El teniente José Almodóvar Estrada se negó a transportar a la directora de la ATM por considerar restricciones federales que prohiben el traslado de civiles en vehículos oficiales. (GFR Media)

El Negociado de la Policía le envió una nueva carta al teniente José Almodóvar Estrada sobre su traslado de piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) a la región policiaca de Arecibo.

El presidente del Frente Unido Policías Organizado (FUPO), Diego Figueroa, denunció que la nueva misiva es “un intento de enmendar el error cometido en la primera” notificación de traslado de Almodóvar Estrada.

Su traslado está relacionado con la controversia por el viaje a Vieques que le ordenaron hacer en uno de los helicópteros de FURA en momentos en que la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, no podía salir por mar debido a una manifestación que mantenía detenida las lanchas.

“Enviaron una carta nueva cambiando los muñequitos”, sostuvo Figueroa.

“Ahora dicen que la carta obedece a un traslado cautelar, después de que la primera era de castigo, que hablaba de un traslado efectivo inmediato, sin haberlo entrevistado ni nada. Eso es completamente ilegal”, agregó. “Aquí violaron su derecho al debido proceso”.

La misiva, con fecha de ayer y firmada por el comisionado de la Policía, Henry Escalera, indica: “Queremos informarle que dicha Asignación de Nuevas Funciones Oficiales es una medida cautelar”.

Para Figueroa, la alusión a “medida cautelar es completamente ambiguo. Se está usando para tapar el delito que cometieron con la primera carta. Están violando el artículo 197 de la Reforma de la Policía”.

Ese artículo indica que la Policía “deberá prohibir expresamente toda forma de represalia, sea sutil o directa, incluyendo el desaliento, intimidación, coerción, reasignación de estación asignada, o acción adversa, contra cualquier persona, civil u oficial, quien reporte malas conductas, haga una querella de mala conducta o coopere con una investigación de mala conducta. Represalia se debe considerar una violación seria de política y deberá someter al oficial a serias acciones disciplinarias, hasta e incluyendo terminación (de empleo)”.

Según la FUPO, el oficial alega que al recibir la información del viaje notificó que no lo haría, pero que una vez en Vieques no montaría a Pérez porque las regulaciones de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) le impiden transportar a civiles en una aeronave con clasificación de “pública”.

“Ahora que ven que vienen investigaciones de lo que hicieron, están tratando de subsanar la cosa, pero nadie puede despintar que esto representa para el oficial pérdidas económicas. El lunes vamos a tomar decisiones sobre posibles acciones legales, mientras se sigue con los procesos que le corresponden para apelar su traslado ilegal”, afirmó Figueroa.

Por su parte, el alto mando de la Policía defendió el traslado asegurando que no fue una represalia, sino una medida disciplinaria debido a que incurrió en un acto de insubordinación al negarse a acatar una “orden legal”.

El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, dijo que el viaje no era solo para transportar a Pérez, sino que consistía, inicialmente, en transportar a personal especializado a Vieques, particularmente negociadores y de SWAT.

Aseguró que la movilización de ese personal respondía a que supuestamente Pérez era víctima de restricción de libertad.

“Era una situación de emergencia. Había una manifestación que se estaba tornando violenta y había funcionarios por rehenes”, sostuvo Román.

Dijo que el personal sí fue enviado luego a Vieques en un vuelo con otro piloto, pero que después no fue utilizado porque, supuestamente, Pérez pudo salir tras una negociación con los manifestantes y regresó a la Isla Grande en una lancha de FURA.

Otra carta, firmada el 3 de octubre por el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, plantea que se llevó a cabo el traslado antes de realizar una investigación que determinara la necesidad de una penalidad disciplinaria por la alegación de insubordinación.

Señala que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) “tiene la obligación de llevar a cabo las investigaciones correspondientes ante la interpretación de un supervisor de un alegado acto de insubordinación. A su vez, tenemos una obligación de escuchar a ambas partes de una controversia, antes de tomar medidas disciplinarias”.

Agrega que por esa razón ordenó “la asignación de nuevas funciones como Medida Cautelar y he solicitado a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Pública, que asumirá jurisdicción y proceda con investigar las alegaciones que dieron base a la asignación de nuevas funciones como medida cautelar”.

Román informa, además, que la investigación debe tomar 45 días para concluir sus determinaciones y asegura que no implicará cambio “en cuanto a sus derechos adquiridos ni a sus privilegios, obligaciones y estatus”.

La carta indica que el DSP “toma muy seriamente los reclamos de todos los empleados de los Negociados que entienda que, por recibir una orden ilegal, es su deber desobedecerla. Del mismo modo, exigimos el fiel cumplimiento de las órdenes que se imparten de manera legal”.

“Categóricamente rechazo cualquier medida de traslado que se tome como un acto de castigo ante ese, o cualquier otro, escenario”, afirmó.


💬Ver 0 comentarios