El administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo, asegura que la gobernadora Wanda Vázquez Garced mantiene la política pública de no poner en vigor la reducción en las pensiones.

El administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, aseguró hoy, viernes, que la gobernadora Wanda Vázquez Garced mantiene la política pública de no poner en vigor la reducción en las pensiones que se ordena a través de los planes fiscales para el verano del 2020.

Collazo insistió en que no hay factor fiscal o legal que justifique una nueva reducción en las jubilaciones de los retirados del servicio público y resaltó que en el 2013 los beneficios que recibía este sector de la población fueron reducidos significativamente por reformas que no resolvieron todos los problemas de los sistemas.

“La política pública permanece inalterada. La reducción de las pensiones no es negociable. Lo hemos demostrado en dos años”, dijo Collazo Rodríguez tras una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza.

Se supone que para julio de 2020 se ponga en vigor estos recortes que, en el peor de los casos, representará una merma de 8% del monto que en la actualidad recibe un retirado.

“No la implantaría (la reducción). Es una diferencia insalvable con la Junta… No vamos a claudicar porque no es necesario”, añadió. 

Collazo precisó que durante el encuentro con la gobernadora también ofreció información sobre la inclusión de los policías al sistema del Seguro Social, la segregación de las cuentas de ahorro para el retiro de los servidores públicos y la integración de los sistemas de retiro de los empleados públicos, maestros y jueces.

El principal oficial financiero del gobierno, Omar Marrero, indicó, por otro lado, que continuarán combatiendo la demanda presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para invalidar la Ley 29 del 2019 que alivia a los ayuntamientos de las aportaciones al sistema de pensiones de los empleados gubernamentales y al Plan de Salud del Gobierno, conocido como Vital.

Ayer, la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende los casos de bancarrota del gobierno de Puerto Rico, se reservó su decisión sobre la controversia tras escuchar los argumentos del gobierno y la JSF.

Por otro lado, Marrero indicó que hoy comenzarán a enviar a la JSF copia de los contratos firmados por el gobierno entre el 19 de julio y el 2 de agosto, tal y como pidió el organismo fiscal. La JSFbusca revisar las decisiones que el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares tomó en los últimos días en que ocupó el cargo.

El funcionario indicó que de ordinario todos los contratos se publican a más tardar 15 días después que son firmados en el portal de la Oficina del Contralor. Marrero explicó que la JSF no estuvo satisfecha con la información que aparece pública y exigió que se le remitieran copias de estos documentos.

“Hemos recibido la información de las agencias y esa información se va a presentar hoy. En la medida que lo recibamos se va a remitir”, sostuvo.

Durante la reunión también se habló de la petición que hizo el gobierno de Puerto Rico al Departamento de Transporte federal para que se exima a Puerto Rico de los requisitos administrativos en el tráfico aéreo de pasajeros y carga. Si esto se logra, indicó Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Puerto Rico tendría más recursos para atraer movimiento aéreo.

Vázquez Garced entró a la gobernación el 7 de agosto, luego de una breve gobernación del licenciado Pedro Pierluisi, cuya incumbencia fue declarada inconstitucional, y luego de la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares ante escándalos de corrupción moral y administrativa.


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