"Cuando tengamos el beneficio de esa transcripción, lo evaluarán los abogados de esta oficina a ver si ellos detectanalgo en esas expresiones que pudieran ser violatorios de algún inciso del Código de Ética", indicó la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario.

En medio de cuestionamientos sobre las posibles implicaciones legales de las expresiones contenidas en el chat en el que participa el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y algunos de sus más cercanos colaboradores, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario Vega, confirmó ayer que vela de cerca el intercambio.

Rosario Vega descartó ayer que las expresiones que hizo Rosselló Nevares en un chat de Telegram sean motivo suficiente para iniciar una investigación, pero aseguró que sus abogados tienen “el radar prendido”.

La titular de la OEG advirtió que su oficina tiene poder para requerir la transcripción de la conversación -que supuestamente tiene 900 páginas- entre el gobernador y sus funcionarios cercanos, pero ejercería esa facultad solamente “si sale algo que se puede detectar como una potencial violación a la Ley de Ética”.

“Habría que ver las transcripciones que están saliendo a la luz pública porque, hasta el momento, yo no he detectado violación per se a la Ley de Ética. Eso no quiere decir que, según vayan saliendo las otras páginas, se pueda detectar algo”, reaccionó la funcionaria en entrevista con El Nuevo Día.

Al analizar el contenido del chat, tres abogados consultados por este diario coincidieron ayer en que el primer ejecutivo pudo haber actuado en contra de la Constitución y la Ley de Ética Gubernamental si se confirmara que, en efecto, en uno de sus mensajes instruyó al contratista en publicidad Edwin Miranda, de la firma KOI Americas, que atacara o le “cayera encima” a la exconcejal de Nueva York Melissa Mark-Viverito.

La expresión del mandatario presuntamente fue en respuesta a las críticas de Mark Viverito contra el presidente del Partido Demócrata en EE.UU., Tom Pérez, por favorecer la estadidad.

Sin embargo, Rosario Vega dijo que carecía de los elementos para concluir que se constituyó la comisión de delitos en los pocos comentarios que se filtraron sin mucho contexto.

“Hay cosas que, para mí, tienen mucha más prioridad que cualquier otra cosa que pueda estar pasando; (que) esas moscas que pueden estar pasando”, contestó de forma inmediata.

Pero anticipó que “eso va a madurar”.

“Los que tienen que tener el radar prendido son mis abogados del área de investigaciones… Yo permito que pongan un radar bien calibrado sobre todas estas cosas que están pasando alrededor de la figura de todos estos cocorocos”, dijo en referencia a las figuras de alto calibre que participan en el chat.

La saliente directora de la OEG recordó que, en el chat, participaron tanto funcionarios como contratistas y personas privadas, por lo que se tiene que analizar muy bien cuál es la jurisdicción de esa agencia.

Dudas sobre el alcance

Ayer temprano, trascendió un nuevo fragmento del chat que mantenía Rosselló Nevares con cercanos colaboradores. En los documentos, Miranda aparece compartiendo un enlace de un mensaje publicado por Mark-Viverito, quien condenaba el apoyo a la estadidad que había hecho el presidente del Partido Demócrata.

Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta puta”, sostiene el gobernador aludiendo a Mark-Viverito.

Posteriormente, Miranda responde el mensaje del gobernador con unos enlaces de mensajes de tuiteros cuestionando o criticando las expresiones de Mark-Viverito.

Los abogados entrevistados por este medio recordaron que la expresión del gobernador para activar los equipos de redes sociales de la agencia publicitaria KOI para atender un asunto que podría considerarse partidista -y que no necesariamente persigue un fin público- sería contraria a la disposición constitucional que prohíbe el uso de fondos públicos para promover intereses privados.

“Y los intereses partidistas son, por definición, intereses privados del grupo que comparte una ideología”, explicó Carlos Ramos, abogado constitucionalista.

Desde el inicio del cuatrienio, las firmas KOI Americas y Koi Arise Group han tenido contratos por $568,800 con la Oficina del Gobernador, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

“Solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”, establece la Constitución en la sección 9 del Artículo VI.

“Si, en efecto, se estableciera o se demostrara que esas expresiones fueron hechas por el gobernador y que fueron dirigidas al publicista del gobierno, podrían enmarcar dentro de la conducta prohibida por la Ley de Ética Gubernamental que define como conflicto de intereses aquella situación en que el interés personal o económico puede estar en pugna con el interés público”, dijo, por su parte, el abogado criminalista Pablo Colón, al aludir al artículo K de la sección 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

Esa disposición sostiene que “un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político”.

Es que el gobierno no puede usar los recursos públicos para hacer política partidista”, dijo, por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas Osvaldo Toledo.

“Además, el gobierno no puede, desde su base más fundamental, promover actos para atacar a cualquier tipo de persona que no esté de acuerdo con una ideología”, añadió Toledo.

Las presuntas declaraciones del gobernador, al parecer, fueron el miércoles, 2 de diciembre de 2018.

Censura enérgica

El intercambio del chat de Telegram generó ayer el repudio de políticos y organizaciones civiles. La propia exconcejal de Nueva York reaccionó afirmando que una persona que le llama “puta” a una mujer no debería gobernar a Puerto Rico.

El machismo del gobernador quedó al descubierto”, indicó Mark-Viverito, al señalar que, “cuando un hombre machista quiere desprestigiar a una mujer, utiliza palabras como puta para desprestigiarla, deshumanizarla y degradarla”.

La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, afirmó que “las expresiones sexistas en un chat del team (equipo) del gobernador son ofensivas e inaceptables”. “Yo repudio enérgicamente esas expresiones para referirse a cualquier persona”, sostuvo.

Por su parte, el liderato de la Organización de Mujeres Progresistas del gubernamental Partido Nuevo Progresista, que Rosselló Nevares preside, condenó -en una expresión conjunta- “los términos misóginos utilizados para referirse a una opositora política en un chat del equipo de trabajo del gobernador”.

El grupo está compuesto por las legisladoras Jackie Rodríguez, Maricarmen Mas, y María Milagros Charbonier.

“Repudio ese tipo de comentario. La figura de la mujer se tiene que respetar en todo momento. Espero que el Gobernador aclare este asunto a la mayor brevedad y sin ninguna ambigüedad”, expresó Mas.


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