El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, procurará que su administración tenga presencia en redadas migratorias, no a través de la Policía Municipal, sino con personal de la Oficina Municipal de Asistencia al Inmigrante para proveer asistencia legal y social a las personas detenidas y sus familias.

Con ese objetivo, el ejecutivo municipal solicitó este martes a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), rama investigativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que le notifique sobre los operativos que se realicen en la capital.

“Solicité que, cuando se fuesen a llevar a cabo intervenciones, fuésemos informados para tener presencia, no de la Policía Municipal, pero sí de la Oficina de Asistencia al Imigrante. Nosotros queremos saber quiénes son, si ha habido violación a sus derechos, darle apoyo legal o el que necesiten. En ocasiones, se interviene con una persona que por su estatus legal es removido, pero hay una familia que necesita asistencia”, destacó Romero Lugo, al salir de un encuentro con la directora de HSI de San Juan, Rebecca González Ramos.

La agente especial de HSI llegó hasta la Casa Alcaldía para reunirse con el alcalde, quien envió una carta, la semana pasada, pidiendo que se investiguen administrativamente las recientes redadas migratorias, de las cuales se ha denunciado el uso de intimidación, armas largas, la entrada a iglesias y actos violentos.

“El ‘feedback’ es positivo en el sentido de que ellos me indicaron que tienen todo documentado, que las intervenciones se hacen luego de una revisión de la oficina de procesos legales que ellos tienen”, manifestó el alcalde, que también requirió datos actualizados de las intervenciones en la isla y que se respondiera su solicitud por escrito.

El reclamo de Romero Lugo se produjo luego del operativo del fin de semana del 22 al 25 de octubre, dirigido por la oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) de Miami, que envió agentes de Florida a Puerto Rico y persiguieron inmigrantes en Barrio Obrero y Villa Palmeras, en Santurce, al igual que en el centro de Río Piedras.

“Tenemos una comunicación abierta con todos los alcaldes, específicamente con el alcalde de San Juan, que siempre ha sido un aliado de nuestras investigaciones criminales. Así que fue una reunión muy buena, y estamos aquí para aclarar cualquier inquietud que él tenga”, sostuvo, por su parte, la agente especial, que se encuentra destacada en Washington D.C. como directora asociada interina de Operaciones Administrativas de HSI.

Romero Lugo dijo que pidió que se identificara un contacto directo con ERO para canalizar las denuncias ciudadanas y dar seguimiento a situaciones que puedan afectar a residentes en San Juan. “La agente González Ramos indicó que comunicaría a ERO la necesidad de establecer mecanismos de comunicación que ayuden a prevenir conflictos durante estas intervenciones”, explicó.

El acalde de San Juan estuvo acompañado por el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson Rodríguez, y otros jefes de las dependencias municipales.

Este diario reportó la entrada el sábado de tres agentes al patio de la Parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedras, intimidando a más de una docena de feligreses que estaban reunidos en esa iglesia.

“Las escuelas, los hospitales y las iglesias están consideradas como ‘sensitive locations’, que son ubicaciones sensitivas. Nosotros respetamos esa ubicación sensitiva. Si ha habido alguna intervención en una iglesia, en un hospital o en una escuela, es porque han habido individuos que han corrido hacia esa periferia”, sostuvo González Ramos.

Pero insistió en que HSI no fue parte de la intervención en la iglesia ni en otra reportada en una escuela en San Germán. “No estuvimos presentes. No puedo hablar en cuanto a estos hechos específicos, pero sí les puedo decir que están consideradas ubicaciones sensitivas y que se respetan”, enfatizó.

Por otro lado, González Ramos negó que Puerto Rico fuera parte de una operativo de 72 horas dirigido a inmigrantes conductores de camiones pesados, que se realizó en 15 jurisdicciones de Estados Unidos.

Mientras, respecto a la información que obtuvo HSI San Juan de más de 6,000 licencias provisionales de inmigrantes suministrada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), González Ramos respondió que los datos se utilizan para la “inteligencia” de sus pesquisas criminales.

“Se obtuvo con una subpoena administrativa. De no comparecer el Estado, pues se iba a ir al tribunal y se obtenía con una orden judicial. Pero comparecieron”, respondió.

Al respecto, Romero Lugo argumentó, por separado, que se debían seguir las protecciones que establece la Ley 97 de 2013, que proveyó una vía para otorgar licencias a inmigrantes sin estatus regularizado y ordenó al DTOP establecer mecanismos para proteger la información.

“La ley en Puerto Rico establece que esa información es confidencial. La ley local es tan válida como la ley federal. Creo que hacer eso tan rápido, si le hubiese tocado a un funcionario bajo mi supervisión, mi expectativa es que eso se hubiese referido al Departamento de Justicia, que le hubiesen pedido a los tribunales y que se defendiera la ley local”, puntualizó Romero Lugo.

“Si recibo una petición de información sobre las mujeres embarazadas que no tienen estatus legal, que han ido al Municipio, yo no la voy a dar. Eso tiene que ir a los tribunales”, enfatizó el alcalde.