Raúl Maldonado, Anthony Maceira, Luis Rivera Marín y Ricardo Llerandi. (GFR Media)

A pesar de que renunciaron a sus puestos en el año pasado, dos de los integrantes del chat de Telegram WRF representan, en sus roles nuevos, a entidades gubernamentales o a clientes privados en reuniones con el gobierno.

Estos son el exdirector de Puertos, Anthony Maceira Zayas, y el ex secretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín, según una investigación de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día.

Maceira Zayas representa legalmente al Banco de Desarrollo Económico (BDE) y a una corporación que tiene $11.4 millones en contratos con los municipios.

El abogado ostentó también el cargo de ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza desde enero a julio de 2019.

Solo cinco días después de su salida de la Autoridad de los Puertos en noviembre de 2019, Maceira Zayas incorporó la compañía Insight LLC, cuya oficina registrada es en la avenida Juan Ponce de León.

Este diario confirmó, mediante la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), que el exdirector de Puertos representa a Redline Global, seleccionada por algunos municipios como consultor administrativo para el programa de Asistencia Pública de FEMA. Esta compañía, creada a finales de 2017, tiene $11.4 millones en contratos con los municipios de Arecibo, Arroyo, Canóvanas, Toa Alta y Toa Baja. Sus oficinas se ubican en el hangar 4 del aeropuerto Fernando Ribas Dominicci, en Isla Grande. El fin de la compañía es proveer servicios profesionales relacionados con la recuperación ante desastres, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Además, Maceira Zayas es contratista independiente de la firma legal Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, según hizo constar en una consulta que hizo a Ética Gubernamental para saber si como parte de esas funciones podía asumir la representación legal del Banco de Desarrollo Económico en un una demanda para declarar nula una cartera de préstamos. La oficina avaló esa representación.

Por su parte, Rivera Marín continúa vinculado indirectamente al sector público como representante legal de GP Strategies, una corporación que tiene $11.8 millones en contratos con los municipios para ofrecer consultoría administrativa y gerenciar proyectos con los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

El director del COR3, Ottmar Chávez, confirmó a El Nuevo Día que Rivera Marín representa a esa corporación, luego que este diario le abordara sobre la presencia del exfuncionario en las oficinas de COR3 a finales de diciembre. GP Strategies tiene contratos con nueve municipios para gerenciar el programa de Asistencia Pública de FEMA. La relación de Rivera Marín con GP Strategies se dio por medio de Grupo Atabaya LLC, una entidad creada en enero de 2019, que opera como subcontratista, especificaron dos fuentes.

En una entrevista reciente con este diario, Rivera Marín señaló que intenta seguir adelante con su vida profesional, pero reconoció que ha sido difícil sobrellevar lo sucedido desde el verano y, ahora, con el referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Además, el exsecretario de Estado labora con el bufete Porzio Bromberg Newman LLC. El pasado 3 de septiembre, hizo una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental porque consideraba una oferta como abogado externo en esa oficina, que tiene sede en Nueva Jersey. Porzio abrió oficinas en San Juan a principios de octubre, en los predios de Caribbean Legal Advisors LLC, una compañía donde Rivera Marín fungió como principal desde 1996.

Otros vínculos

Además de estos dos, el exsecretario de Hacienda y ex secretario de la Gobernación Raúl Maldonado Gautier le anticipó a Ética Gubernamental que interesa ofrecer "asesoramiento gerencial y legal a la Legislatura, a los municipios y entidades del sector privado”. Aún no hay registrado en la Oficina del Contralor contrato alguno directo con Maldonado Gautier o su corporación Legal Investment LLC.

El propósito de esta corporación, registrada tres meses después de salir del gobierno, es representar “inversionistas locales y foráneos para desarrollar negocios nuevos en Puerto Rico, comprar negocios en marcha o comprar activos del gobierno disponibles para venta a terceros”, según él mismo le anticipó a Ética Gubernamental en una consulta que suscribió el 25 de agosto de 2019.


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