Previo a otorgar una bonificación especial a empleados exentos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), incluyéndose, la ex presidenta alterna del ente, Jessika Padilla Rivera, pidió una opinión a la Oficina de Asuntos Legales, que concluyó que estaba facultada en ley y por reglamento para conceder la remuneración.

Sin embargo, la opinión legal –en poder de El Nuevo Día– no menciona la ley Promesa, que establece que el gobierno debe someter ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para aprobación, aquellas transacciones que conlleven cambios en partidas o gastos extraordinarios.

Este medio también tuvo acceso a una certificación interna que establece que, “en los récords de las áreas administrativas, no existe documento alguno de la pasada presidenta alterna o de alguna otra persona en su representación que sustente los criterios de elegibilidad, evaluación o distribución utilizados para la determinación del pago único” a 65 empleados exentos. La certificación tiene fecha del 27 de mayo de 2025, y está firmada por el administrador de la CEE, José J. Pintor Santiago.

La opinión legal, en tanto, fue emitida, el 28 de febrero de 2025, por la licenciada Valeria Belvis Aquino, como directora interina de Asuntos Legales. La abogada concluyó que, “entre las prerrogativas” de Padilla Rivera, se encontraba “determinar si implementa o no la otorgación de una bonificación a los empleados de carrera y confianza exentos”.

Belvis Aquino validó su determinación al amparo del Artículo 3.8 del Código Electoral, que establece, según la opinión, que “la presidenta tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los reglamentos de la Comisión, la administración de sus dependencias y su presupuesto”. Se sustentó, igualmente, en el Reglamento de Retribución Uniforme de la CEE, que indica que “el presidente podrá adoptar métodos complementarios de compensación, tales como sistemas de bonificación basados en estándares de productividad, eficiencia y por servicios extraordinarios durante eventos electorales”.

Dos fuentes con conocimiento de lo sucedido indicaron que, aunque la opinión legal estaría correcta en derecho, obvió la existencia de la JSF. Detallaron, además, que el dinero para la bonificación –otorgada en la primera quincena de abril de 2025– provino de fondos destinados para pagar a empleados transitorios, como parte del proceso electoral de 2024.

El miércoles, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) informó que acogió la recomendación del Departamento de Justicia para investigar a Padilla Rivera, tarea que liderarán las licenciadas Leticia Pabón Ortiz, como fiscal especial independiente, e Ileana Agudo Calderón, como fiscal delegada.

La ex presidenta alterna es representada por el bufete Lamboy Law Office, específicamente por el abogado Yuseph Lamboy, quien, el miércoles, solicitó a la CEE documentos de todas las gestiones realizadas por el ente sobre este tema y las peticiones de información de organismos externos.

“Padilla Rivera ha procedido, en todo momento, de conformidad con la ley y dentro del ámbito de sus funciones, observando los principios de sana administración pública y atendiendo las recomendaciones emitidas por la División Legal, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Presupuesto, las cuales fueron el resultado de evaluaciones independientes realizadas por personal competente de la CEE”, lee la solicitud de información, de ocho páginas.

Bajo la administración de Padilla Rivera, el licenciado Martín Andrés Toro dirigía Recursos Humanos. Ahora, bajo la presidencia de Jorge Rivera Rueda, dirige la División Legal.

“Siempre hemos reiterado que mi clienta es inocente de cualquier tipo de actividad criminal, que aquí no la hubo. Y los documentos que estamos solicitando, que es información pública, van a demostrar varias cosas. Primero, que la idea de realizar el pago único no recurrente no vino de mi clienta; que la recomendación legal favorable de si se podía hacer el pago único no vino de mi cliente”, dijo Lamboy este jueves, en entrevista telefónica.

El abogado también atribuyó los “señalamientos” contra Padilla Rivera a “su negativa a otorgar el pago único no recurrente a personas que no cumplían con los requisitos legales y administrativos aplicables, incluyendo no ostentar la condición de empleados de la CEE al momento de la autorización del pago, ni contar con registro válido de horas de asistencia”.

Tras el otorgamiento del bono, el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista, Felixavier Méndez Soto, y la abogada Maialin Steidel Figueroa reclamaron a Padilla Rivera sobre los parámetros utilizados. Méndez Soto, quien recibió la compensación y luego dijo que la devolvería, cuestionó el listado de empleados seleccionados. Mientras, Steidel Figueroa, afiliada al Partido Popular Democrático, recurrió a los tribunales en busca de información sobre los criterios seguidos para la concesión.

Según Lamboy, el listado de los empleados beneficiados lo preparó Recursos Humanos, y al preguntársele por qué se obvió, en la opinión legal, el rol de la JSF, contestó: “Cada cual que asuma su responsabilidad”. El Nuevo Día tiene la lista de los empleados exentos beneficiados, que son aquellos que no cobran horas extras.

“La petición que hemos hecho va a establecer, sin lugar a dudas, que mi clienta no cometió ningún tipo de delito, que aquí no hay ningún tipo de dolo, que aquí no hay ningún tipo de intención criminal. Porque lo único que hizo mi clienta fue acoger las recomendaciones de los expertos en la materia en la Comisión”, enfatizó.

Cuestionó, de paso, que el Departamento de Hacienda haya desembolsado el dinero si supuestamente se trataba de un acto ilegal.

La investigación contra Padilla Rivera comenzó con un referido a Justicia presentado, el 29 de mayo de 2025, por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, quien, además, como medida cautelar, retuvo del presupuesto de la CEE los $174,105.20 que la ex presidenta alterna destinó al pago del bono.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) también habría recibido un referido de Rivera Berríos.

Al respecto, la OEG indicó, por escrito, que la “investigación administrativa” que encaminó “fue paralizada cuando el Departamento de Justicia asumió jurisdicción sobre los mismos hechos y permanece detenida tras la designación de un fiscal especial independiente”.

“Concluidos esos procesos, la OEG evaluará y continuará su investigación conforme con las disposiciones de la ley orgánica”, informó su portavoz, Luis Torres Albizu.

Tras la recomendación de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales comenzó una pesquisa administrativa, tomó medidas cautelares y apartó de cualquier caso vinculado con el Estado a Padilla Rivera, quien está asignada a la región judicial de Bayamón. Padilla Rivera fue nombrada jueza superior, en 2019, por Ricardo Rosselló Nevares, por un término de 16 años.

Previamente, tras otra investigación, la Oficina del Inspector General (OIG) concluyó, el 5 de agosto de 2025, que Padilla Rivera autorizó pagos sin cumplir con la ley Promesa ni consultar a la OGP ni la JSF. Destacó, incluso, que no se documentaron criterios objetivos para justificar dichos pagos.

La OIG también señaló aparentes irregularidades en el trámite mediante el cual Padilla Rivera se adjudicó una bonificación de $9,304.20. “Se encontró que pudo haber una posible modificación de las hojas de asistencia para justificar un desembolso a la entonces presidenta de la CEE”, sostuvo, entonces, la dependencia, un planteamiento que su abogado rechazó.