El exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz (derecha), enfrenta serios delitos, a juicio de abogados. (semisquare-x3)
El exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz (derecha), enfrenta serios delitos, a juicio de abogados. (Dennis M. Rivera Pichardo)

“Yo te diría que tú no quieres estar en los zapatos de esa gente”.

Esa expresión del veterano abogado Harry Anduze apunta a la seriedad de las imputaciones y de las penalidades a las que se exponen Ángel Figueroa Cruz, Isoel Sánchez Santiago y Crystal Robles Báez, arrestados por presuntamente ejecutar un fraude desde la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado.

A esa conclusión llegaron también varios abogados penalistas con los que El Nuevo Día conversó sobre el contenido del pliego acusatorio presentado anteayer por la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.

“Estos son delitos muy graves, muy serios. Son delitos de llevar a cabo funciones fraudulentas a un oficial del Estado, en este caso Puerto Rico”, comentó por su parte el experimentado abogado Ignacio Rivera.

En el pliego acusatorio que contiene 28 páginas el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputa un total de 18 delitos. Entre ellos, conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad agravado y malversación de fondos.

“Conspiración simple son cinco años (de cárcel), los demás (delitos imputados) son de 20 años y el robo de identidad agravado puede ser 40 años, las multas son de $500,000”, explicó el licenciado Anduze.

El pliego acusatorio explica el proceso que siguió la creación y contratación de la empresa Global Instant Consulting Group, presidida por Robles Báez.

El documento con la acusación señala que los tres acusados, que son afiliados al Partido Nuevo Progresista, participaron de la campaña eleccionaria de 2016 con miras a obtener trabajo o contratos gubernamentales.

“'The winner takes all', el que gana se lo lleva todo, y eso se ve en Puerto Rico continuamente. El que gana las elecciones, sean azules o coloraos, contratan a sus amigos para favorecerlos con contratos”, mencionó Rivera, como un problema recurrente en los partidos de mayoría.

El documento señala que los contactos desarrollados por Sánchez Santiago fueron esenciales para que Global obtuviera dos contratos en el Senado que sumaron $60,000.

Al mismo tiempo, el pliego revela que Sánchez Santiago y Robles Báez contaron con la presunta participación de Figueroa Cruz para que certificara como prestados los servicios que Global cobraba, aunque en realidad no había completado el trabajo o nunca se prestó el servicio detallado en la factura.

“Él era el gatekeeper, el portón por donde entraban los contratos y él era el que aprobaba los informes que esta gente preparaba. Por eso es que lo implican”, analizó Anduze. “Sin eso, no te pueden pagar, no pueden mandar a hacer el cheque”, agregó.

Asimismo, para poder justificar los trabajos que supuestamente no se completaron “empiezan (Sánchez Santiago y Robles Báez) a preparar unos informes falsos y a robarle la identidad a la gente”, mencionó Anduze sobre lo que que detalla la acusación federal.

“Este indictment (pliego acusatorio) demuestra el trabajo de análisis legal que la fiscalía ha estado haciendo en relación a lo que conlleva esta situación”, destacó el abogado de la capital.

Global obtuvo el contrato con el Senado a los 18 días de haber anotado la firma en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

El acuerdo con la Cámara alta fue firmado por el jefe de gabinete, Gabriel Hernández Rodríguez, quien por encomienda del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz endosa los contratos de ese cuerpo legislativo.

En el pliego acusatorio se identifica al jefe de personal del Senado por sus siglas G.H.R.

De nuevo, el Senado ignoró ayer la solicitud de El Nuevo Día para que le deje examinar o le provea copia de la propuesta de servicios profesionales presentada por Global. Tampoco ese cuerpo legislativo ha evidenciado las credenciales profesionales de Robles Báez que le hicieron merecedora de las funciones de asesoría legislativa.

