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El plan de traslado de reos genera debate sobre efecto en la rehabilitación

Por los pasados cinco años, no ha habido una imagen que Victoria Ruemelley atesore más que la puerta por la que, cada fin de semana, sale Richard López, su único hijo varón.

“Cuando esa puerta se abre… la alegría que da…”, dice Victoria, una supervisora de ornato del Municipio de Vega Alta, con sus enormes ojos verdes anegados en lágrimas.

La puerta conduce a la Institución 292 del Complejo Correccional de Bayamón, donde López, de 25 años, cumple hace cinco años una condena de seis décadas por asesinato en segundo grado.

Victoria y sus otras dos hijas no han dejado de visitarlo ni una sola semana desde que el joven, que padece de una grave enfermedad, está encarcelado.

“Él para mí es mi pedacito de cielo y nosotras para él somos la luz al final del túnel. Mientras estamos en esa visita, todo es apretando, agarrando manos, pellizcando cachetes”, agrega la mujer.

Victoria y sus hijas están de repente batallando lo que consideran una tremenda amenaza sobre ellas y sobre Richard y miles de otros reos puertorriqueños.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que tiene una orden de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de ahorrar $395 millones en los próximos cinco años, anunció en días recientes que emprenderá un programa para trasladar a cárceles de Estados Unidos hasta el 30% de los cerca de 10,300 confinados que hay recluidos en las 31 instituciones penales en operaciones actualmente en Puerto Rico.

La agencia dice que el programa será completamente voluntario, pero eso no ha tranquilizado a Victoria ni a la familia de miles otros confinados.

“Si se lo llevan para Estados Unidos, yo no sé qué sería de nosotros”, afirma Victoria.

El traslado de confinados es la principal medida de reducción de costos que ha anunciado el secretario de Corrección, Erik Rolón, quien tiene planes de enviar a Estados Unidos unos 3,200 confinados. Con esa medida, el DCR esperar ahorrarse entre $44 y $50 millones entre el próximo año fiscal y el que culmina en el 2023, dijo Rolón, en una entrevista con El Nuevo Día.

“Con el traslado a Estados Unidos, estamos contemplando un gasto por confinado de entre $60 y $70 diarios, como máximo. Cada confinado en Puerto Rico cuesta en promedio de $95 a $100 diarios”, dijo Rolón, quien precisó que aunque la presubasta es apenas esta semana, espera estar enviando los primeros confinados a Estados Unidos para el 1 de julio próximo.

Programa voluntario

El funcionario dice que el programa será voluntario y en principiolimitado a confinados de custodia mínima a los que les queden menos de cinco años para completar su sentencia.

Pero si la meta de 3,200 no se alcanza entre ese grupo de confinados, el DCR seguirá ampliando los criterios, dijo Rolón.

Sin embargo, el secretario asegura que, a pesar de que la meta de ahorros la impuso la JSF, el programa de traslados nunca dejará de ser voluntario.

“Bajo ninguna circunstancia se va a hacer de forma compulsoria. Es lo que quiero transmitir enérgicamente”, dijo Rolón.

Abogados y familiares de confinados creen que el traslado de confinados a Estados Unidos, que ya se intentó sin éxito en el en el cuatrienio de 2009 al 2013, con el envío de 480 confinados a Oklahoma, no es una buena medida por muchas razones que van más allá de si es con carácter de voluntariedad o no.

Temen que se afecten sus programas de reinserción en la sociedad, la cercanía con sus familiares, que es fundamental para la rehabilitación, los accesos a sus abogados, sus solicitudes de libertad bajo palabra y hasta sus tratamientos médicos.

En fin, que aunque el confinado está encerrado, depende de todo un sistema social y legal de apoyo que no es posible trasladar fácilmente a ningún lugar fuera de Puerto Rico.

“Este es un sistema que está todo fundamentado en la reinserción social y, por lo tanto, en la medida en que se hagan estos traslados, independientemente de cómo se hagan, se trastoca todo eso”, dijo la abogada Iris Yaritza Rosario, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

Ruth Colón de González, quien fue supervisora de trabajo social del DCR por 31 años y ahora labora como asesora de asuntos correccionales de SAL, dijo que duda que un programa de salida como el que se lleva a cabo con los reos de custodia mínima que están a punto de cumplir pueda llevarse a cabo en Estados Unidos.

“Eso representa un problema mayor, porque esos son los que tienen mayores expectativas de salir. Si los tienes en Estados Unidos, allá no le van a hacer su plan de salida”, dijo Colón de González, quien también manifestó preocupaciones sobre el manejo de los reos por personal que no domine el español.

Preocupación por la salud

La abogada Rosa Alexandrino, por su parte, sostuvo que no se ha explicado qué pasará con los reos que padecen de condiciones delicadas de salud.

El secretario Rolón asegura que todas esas preocupaciones están contempladas en su plan. Dijo que los confinados trasladados seguirán bonificando como si estuvieran en Puerto Rico, seguirán bajo la jurisdicción administrativa del DCR, se les asegurará traslado a la isla para sus citas legales o se les proveerá de enlaces de vídeo para eso y hasta para contacto con sus familiares.

