A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Promedical, la empresa australiana a la que la constructora Apex General Contractors compraría el millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus y que luego vendería al gobierno de Puerto Rico, dijo que jamás hizo negocios ni alcanzó acuerdos de ventas con esa ni con ninguna otra empresa o individuo en la isla. 

“Promedical no ha tenido ninguna conversación, ni ha firmado ningún contrato, con Apex General Contractors. Además, la empresa australiana no ha recibido ninguna orden ni recibido pagos de Apex General Contractors”, dijo una portavoz de la empresa, en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

“En este momento, Promedical trabaja predominantemente tanto con el gobierno de Australia como con el gobierno federal de Estados Unidos para cumplir con los contratos de venta de pruebas rápidas de COVID-19. Las pruebas se están distribuyendo de acuerdo con instrucciones recibidas y a la discreción de cada gobierno”, afirmó la empresa.

Promedical precisó que tampoco ha hecho negocios, ni tuvo conversaciones, con ninguna de las personas que se han identificado en Puerto Rico como directivos de Apex. Estos son el dueño, Robert Rodríguez López, su abogado, Juan Maldonado o el empresario Aaron Vick, cuya supuesta firma aparece en representación de Apex en el contrato establecido por Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) con la empresa.

Vick dijo la semana pasada a El Nuevo Día que él nunca tuvo relación alguna con Apex. Agregó que no firmó ningún contrato y tampoco autorizó que su firma aparecieraen el documento.

Promedical, que afirmó que tampoco tuvo contactocon el gobierno local, sostuvo que vende sus pruebas rápidas por menos de la mitad del precio ($38) que la constructora acordó venderle a las autoridades de Puerto Rico. Sin precisar el precio, la empresa australiana dijo: “Promedical vende sus pruebas rápidas a distribuidores aprobados por menos de la mitad del valor identificado por Apex General Contractors”.

Estas expresiones apuntalan las versiones de fuentes de El Nuevo Día en la comunidad científica que dijeron desde el primer momento que Apex intentaba venderle las pruebas al gobierno de Puerto Rico a sobreprecio.

El 26 de marzo, Apex firmó un contrato con Nmead a instancias del Departamento de Salud, para venderle un millón de pruebas rápidas, a $38 cada una, para un monto total de $38 millones. Apex recibió un adelanto de $19 millones con el que, de acuerdo con la versión ofrecida por Promedical, podría haber cubierto el costo total del cargamento, lo que supondría que los restantes $19 millones serían puras ganancias para la constructora.

La orden de compra identifica a Promedical como la empresa que a su vez supliría las pruebas a Apex, una pequeña constructora que nunca había manejado productos médicos, pero cuyos directivos están muy bien conectados en las altas esferas del Partido Nuevo Progresista (PNP). Apex había recibido contratos antes bajo gobiernos del PNP, pero todos en su área de construcción.

El Nuevo Día supo que hubo dos compañías que cotizaron a precios más bajos que Apex, pero que miembros del equipo médico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez en el manejo del coronavirus impulsaron que se contratara a la constructora porque prometió traer el cargamento del millón de pruebas en cinco días, mientras las otras dos lo harían en 10 días y cada una podía importar 500,000. En el caso de una de las dos empresas rechazadas, la cotización era de $13 millones menos que Apex, dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones.

El coordinador del llamado “task force” médico, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, defendió ayer nuevamente la decisión de referir a Apex a las autoridades de Puerto Rico para que le compraran pruebas de coronavirus e invitó a cualquiera a que tenga información de un delito relacionado a esto que lo denuncie a las autoridades.

El contrato de Apex decía que el cargamento debía estar en Puerto Rico el martes 31 de marzo. El 1 de abril, sin el cargamento aquí, el gobierno decidió cancelar la orden, lo cual se concretó el viernes 3 deabril. El comisionado de Nmead, José Burgos, dijo que canceló la orden porque no llegó a tiempo y porque supuestamente los directivos de Apex le mintieron sobre el status del cargamento.

Burgos afirmó la semana pasada a El Nuevo Día que los directivos de Apex indicaron falsamente que el cargamento había llegado a Miami. El secretario de Salud, Lorenzo González, ha dicho, por su parte, que la orden se canceló porque las pruebas no tenían la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para ser utilizadas en Puerto Rico.

