El secretario González dijo que refirió a la División Legal de Salud a todos los funcionarios de la agencia que participaron en estas transacciones de las pruebas. (EFE)

En medio de la emergencia del coronavirus, el gobierno comprometió más de $40 millones en compras de pruebas rápidas para detectar la enfermedad a empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero dirigidas por personas con estrechos vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP), a costos al parecer muy por encima de su valor en el mercado y sin ninguna garantía de que el gobierno de Estados Unidos autorizaría su uso en Puerto Rico.

Como resultado de estas acciones, la mayor de las órdenes –una compra de un millón de pruebas rápidas por $38 millones hecha a una pequeña empresa de construcción de Puerto Rico que nunca había vendido productos médicos– fue cancelada porque el cargamento no llegó en la fecha prometida, ni tenía aval del gobierno federal. El gobierno ya había depositado la mitad del monto y ahora espera por la devolución.

El presidente de la compañía, Robert Rodríguez López indicó que ayer, sábado, hizo la transacción para retornar el dinero al gobierno de Puerto Rico.

Además, el Departamento de Salud ha tenido que invertir tiempo y recursos reetiquetando las que sí llegaron y funcionarios de la agencia están bajo investigación administrativa y criminal, según reconoció el secretario de Salud, Lorenzo González.

Como resultado también de esto, semanas después de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced prometiera cientos de miles pruebas capaces de determinar en minutos si alguien padece o ha padecido recientemente del COVID-19, apenas el sábado se empezaron a distribuir solo unas 7,000.

“Aquella persona que se haya tratado de lucrar de la pena y el dolor del país, en un momento como este, que es la crisis más grande del siglo, definitivamente se adjudicarán responsabilidades”, dijo el secretario González, en entrevista con El Nuevo Día.

La más grande de las compras se la quiso hacer el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) a la pequeña compañía de construcción Apex General Contractors, propiedad de un asiduo donante del PNP que debutó con esta monumental transacción en el campo de los productos médicos. Otras dos compras las hizo Salud a una empresa que hasta unos días antes de hacer su primera venta tenía como objetivo en certificado de incorporación dar servicios de informática, tecnología, construcción, rehabilitación de infraestructura y mantenimiento.

Cuando el coronavirus empezó hacer estragos en Puerto Rico, esta empresa, 313 LLC, cambió sus objetivos para agregar el área de servicios médicos, según consta en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. Menos de una semana después estaba haciéndole ventas millonarias de pruebas rápidas para detectar el coronavirus al gobierno de Puerto Rico, según múltiples documentos examinados por El Nuevo Día.

Ambas empresas, Apex General Contractors y 313 LLC, han estado relacionadas con Grupo Lemus, una firma de consultores y cabilderos fundada en el 2018 por Juan Suárez Lemus, un activista del PNP estrechamente vinculado a altas figuras de esa colectividad, según la investigación de El Nuevo Día.

Las dos empresas hicieron las ventas al gobierno por precios sustancialmente más altos de lo que cuestan estas pruebas en el mercado e incluso a un costo hasta tres veces mayor del que les hizo otra compañía puertorriqueña con amplia experiencia en el campo de productos médicos que también realizó negocios con las autoridades puertorriqueñas en los pasados días, según documentos examinados por El Nuevo Día.

Las pruebas en el centro de esta controversia son las del tipo serológico, también llamadas, “pruebas rápidas”, que pueden detectar los anticuerpos que produce el coronavirus e indicar así si la persona padece o ha padecido recientemente la enfermedad.

Apex General Contractors compró las pruebas que pretendía vender a Nmead por $38 cada una a Promedical, una empresa australiana. El general José Burgos, comisionado de Nmead, explicó a El Nuevo Día que autorizó la compra a petición de Adil Rosa, quien estuvo a cargo de compras en el Departamento de Salud hasta que fue removida en estos días por el secretario González. Antes de hacer la orden, dijo, consultó con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), cuya directora, Iris Santos Díaz, dio el visto bueno al desembolso.

“Yo no sabía en este momento cuánto valía un ‘rapid kit’, si era $1, $10 o $20. A mí me dijeron, tengo este suplidor que dice que nos puede vender un millón de pruebas y necesito verificar si los puedo ordenar. Yo le dije, ‘Yo no te puedo dar esa orden porque yo lo que hago aquí es que cojo el insumo de Salud y convierto lo que me pide Salud en una orden de compra. Entonces yo reviso con OGP”, dijo Burgos.

La orden se hizo con la promesa de que el cargamento sería entregado el 31 de marzo. El gobierno le desembolsó a Apex la mitad de los $38 millones del monto total de la compra. El cargamento nunca llegó. El viernes, el secretario González ordenó por escrito cancelar la orden, y que se requiera la devolución del depósito, porque las pruebas no contaban con el aval de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Aunque el secretario de Salud y el comisionado Burgos sostienen que, al momento en que se hizo la orden de compra no existía la aprobación de la agencia federal, el dueño de la empresa insistió en que, para ese entonces, sí contaba con el visto bueno del FDA y que fue parte de la documentación que entregó al gobierno.

El dueño de la empresa, Robert Rodríguez López, dijo a El Nuevo Día que tuvo la idea de venderle pruebas rápidas cuando sus otros negocios – la constructora y una torrefactora – no pudieron seguir operando debido a la cuarentena y que el contacto para el negocio con el gobierno lo logró su abogado, Juan Maldonado, un ex subsecretario de Transportación y Obras Públicas que fue despedido en febrero del año pasado como director de la Autoridad de Transporte Marítimo tras el escándalo que se desató cuando se supo que había autorizado una de las lanchas de servicio a Vieques para transportar equipo para la celebración de una boda.

