Los líderes sindicales proponen que el gobierno permita a los empleados públicos invertir su dinero en la herramienta de inversión de retiro de su predilección. (GFR Media)

La Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado así como la Unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TUAMA) presentaron el viernes pasado una demanda contra el gobierno en busca de que se declare inconstitucional la Ley 106 de 2017, que crea un fideicomiso para el retiro de los empleados públicos.

“Entendemos que (esa ley) es una violación a un derecho privado”, denunció  José Ortiz Torres, presidente de la Asociación en una conferencia de prensa realizada hoy domingo junto al secretario de TUAMA, Ángel Torres Escribano.

Explicaron que con la Ley 106 se le retiene a los empleados gubernamentales 8.5% de su salario para un fondo de una cuenta individualizada que forma parte de un fideicomiso. El estatuto creó una junta que administra el dinero con la asistencia de una empresa privada Alight Solutions, ubicada en el estado de Florida.

Tanto Ortiz Torres como Torres Escribano dijeron que se trata de entes externos que administran el dinero de los empleados públicos sin darle conocimiento de qué pasa con sus aportaciones. Sobre la junta, indicaron que está compuesta por directivos de varias agencias del gobierno y los directores de la Asociación y Federación de Alcaldes. La junta es presidida por el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

Ortiz Torres afirmó que aunque la junta está constituida, no es funcional.

“Nosotros estamos desorientados. No conocemos la compañía ni quién nos representa”, afirmó Ortiz Torres.

Dijo que temen que el dinero de los funcionarios públicos se esté usando para otros menesteres que no sea su retiro.

“Desde la Ley 106 en adelante, el gobierno ha vendido la ficción de que existe un plan de retiro cuando en realidad lo que existe es la obligación al trabajador de desprenderse, como mínimo, de un 8.5% de su salario para ponerlo en un fondo que el gobierno administra a través de una compañía que el mismo Estado escoge”, dijo Ortiz Torres.

“Ya la historia demostró la incapacidad del gobierno en administrar un fondo de retiro. La exposición de motivos de la Ley 106 no vacila en detallar la incapacidad administrativa del Estado. Nadie en uso de razón puede concluir que el resultado está distinto ahora que el gobierno no aporta al retiro del trabajador”, agregó Ortiz Torres.

Torres Escribano dijo que temen que el dinero de los trabajadores se pierda.

“No tenemos nada, conocimiento de nada. De dónde está ese dinero”, afirmó.

Destacó que los trabajadores que luego de la aprobación de la Ley 106 se han retirado lo que reciben es el dinero aportado, sin ningún tipo de crecimiento por inversión.

Los líderes sindicales proponen que el gobierno permita a los empleados públicos invertir su dinero en la herramienta de inversión de retiro de su predilección.


💬Ver 0 comentarios