La junta de gobierno se reunirá para evaluar la situación. (GFR Media)

Aunque reconoció que es “prematuro” tomar medidas, el presidente de la junta de gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo, anticipó hoy, jueves, que no descartan echar mano a una moratoria en el pago de impuestos ante los efectos nefastos que tiene el coronavirus en la economía de la isla.

“Vamos a reunirnos los miembros de la junta de gobierno para modelar los efectos (económicos). Tomaremos decisiones de qué debemos hacer para garantizar los recursos de los municipios y los de aquellos contribuyentes que han sido afectados con la disminución en la actividad comercial. Pudiera incluir moratoria en el pago, pero es muy prematuro todavía”, afirmó Carrasquillo.

Reconoció, sin embargo, que de continuar la emergencia a causa del coronavirus las pérdidas serán “incalculables no solamente en el bolsillo del puertorriqueño sino en el recaudo al Estado y a los municipios. Definitivamente estamos todos preocupados”.

“Esto va a depender de cuánto tiempo pueda prolongarse y cuán responsable es la ciudadanía para que podamos atajar este problema a corto plazo”, apuntó el también alcalde de Cidra.

Al momento, se mantiene vigente un toque de queda hasta el próximo 30 de marzo de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Carrasquillo reconoció que el limbo en el que se mantiene la Ley 29 para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios en los pagos al plan de salud del gobierno y el sistema de retiro también agrava la situación. La Ley 29 exime a los municipios de la aportación a la tarjeta de salud y del pago del PayGo. Pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó una demanda contra el gobierno alegando que el estatuto es incompatible con el plan fiscal certificado y que no se asignaron los fondos para su financiamiento. Aún no hay una determinación de la jueza Laura Taylor Swain.

“Si todos los elementos se unen, va a ser devastador para los municipios. Por eso, estamos levantando la voz de alerta”, dijo.

Oposición a eliminar el impuesto sobre el inventario

Carrasquillo dijo que se opone al proyecto del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez para eliminar temporeramente el impuesto sobre el inventario.

El CRIM recauda anualmente aproximadamente $1,000 millones en impuestos a la propiedad inmueble y mueble. Unos $600 millones son por concepto de la propiedad inmueble y $400 millones por la propiedad mueble. De esos $400 millones, $220 corresponde al impuesto sobre el inventario.

El proyecto surge para paliar la falta de abastos en almacén de productos que ahora son de primera necesidad y que escasean ante la emergencia que representa el COVID-19, según ha argumentado Méndez.

Pero Carrasquillo rechazó la teoría del presidente cameral de que la escasez de algunos productos se debe a que no se tienen almacenados en grandes cantidades por el impuesto que hay sobre el inventario.

“Cada vez que hay una crisis en Puerto Rico se trae el tema y hay unos grupos que están impulsando la eliminación del impuesto al inventario aludiendo que la falta de artículos se debe a que hay un impuesto sobre el inventario que impide que los inventarios crezcan”, afirmó.

“Si eso fuera cierto, en el resto del mundo que no hay este impuesto, no tendría escasez porque no tienen la restricción de un impuesto al inventario. Definitivamente nos oponemos a la medida porque no atiende el problema de falta de suministros”, agregó.

Carrasquillo dijo que los alcaldes, en su vasta mayoría, reconocen que hay que examinar la contribución mueble, “particularmente el impuesto al inventario que impone una tributación a un artículo que puede pagar dos tributaciones”.

“Se han propuesto distintos mecanismos para sustituir la contribución mueble por otro mecanismo: patente municipal o pagar al momento de la venta y no mientras esté en el almacén. (Pero) no ha habido voluntad política para impulsar una medida que lo sustituya y solo se ha hablado de eliminarlo”, apuntó el alcalde.

La medida impulsada por Méndez no contempla ningún mecanismo para sustituir los $220 millones anuales que dejarían de recibir los municipios por concepto del arbitrio.

“La medida no atiende el problema que pretende atender. La razón de la escasez es una demanda provocada por la emergencia como ocurrió en (le huracán) María, con los temblores, con el coronavirus y como va a ocurrir en el futuro”, apuntó al tiempo que advirtió que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz no va a dar paso a esa medida.


💬Ver 0 comentarios