Rodríguez López no precisó cuánto le costaron a él las pruebas. Reconoció que nunca había trabajado con productos médicos, pero, agregó, tampoco se había dedicado nunca al café hasta que montó su torrefactora. Señaló que todavía podría traer las pruebas si el gobierno cambia de opinión. “El proveedor todavía tiene las pruebas y está dispuesto a suplirlas si es que surge la oportunidad”, dijo.

Maldonado aparece en la red social LinkedIn como socio de Grupo Lemus, pero dijo a El Nuevo Día que no trabaja con ese grupo desde el pasado mes de diciembre.

Apex General Contractors tuvo contratos por $4.2 millones durante los gobiernos de Luis Fortuño y Ricardo Rosselló Nevares, todos en el área de construcción. Rodríguez López, por su parte, hizo entre 2015 y 2017 aportaciones a las campañas de Rosselló Nevares, del excomisionado residente y aspirante a la gobernación, Pedro Pierluisi, y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, según registros de la Oficina del Contralor Electoral.

Las otras pruebas le fueron vendidas directamente al Departamento de Salud por la 313 LLC, cuyo agente, Ricardo Vázquez, es también agente de Grupo Lemus. El 20 y el 24 de marzo, 313 LLC vendió 1,500 pruebas por $45 cada una y 100,000 pruebas a $36 cada una, para un total de $3.6 millones, según facturas que dio a conocer la periodista de Telenoticias, Nuria Sebazco.

313 LLC se registró en el 2018 para hacer negocios en el área de informática, tecnología y construcción, rehabilitación de infraestructura y mantenimiento. El 18 de marzo de este año cambió sus objetivos para agregar el área de servicios médicos, según consta en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. Solo unos días después estaba vendiéndole pruebas de coronavirus al gobierno de Puerto Rico.

Grupo Lemus tenía hasta el sábado una página web en la que, además, de ofrecer sus servicios, mostraba múltiples fotos de los directivos de la firma, que tiene sede en Guaynabo, con líderes del PNP. La página fue cerrada en horas de la tarde del sábado. Suárez Lemus, el fundador del grupo, fue colaborador del comité de plataforma del PNP para las elecciones del 2008, según consta en un documento de esa organización política.

Además, es un asiduo donante de los comités de campaña de varios líderes del PNP, como Rosselló Nevares, Rivera Schatz, el senador Eric Correa, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, el exaspirante a la alcaldía de San Juan, Leo Díaz, y el exaspirante a representante, Carlos Flores Vega.

No fue posible ubicar a Suárez Lemus para entrevista.

El 4 de mayo de 2017, el entonces gobernador Rosselló Nevares colgó en su cuenta de Twitter una foto junto a Suárez Lemus, el entonces jefe de informática del gobierno, Luis Arocho; y el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras. “Reunido con Juan Suárez Lemus, de Grupo Lemus”, decía la foto. Maldonado, el abogado de Apex, era entonces subsecretario de Obras Públicas bajo el mando de Contreras.

En tiempos normales, las pruebas serológicas se consiguen en el mercado por entre $1 y $7. La altísima demanda que ha generado la pandemia del coronavirus ha disparado los precios en algunos casos hasta a $16. Fuentes de El Nuevo Día con conocimiento de este campo no encontraron ningún sitio con precios ni cerca de los $38 en que las quería vender Apex General Contractors, ni los $36 y $45 en que las vendió 313 LLC.

Una fuente mostró a este diario copia de una cotización de NOVA, la prueba china que 313 LLC vendió al Departamento de Salud: 500,000 de esas pruebas fueron ofrecidas por $2.30 cada una. El secretario sostuvo que está preocupado de que a Salud se le hayan vendido pruebas a sobreprecio. “Uno podría presumir que en el momento en que la demanda será más alta que el suplido, que hubiese algún tipo de aumento (en el precio). Pero no es un aumento de 1,000%.

En los mismos días en que el gobierno compró a estos precios a las empresas relacionadas a Grupo Lemus, le compro 50,000 pruebas moleculares, que son más complejas y por lo regular más costosas, a Castro Business, que está desde 1975 en el negocio de productos médicos, a $13 cada prueba, para un total de $650,000.

Cuando las compras se hicieron, el gobierno no tenía ninguna garantía de que la FDA iba a autorizar su uso en Puerto Rico. La semana pasada, el Departamento de Salud se reunió con funcionarios del FDA, establecieron las reglas del juego y de ahora en adelante solo se harán compras de pruebas a empresas que hayan sido preautorizadas por el gobierno de Estados Unidos.

“Todas estas personas que se dedicaban a vender, por ejemplo, calentadores solares, no pueden ahora ser expertos en pruebas rápidas de COVID-19”, dijo el comisionado del Nmead.

El secretario González dijo que refirió a la División Legal de Salud a todos los funcionarios de la agencia que participaron en estas transacciones “con el propósito de ver si hay algo fuera de lo normal y entonces proceder con los referidos pertinentes”.

González señaló que el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos continúan solicitando continuamente información a la agencia. “Están pidiendo información. No han dicho para qué. Pero han pedido información de cuentas de emails de personas que trabajaron en el Departamento”, sostuvo.


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