Entre las funciones encargadas a esta excontratista estaba preparar legislación por encomienda del presidente del Senado, el análisis de proyectos, la preparación de interrogatorios para deponentes y representar a Rivera Schatz en actividades legislativas. También tenía que visitar comunidades para discutir problemas comunitarios que requirieran acción directa del Senador, incluyendo legislación o asignación de fondos.

Según ha revelado el presidente del Senado y según reflejó una investigación de este diario publicada el año pasado, las funciones de varios contratistas de la Oficina de Asuntos Gubernamentales se ajustaron a la prestación de servicios particulares luego del azote del huracán María.

“Con este contrato esta señora (Robles Báez) se convertía por contrato en una persona designada para llevar a cabo funciones públicas propias del presidente del Senado”, analizó Anduze.

De acuerdo con el senador Miguel Pereira, quien antes fue fiscal federal, para probar los delitos la fiscalía tiene que seguir la ruta del dinero.

“Lo que se requiere para probarlas (las acusaciones) es alguien que haya hecho un tracto de las transacciones que se requirieron para mover el dinero”, señaló el exfiscal.

El pliego acusatorio contiene un desglose de las facturas y el dinero cobrado por Global, así como las transferencias de fondos que se hicieron entre las cuentas de la empresa y las cuentas de Sánchez Santiago.

Delegación de funciones

La práctica de comisionar a contratistas funciones legislativas es una que ha cobrado fuerza en las últimas décadas por distintas administraciones de ambas cámaras, opinaron los exlegisladores Ángel Rosa y Víctor García San Inocencio.

“Ese tipo de contrato más que una prestación de servicios es, realmente, una paga de prebenda política”, opinó Rosa. “Es decir, esto es gente que se involucra en las campañas políticas de los líderes legislativos, que les son útiles de manera política durante el proceso eleccionario y primarista, y luego, son compensados a través de su participación en la nómina pública”, mencionó.

El exsenador popular añadió que hay activistas políticos que no les interesa obtener una compensación salarial- que suele ser menor- y buscan contratos de servicios en los cuerpos legislativos.

Se han inventado este esquema de los contratos donde multiplican las oportunidades de trabajar en múltiples oficinas, en hacer trabajo que nadie supervisa”, mencionó Rosa, quien es profesor de Ciencia Política.

Piensa que existe un “entendido” que en la Legislatura la nómina pública debe financiar las carreras políticas de los líderes legislativos.

“Así ha sido por décadas y así es ahora”, dijo Rosa.

El exsenador describió a los acusados como conocidos, colaboradores políticos y “acólitos” del presidente del Senado.

“Porque él autoriza y ordena esa contratación, esta gente llega allí con la expectativa de que ni siquiera rinda un servicio real al país”, destacó Rosa.

El exsenador popular señaló que por la descripción de las funciones acordadas contractualmente con Global, lo menos que debía esperarse era que Rivera Schatz le encomendará la redacción de algún proyecto de ley o encomiendas legislativas específicas.

“El presidente del Senado tiene el talante de decir ayer que él ni siquiera supervisa esos contratos para los cuales el principal beneficiario del servicio debiera ser su figura de legislador”, manifestó Rosa.

En tanto, para García San Inocencio lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha privatizado la función legislativa.

Se ha convertido en un ejercicio que realiza el sector privado desde una lógica estrictamente de negocios y eso es un patrón”, denunció el exlegislador independentista.

A juicio del también doctor en derecho administrativo, cada vez menos la legislación puertorriqueña es el producto autóctono de la rama legislativa.

San Inocencio opinó que la contratación del servicio legislativo debe ser la excepción y no la norma.

El exrepresentante señaló que desde hace años la Asamblea Legislativa se ha rehusado a realizar una verdadera reclasificación de puestos y salarios.

“Tiene que haber una vuelta a la institucionalización del funcionario legislativo y tiene que implantarse un sistema de mérito en la Asamblea Legislativa, donde a la gente se le reclute por conocimiento y preparación”, insistió el profesor de derecho.


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