Los centros comerciales estarán cerrados hasta el 30 de marzo. (GFR Media)

Tanto el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román, como el decano de la Escuela de Derechos de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, advirtieron hoy que el toque de queda emitido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced -el cual con muy pocas excepciones exige que la ciudadanía permanezca en sus casas las 24 horas del día hasta el próximo 30 de marzo-, raya en una Ley Marcial.

A pesar de que inicialmente, a partir de lo que se desprendía del mensaje televisado de la gobernadora, Fontanet favoreció el mecanismo de un toque de queda para controlar el contagio del coronavirus en la isla, tras la explicación de la primera ejecutiva, el abogado indicó que la extensión y aplicación del mecanismo no se justifican en el escenario que vive el país y está sujeto a un ataque constitucional.

“Las personas tienen que proteger su propiedad, sus negocios y, además, mediante órdenes ejecutivas no se pueden crear delitos. Eso es exclusivo de la Asamblea Legislativa”, dijo.

“Hay que mirar con mucha cautela estas órdenes ejecutivas, porque limitan los derechos constitucionales. Pero, por otro lado, tenemos que reconocer que el tema del coronavirus es un asunto muy difícil de manejar y que el estado tiene que estar muy receptivo a la opinión de los expertos en el tema de la salud y ver cómo ambos conceptos, la salud y el derecho, pueden armonizarse”, señaló Fontanet.

Pero, ¿por qué la orden ejecutiva raya en una posible Ley Marcial? Fontanet sostuvo que la directriz elimina actividades esenciales en los negocios, las universidades y las iglesias, por ejemplo. “La gente debe tener la potestad de ir a realizar esas gestiones esenciales de mantenimiento y de funcionamiento y, ciertamente, el escenario del coronavirus no lo justifica. Por eso una ley marcial solo se activa en casos de rebelión no en caso de una pandemia”, sostuvo.

El decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana explicó que el toque de queda es un mecanismo que establece de manera específica una restricción a la libertad de movilidad a las personas que viven en Puerto Rico. Mientras, en la Ley Marcial se eliminan los derechos constitucionales del ciudadano. “Estaríamos hablando de una rebelión o una guerra, un escenario totalmente distinto a lo que es una pandemia.

En Puerto Rico, la experiencia con el toque de queda es muy poca, dijo. Recordó que en 1987 el exgobernador Rafael Hernández Colón limitó la movilidad de los menores de edad en horario nocturno. Mientras, más recientemente, en septiembre de 2017, el renunciante gobernante Ricardo Rosselló restringió del desplazamiento ciudadano -también a través de la aprobación de una orden ejecutiva- en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. a raíz del paso del huracán María por la isla. Inicialmente, su efectividad era hasta el 23 de septiembre, pero luego de varios cambios, finalmente quedó sin efecto el 18 de octubre.

De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha intervenido en estos casos, aunque sí hubo una opinión sobre la validez del toque de queda impuesto en 1987. En esa opinión se estableció que el esquema regular de toque de queda siempre “debe velar porque no se afecten los derechos de libertad de expresión, asociación y movimiento más allá de los limites estrictamente necesarios para alcanzar el fin deseando”.

A preguntas de este rotativo reconoció que es fácil confundir una Ley Marcial versus un toque de queda a pesar de que su aplicación es viable en dos escenarios muy distintos. Recordó que, durante su administración, Rosselló hablaba de ambos mecanismos como si fueran sinónimos. “Durante la ley marcial no hay derecho alguno, estás en tu casa y el gobierno puedo arrestarte porque no hay rebelión. Aquí es un asunto de salud”, subrayó.

Por su parte, Román dijo que la directriz limita drásticamente derechos fundamentales como la congregación religiosa, el acceso a la justicia, la libertad de movimiento, el flujo de negocios, entre otros. “Las medidas necesarias y serias para atender la difícil situación salubrista no pueden ser pretexto para desprender a la ciudadanía de sus derechos más básicos, desde el poder del Estado”, subrayó.

El letrado reconoció, sin embargo, que la orden de cierre de la actividad de gobierno, los centros comerciales, cines y eventos públicos, desde una perspectiva de protección de la salud pública, es una medida correcta.

La atención punitiva en contra de la ciudadanía y en plazo excesivamente corto hace de la medida una de muy difícil cumplimiento y se presta para situaciones discriminatorias. El Estado debe ser muy cauteloso al momento de intervenir con quien se encuentre en lugares públicos aun por razones no contempladas como excepción en la orden ejecutiva.

La orden ejecutiva permite a los ciudadanos transitar o caminar por las vías de uso público entre 5:00 a.m. a 9:00 p.m. solo para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como para asistir a hospitales, laboratorios y citas médicas. También podrán transitar en este horario empleados públicos y privados en áreas esenciales, quienes vayan a realizar una transacción bancaria y aquellas personas dedicadas a asistir o cuidar grupos vulnerables, como niños y personas de edad avanzadas o con diversidad funcional. El toque de queda es hasta el 30 de marzo.

El documento también ordena el cierre de todos loscomercios a partir de hoy a las 6:00 p.m. hasta el 30 de marzo con excepción de aquellos dedicados a la venta de alimentos al detal solo mediante el modelo de servicarro o delivery, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancaras, centro de cuido de ancianos o aquellos relacionados a la cadena de distribución de alimentos.


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