Además, dijo que a las empresas que liciten por los contratos se les requerirá personal bilingüe, que la cárcel a las que sean traslados los puertorriqueños sea exclusiva para ellos y hasta que la comida sea “culturalmente igual a la de Puerto Rico”.

“Vamos a procurar que la experiencia en esa institución en el exterior sea la misma como si el confinado estuviese en una institución local”, dijo Rolón.

El funcionario señaló que los confinados con condiciones de salud delicadas, cuyo cuidado es mucho más costoso para el DCR, cualifican en teoría para el programa, pero probablemente no sean incluidos.

“Tenemos que ver que no se nos salga el costo de las manos. No podemos enviar confinados que cuesten más de lo que estoy dispuesto a pagar”, sostuvo Rolón.

El DCR invierte unos $39,000 al año por confinado. Unos $6,000 son en servicios de salud. La JSF pide que el gasto anual en salud se reduzca a $3,200, como es el nivel en Estados Unidos.

Victoria, cuyo hijo tiene una delicada condición de salud, dijo que ella tiene confianza en el secretario Rolón, de quien considera que tiene “un corazón grandísimo” y del que le gusta que crea en la rehabilitación. Pero, agregó, “el secretario no va a estar en Estados Unidos, sus ojos no van a ser lo que van a estar sobre mi hijo, va a ser un grupo de personas distinto, que no nos garantizan nada a nosotros”.

Madeline Gotay, madre de dos confinados y quien se identifica como portavoz de la Asociación Pro Derechos del Confinado Ñeta, la principal organización de confinados de Puerto Rico, tampoco cree que el DCR tenga todo el control de lo que pueda ser el desenlace de esta situación.

“Yo creo en el secretario. Pero, hay una Junta de Supervisión Fiscal que le obliga a que cumpla con esas expectativas que le dieron. Yo dudo mucho que los voluntarios lleguen a esa cantidad (de 3,200). Me preocupa qué va a pasar si con los voluntarios no llegan a la meta”, dijo Gotay, quien no se opone a que un confinado que quiera irse a Estados Unidos tenga esa opción.

El secretario Rolón asegura que ningún confinado será trasladado en contra de su voluntad. Pero no tiene una contestación clara cuándo se le pregunta qué hará para lograr los ahorros exigidos por la JSF si no alcanza la meta.

“En caso de que no lleguemos a la proyección, tengo que sentarme con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para evaluar esa situación y determinar qué pasos hay para seguir. Tenemos que reevaluar qué otra alternativa vamos a adoptar para poder llegar a esos ahorros”, dijo Rolón.

El plan fiscal establece que el DCR debe haber cerrado un mínimo de nueve instituciones para el 2023, pero Rolón cree que pueden ser entre diez y doce si se cumple con la meta de los 3,200 confinados. La JSF también exige que el nivel de ocupación de las cárceles ascienda al 93% del 68% que hay en este momento.

En el primer año fiscal nada más, el DCR tiene que restarle unos $21 millones a su presupuesto actual de $404 millones que tiene para el funcionamiento de lascárceles y del programa de Salud Correccional.

Algunos familiares de confinados creen que la sola incertidumbre de lo que vaya a ocurrir puede descarrilar lo procesos de rehabilitación de confinados que con mucho trabajo están ya a punto de cumplir sus sentencias.

“Él me necesita”

Ese es el caso de Carlos Luis Colón Santos, un confinado de 37 años de Salinas, que en el 2019 culmina una sentencia por drogas y armas que comenzó a cumplir en el 2006. Su pareja, Beatriz González, dice que teme que la ansiedad que tiene Colón Santos le haga cometer algún acto que retrase su salida.

Colón Santos y Beatriz fueron novios en la adolescencia. De adultos, cada cual hizo su vida con otras personas, pero estando él confinando restablecieron contacto hace tres años a través de la madre de él y, desde entonces, se consideran pareja.

Beatriz dice que si fuera trasladado, perdería el principal apoyo que tiene en su proceso de rehabilitación. “Él me necesita para poder seguir rehabilitándose”, dijo la joven, que es empleada de una panadería, tiene dos hijos y dice que no podría mudarse a Estados Unidos si trasladan a su pareja.

“Yo viajo desde Salinas hasta (el campamento penal) El Zarzal en Río Grande. Pero yo tengo dos hijos. Si se lo llevan a Estados Unidos ya él no tendría mi apoyo de yo ir a verlo todas las semanas, estar ahí, por sus necesidades. Ya no podría tener el mismo apoyo de mi parte”, dice.

Victoria, por su parte, sostiene que el apoyo familiar es indispensable para la rehabilitación de un confinado. En Estados Unidos, dice, eso dejará de existir.

“La meta real para la rehabilitación del confinado es la familia. El que tiene apoyo familiar es el que verdaderamente quiere cambiar y quiere salir de allí. En Estados Unidos, no lo va a tener”, manifestó.


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