Un proyecto que busca convertir en ley el protocolo vigente del Departamento de Educación para proteger a estudiantes de intervenciones migratorias en escuelas sufrió enmiendas que podrían dejar fuera algunas protecciones a estos alumnos que estaban incluidas en la versión original, como el que un menor se mantenga en un espacio seguro mientras se corrobora la legalidad de una orden presentada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o que se hagan fuera del horario escolar.

Si bien la versión final del Proyecto del Senado (PS) 1062 aprobada eliminó la enmienda que daba luz verde a intervenciones con una orden o subpoena administrativa, como ya sucedió con los datos confidenciales de licencias de conducir de inmigrantes, senadores mostraron oposición por algunos cambios que, a su juicio, desvirtúan la intención original de la legislación.

La última enmienda para eliminar las “órdenes administrativas” como una de las vías para acceder a una escuela fue presentada por la autora de la medida, Nitza Morán Trinidad, en el hemiciclo después de señalamientos de las minorías legislativas.

Esta medida fue aprobada por 18 senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y dos del Partido Popular Democrático (PPD). En cambio, rechazaron la legislación dos legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y los dos independientes. El resto se abstuvo o se ausentó de la votación.

La versión final del proyecto fue enviada anoche a la Cámara de Representantes. De ser avalado en ese cuerpo legislativo sin enmiendas, pasará a manos de la gobernadora Jenniffer González para su evaluación.

En tanto, Rebecca González, directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), rama investigativa del ICE, dijo el martes que su compromiso con no realizar operativos en escuelas o iglesias sigue vigente, pero se han reportado recientes intervenciones migratorias en escuelas e iglesias.

“Las escuelas, los hospitales y las iglesias están consideradas como ‘sensitive locations’, que son ubicaciones sensitivas. Nosotros respetamos esa ubicación sensitiva. Si ha habido alguna intervención en una iglesia, en un hospital o en una escuela, es porque han habido individuos que han corrido hacia esa periferia”, sostuvo González Ramos.

De acuerdo a la versión de la medida llevada a la sesión del jueves, se tachó la disposición que establecía: “Mientras se valida la legalidad de la intervención, el estudiante deberá permanecerá protegido en un lugar seguro de la escuela, sin ser entregado ni interrogado por ningún agente federal”. Otra eliminación fue la prohibición sobre las intervenciones durante horas de clase o dentro de salones o espacios en los que se interrumpa el derecho a la educación de otros estudiantes.

“Ninguna legislación dirigida a proteger a la niñez inmigrante debe terminar facilitando las mismas intervenciones de las que originalmente procuraba protegerla”, advirtió la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, que cuestionó la eliminación del análisis legal para entregar datos de estudiantes.

El senador del PIP, Adrián González Costa, señaló que el último inciso del artículo 7 del PS1062 establece una “salvaguarda de la autoridad federal” que podría ser “peligrosa” bajo la interpretación de agentes que quieran intervenir con un estudiante.

“Nada de lo aquí dispuesto tendrá el efecto de imponer condiciones adicionales al ejercicio de las facultades conferidas a las autoridades federales, exigir autorización de funcionarios del Gobierno de Puerto Rico para la ejecución de actuaciones federales legalmente autorizadas, ni impedir, retrasar u obstaculizar su cumplimiento”, lee el inciso.

“Eso no estaba en la versión original. Es injusto con el secretario de Educación y decir que lo favorece cuando él favoreció el proyecto original. Crearon un estado de derecho contrario a las protecciones vigentes que tiene el Departamento de Educación”, sostuvo González Costa, quien tampoco se oponía al proyecto antes de que fuera modificado por la Comisión de Gobierno.

Su delegación presentó el año pasado una medida por petición de la ACLU para prohibir redadas en escuelas, pero recibió un informe negativo de la misma comisión que modificó este proyecto que ha generado malestar en la comunidad migrante.

Por su parte, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, se excusó de la votación por una actividad universitaria en Aguadilla, pero aseguró que, al igual que el PIP, estaba de acuerdo con la versión original del PS1096. Incluso, recordó que la senadora popular Ada Álvarez Conde, quien tampoco estuvo presente cuando se votó, había tomado un turno en contra de la medida.

Su delegación, explicó, entendió que la parte “más crítica” de las enmiendas en comisión era que le permitían entrar a ICE a una escuela sin una orden judicial, lo que se ajustó en la versión final.

“Si me preguntas a mí, no hubiera votado a favor por el proyecto. Cada senador tiene su criterio y si entendían que las enmiendas que se hicieron, por lo menos, hacían algo más viable. El escenario ideal era que no permitamos nada, pero siempre va haber algo que ellos pudieran hacer”, agregó.

Al rechazo de la medida se unieron este viernes activistas de la comiunidad dominicana en Puerto Rico y funcionarios electos de Estados Unidos como Zhoran Mamdani, alcalde de Nueva York, y otros congresistas, quienes expresaron oposición a que ICE entre a escuela boricuas a intervenir con estudiantes.

El protocolo actual de Educación fue implementado en febrero de 2025 cuando se recrudecieron las redadas de ICE. Este documento fue revisado por el entonces cónsul dominicano César Cedeño y por González Ramos, quien en ese momento dirigía las redadas en Puerto Rico. Esta fue la única agencia que preparó un protocolo para proteger esta población.

Actualmente, ningún menor no puede ser detenido de no mediar una orden judicial y la Oficina de Asuntos Legales de Educación debe certificar que procede conforme a derecho.

Además, el documento establece que no se puede brindar acceso o proporcionar información sobre estudiantes menores de edad ni la asistencia o ubicación de estos sin la previa autorización de los padres, madres, tutor, superintendente regional o la Oficina de Asuntos Legales. Ningún menor tampoco puede ser interrogado o entrevistado sin contar con la presencia de sus padres, con patria potestad o encargado legal y/o, en su defecto, por la representación diplomática del país de procedencia.