsabilidad de retiro y de la tarjeta de salud del gobierno. Para ello, propusieron que el dinero para pagar el plan de salud del gobierno y el retiro salga de cerca de $224 millones que aportan los ayuntamientos al Estado para el pago de la deuda del gobierno central.

De esa cantidad, cerca de $120 millones corresponden a este año fiscal y $104 millones a 2017, 2018 y 2019. Además, indicaron que el gobierno tiene disponible $132 millones que les redujo en transferencias a los municipios a tono con el plan fiscal. A estas cifras, se une más de $500 millones en sobrantes de fondos de Medicaid, que están en Hacienda, para cubrir el 86% del costo del plan de salud del gobierno.

Una tajada de los $2,200 millones para los municipios

Asimismo, Carrasquillo enfatizó en que es pertinente que la gobernadora Wanda Vázquez Garced destine una porción, que no precisó, de los $2,200 millones que recibió en ayuda del gobierno central para ayudar a los municipios. Paniagua recordó que en Estados Unidos esa ayuda fue directamente a las arcas de los llamados condados (counties).

“No es una aspiración, es una obligación porque los que estamos tomando estas acciones para atender esta emergencia propiamente, sin restarle mérito a lo que ha hecho el gobierno central, lo hacemos nosotros (los municipios)”, apuntó Carrasquillo.

La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, dijo, a través de un tuit, que el gobierno podría dar a los municipios “$350 millones que el plan fiscal de esta administración le quitó a los municipios. En este momento ese dinero puede ser la diferencia entre un servicio que salve vidas”. Cruz, quien forma parte de la Junta de Gobierno del CRIM, fue quien presentó la moción para que las remesas se queden inalteradas en mayo y junio pese a la nulidad de la Ley 29 y fue avalada por todos con excepción del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, que se abstuvo, contó Carrasquillo.

“El Estado ha manifestado tener interés en buscar los recursos para cubrir las obligaciones de los municipios este año”, sostuvo Carrasquillo sobre la respuesta que ha hallado hasta el momento en el gobierno central dado que el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, participó de la reunión de la Junta de Gobierno del CRIM.

La AAFAF, en un informe al Tribunal Federal sobre la situación del gobierno, informó que el Estado “respeta” la decisión de Taylor Swain, dejando entrever que no impugnará el fallo.

Carrasquillo concurrió con esa postura.

“Creo que ahora la actitud apropiada debe ser buscar una solución. No retar la determinación de la juez sino buscar una manera de conformar la necesidad que tienen los municipios a la realidad que la juez determinó que la Ley 29 no era consistente con el plan fiscal y con la ley Promesa”, dijo.

Recordó que la jueza, en su determinación, concurrió con el argumento de la JSF de que la certificación provista por el gobierno central para justificar la Ley 29 no era cónsona con el plan fiscal que cubre cinco años. Carrasquillo dijo que lo más prudente es que el gobierno identifique en su presupuesto de dónde pueden salir los recursos económicos para los municipios y así lo disponga en el plan fiscal que será revisado en mayo a raíz de los terremotos registrados en enero y, más reciente, de la pandemia del COVID-19.

Agravado el problema por merma en la Lotería

Precisamente, Carrasquillo sostuvo que el virus hará también su mella en las arcas municipales y que previamente la Lotería que aporta al Fondo de Equiparación, le había informado al CRIM que tenía una merma de $17.4 millones en los $47 millones que aportaría.

Debido a esto, se estima que el Fondo de Equiparación para este año fiscal en curso y que termina en junio pueda tener una insuficiencia de poco más de $100 millones.

No a la fusión de municipios

Dos de los municipios más afectados, si se decide en definitiva, eliminar el Fondo de Equiparación, son Comerío y Maricao.

Carrasquillo destacó que Comerío tiene un presupuesto de cerca de $8 millones, el Fondo le aporta $6.8 millones y con la anulación de la Ley 29 debe devolver cerca de $1.7 millones.

Maricao tiene un presupuesto que ronda los $5 millones, recibe del Fondo $3.8 millones y con la anulación de la Ley 29 debe devolver cerca de $3.8 millones.

Carrasquillo descartó que debido esta realidad de estos municipios y de otros sea necesario fusionar o consolidar algunas funciones administrativas. Bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, se planteó la creación de counties. Cuestionó cuánto será el ahorro administrativo cuando se tiene que dar servicios a la misma cantidad de gente.

“¿Qué te economizas, los directores? Eso representa menos del 1% del gasto total. La realidad es que eso no va a resultar. La gente piensa que cuando desaparece un municipio, desparece también la población”, sentenció el alcalde.

“La única fuente de ingresos de los municipios y del Estado son las contribuciones. ¿Es este el momento de subir contribuciones? ¿Está la gente en momentos de asumir esa responsabilidad y peor aún hay voluntad política para eso?”, cuestionó Carrasquillo.


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