Amanda Rivera, Estrella Santiago y Amaris Torres participaron del panel, que fue moderado por Adi Martínez. (Especial para El Nuevo Día / Ricky Reyes Vázquez)

Luego de las manifestaciones llevadas a cabo este verano, un grupo de expertas en política pública, derecho y participación ciudadana coincidió en que el voto millennial y centennial podría dejar resultados eleccionarios distintos a los de los pasados años.

Según la licenciada Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Fondos Acceso a la Justicia, las manifestaciones y las “desilusiones colectivas” ante las decisiones gubernamentales dejaron a los jóvenes con el deseo de rescatar su derecho al voto y lograr un impacto electoral en este noviembre 2020. Sobre todo, se vislumbra que apremie el votante que se deja llevar más por lo que proponen los candidatos en sus plataformas de trabajo que por el acostumbrado voto íntegro.

Además, Torres Rivera destacó que se está dando un movimiento participativo en los jóvenes que aún no tienen la edad para ejercer su derecho al voto debido a que se están viendo seriamente afectados ante las leyes y proyectos de política pública que se han aprobado en tiempos recientes.

“Ya hay estudiantes de escuela superior que están siendo afectados por las decisiones de política pública como el cierre de sus escuelas. Esos jóvenes están ya ávidos para participar en los procesos de debate”, señaló Torres Rivera durante el panel “Del verano del 19 al 2020: Participación ciudadana como respuesta a la transformación de Puerto Rico”, celebrado, el viernes, por la organización Mentes Puertorriqueñas en Acción.

Por otro lado, la licenciada Estrella Santiago, coordinadora de Asuntos Ambientales del Proyecto ENLACE, invitó a la ciudadanía a evaluar cómo las manifestaciones pueden ser más accesibles, inclusivas y abiertas para que múltiples sectores se vean representados y puedan poner en práctica este derecho humano y constitucional.

Asimismo, la gerente de Asuntos Ambientales aseguró que hay mucho por aprender del verano 2019, y tomó por ejemplo la inclusión que logró Rey Charlie cuando llegó en motora junto a un grupo significativo de distintas barriadas, público que por lo general no hubiera podido participar de la manifestación por múltiples razones, entre ellas la falta de transporte para la zona metropolitana.

“Hay que evaluar las formas en las que nos estamos manifestando. Que no sea algo que se convierta en una moda y se vaya con el tiempo. Tenemos que ver qué tipo de manifestación queremos o cómo hacemos más accesible las manifestaciones para que más personas puedan unirse. En Puerto Rico, existe un privilegio a la hora de protestar. También, hay que pensar en lo difícil que se le hace a alguien que tiene dos trabajos o a una madre o padre soltero salir a la calle a manifestarse”, explicó Santiago durante el panel.

Mientras, la directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud, Amanda Rivera Flores, indicó que la ciudadanía está cada vez más consciente del poder de convocatoria que tiene a la hora de exigir cuentas al gobierno y su derecho a la libertad de expresión bajo un sistema democrático.

“Lo que el verano 2019 permitió fue que los jóvenes que se sentían desilusionados e impotentes ante la realidad política, pudieran exigir y lograr un cambio real”, sostuvo la también cofundadora de Mentes Puertorriqueñas en Acción.

Al concluir el panel, las expertas destacaron la importancia de incluir a los jóvenes y niños en los procesos de participación ciudadana, para cuando tengan la mayoría de edad necesaria, puedan participar del proceso electoral teniendo en cuenta el voto consciente y que apele a sus necesidades como puertorriqueños.

Durante la actividad, también se llevó a cabo un proceso creativo y participativo donde más de 30 jóvenes se juntaron para crear propuestas en torno a temas de país medulares como la violencia de género, las elecciones 2020, los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico, el cierre de vertederos y la búsqueda de oportunidades laborales.

Las estrategias discutidas serán adoptadas por la organización por un período de 10 años.


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