El procurador general había recomendado al Supremo la censura de la fiscal Wilda Nin. (semisquare-x3)
El procurador general había recomendado al Supremo la censura de la fiscal Wilda Nin. (Ramón “Tonito” Zayas)

Como una medida cautelar, el procurador general, Isaías Sánchez Báez, se separó de sus funciones “para efectos excepcionales” del caso de alegada corrupción en la Superintendencia del Capitolio.

Así lo notificó el subprocurador Pedro Vázquez Montijo a la jueza Wanda Cruz Ayala mediante una moción informativa.

“Solicitamos que, en este caso, también el honorable Tribunal tome nota de la medida cautelar para atender preventivamente cualquier posible apariencia de conflicto”, aseveró. Notificó que se inhibiría también la subprocuradora Lorena Cortés Rivera.

La movida surgió luego que la Oficina del Procurador General emitió un informe en el que coincidían parcialmente con planteamientos de la defensa de uno de los acusados sobre una queja ética contra las fiscales Wilda Nin Pacheco y Gretchen Camacho Rossy, a cargo del caso.

El abogado de defensa Carlos Sagardía Abreu citó partes del informe confidencial durante el juicio para solicitar que se desestimen los cargos contra su cliente, el exgerente de proyectos de construcción de la Superintendencia Alex Martínez Morales, y se descalifique a las fiscales.

En su informe al Tribunal Supremo, Sánchez Báez recomendó la censura de Nin Pacheco por supuestamente violar los cánones éticos que rigen la sinceridad y la dignidad de la profesión. Esto porque, según la defensa, ocultó prueba.

Se trata de una carta del director de la División de Recursos Humanos de la Superintendencia, José Figueroa Torres, en la que opinó que la firma del acusado en la hoja de deberes data de un momento en el cual no trabajaba allí.

El abogado José Antonio Virella, quien representa a la fiscal Nin Pacheco, opinó que la carta es inadmisible como evidencia porque “es lo mismo que un amigo del acusado le escriba a la fiscal una carta”.

El Supremo no ha resuelto el planteamiento ético. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar las mociones de desestimación y descalificación. El Apelativo ratificó esa determinación el 19 de marzo. El panel de jueces observó, no obstante, que Justicia puede relevar a la fiscal “como medida cautelar temporera”.

La jefa de los fiscales, Olga Castellón Miranda, negó que el informe del procurador sea la posición institucional, como planteó la defensa en el juicio. “La fiscal que investigó el caso continuará, en representación del Ministerio Público, a cargo del procesamiento criminal”, confirmó.

El Tribunal de Apelaciones validó, en toda su extensión, la determinación emitida por el foro primario, mediante la cual correctamente rechazó el improcedente reclamo interpuesto por la defensa”, dijo Castellón Miranda.

Sánchez Báez indicó en declaraciones escritas que "en este caso y en cualquier otro en donde las dos funciones puedan interferir una con la otra, como Procurador General estoy facultado para tomar medidas internas que aíslen ambas funciones para la pureza de ambos procedimientos".

Explicó que su posición conlleva una función dual: representar al Estado a nivel del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo, e investigar los procedimientos éticos contra abogados a petición del Tribunal Supremo.

"En este caso, existiendo un procedimiento criminal y uno ante el Tribunal Supremo, tomé la decisión de voluntariamente abstenerme de intervenir en el caso criminal para mantener separadas ambas funciones y delegué ese asunto al Subprocurador", detalló.


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