Washington - El organismo de control que se creó para imponer disciplina presupuestaria a Puerto Rico no tiene fundamento democrático, descansa en un patrón de abuso y discrimen racionalizado en la doctrina de los Casos Insulares y tiene su origen en el inconsistente y amplio poder que el Congreso federal ejerce para “encender o apagar” la Constitución de Estados Unidos en los territorios que posee.