Pero tanto Promedical como fuentes del mundo de la ciencia dijeron que las pruebas australianas sí tenían permiso de la FDA para ser usadas en Puerto Rico.

En una conferencia de prensa el miércoles pasado – la última vez que contestó preguntas de periodistas – la gobernadora Vázquez defendió a brazo partido el negocio del gobierno con Apex, asegurando que se había hecho de acuerdo con todas las regulaciones y siguiendo todas las buenas prácticas administrativas. Pero, en el momento de la conferencia de prensa, la mandataria aseguró que no sabía ni cuánto le habían costado las pruebas a Apex, ni por qué no había cumplido con la fecha de entrega.

Ahora se sabe, además, que como parte del largo proceso burocrático descrito por la gobernadora Vázquez en su conferencia de prensa, nadie se percató de que el contrato tenía una firma aparentemente falsa y que la empresa a la que el gobierno le dio un inusual adelanto de $19 millones no tenía un acuerdo preliminar con su contraparte australiana. 

En esta controversial transacción participaron los departamentos de Salud, Hacienda y Seguridad Pública; el Nmead, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de Servicios Generales (ASG). Miembros del “task force” médico de la gobernadora también se involucraron en este trámite. Vázquez indicó que ella no estaba al tanto de nada relacionado a esta transacción ni tuvo ninguna participación en las negociaciones. La exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones, sostuvo que todo este proceso se hizo “en coordinación con [La] Fortaleza”.

El secretario González dijo el lunes a El Nuevo Día que agentes del FBI indagan sobre esta transacción, examinando computadoras y cuentas de correo electrónico. La transacción es investigada también por la FDA, por el inspector general del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), por el Departamento de Justicia de Puerto Rico y por la Cámara de Representantes.

“Aquí ha venido gente a pedir información en relación a todo ese proceso, no solo de la oficina del inspector general (de HHS). También del FDA y del FBI. Han pedido información de muchas formas”, sostuvo González.

Días después de que fracasara la compra del millón de pruebas a Apex, se supo que Oriental Bank canceló las cuentas la empresa cuando se hizo el depósito del adelanto de $19 millones, ya que la compañía nunca había manejado tal cantidad de dinero y la inusual transacción hizo que se activaran los mecanismos de seguridad interna de los bancos contra el lavado de dinero.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés detalló que Oriental le indicó que había pedido información a Apex sobre el depósito de $19 millones, pero que no quedó satisfecho con las explicaciones dadas por la empresa. Oriental también informó al gobierno el viernes 3 de abril que Apex había tratado de mover los $19 millones hacia un banco en Colorado. Es desconocido si ese mismo día la empresa intentó realizar la transacción. o solo surgió el aviso de la institución bancaria.

El sábado 4 de abril, Apex transfirió el dinero de vuelta al gobierno de Puerto Rico.

Los directivos de Apex dejaron en días recientes de contestar preguntas de la prensa por instrucciones de sus representantes legales. Pero cuando hablaron dieron versiones sobre sus tratos con Promedical que contradicen radicalmente lo que afirma la empresa en sus declaraciones escritas.

Tras la cancelación de la orden, Rodríguez López, quien mostró a El Nuevo Día un folleto promocional de Promedical como única evidencia de su supuesta negociación con la empresa australiana, dijo que las pruebas “están disponibles y de requerirlas pudieran estar acá en Puerto Rico”.

“El proveedor tiene las pruebas y está dispuesto a suplirlas si es que surge la oportunidad”, agregó Rodríguez, quien es un asiduo donante de políticos del PNP. “No tengo una fecha particular que le pueda decir que (Promedical) me va reservar eso (las pruebas) hasta el día tal. Claro, vieron que en efecto, yo sí logré un contrato de emergencia y que logré una orden de compra y que se me hizo un adelanto de dinero y saben que no es un juego de mi parte”, agregó.

Maldonado, un ex subsecretario de Transportación y Obras Públicas y quien en enero del año pasado fue despedido de su puesto de director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) cuando prestó una lancha de servicio a Vieques para llevar materiales para una boda privada, aseguró la semana pasada que tras la cancelación de la orden en Puerto Rico podría vender las pruebas a otras jurisdicciones como “en Ohio, o en California”.