Una comisión parlamentaria francesa comenzó este martes la investigación de los fallos en la gestión de los disturbios del 17 de octubre pasado, cuya responsabilidad asumió por completo hoy el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, quien defendió la actuación de alerta de los servicios de inteligencia.

“El fracaso constatado no presupone por sí mismo una falta de los servicios del Estado”, afirmó Nuñez durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre los episodios de violencia registrados el 17 y 18 de octubre, y cuyas imágenes de destrozos y saqueos dieron la vuelta al mundo.

El ministro sí reconoció que la previsión del número de participantes en las protestas pudo ser inferior a la real, pero sostuvo que esta circunstancia no fue el principal problema y que una estimación más precisa no habría bastado para evitar los graves incidentes, en los que se prendió fuego a edificios públicos y se saqueó unos 3.000 comercios.

“La diferencia no radicaba tanto en la previsión del número de participantes como en la intensidad de la violencia de aquel día”, mantuvo Nuñez, quien presentó entonces su dimisión al presidente francés, Emmanuel Macron, quien la rechazó.

“Los delincuentes, saqueadores y vándalos que intervinieron en varios lugares, y en mayor número del previsto, dificultaron la labor de las fuerzas de seguridad”, aseguró.

El ministro afirmó que los servicios de inteligencia habían advertido del potencial insurreccional de la movilización, de la participación de grupos de ultraizquierda y del riesgo de ataques contra comercios y edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Según explicó, los informes también alertaban de la posible formación de grupos de ultraizquierda y de la organización de manifestaciones espontáneas dirigidas hacia centros de poder en varias ciudades francesas, como sucedió en París.

Señaló que el 16 de octubre, un día antes, envió instrucciones a los prefectos para gestionar los posibles bloqueos, supervisar las manifestaciones mediante un principio de desescalada e intervenir sistemáticamente en caso de violencia contra personas o bienes.

También defendió la dimensión del dispositivo policial, que en momentos se vio sobrepasado por las circunstancias, y explicó que las 75 unidades de fuerzas móviles disponibles fueron prácticamente desplegadas en su totalidad, con la excepción de cinco que tuvieron que cubrir otros acontecimientos.

El ministro justificó, asimismo, su decisión de no movilizar más efectivos por el desgaste acumulado por policías y gendarmes tras semanas de protestas estudiantiles, que comenzaron a finales de septiembre, y defendió la necesidad de preservar su descanso para garantizar su integridad física y el control de sus actuaciones.

En cuanto al desarrollo de los acontecimientos, Nuñez señaló que los grupos de ultraizquierda actuaron antes de lo habitual y de manera más autónoma, provocando enfrentamientos desde el comienzo de las manifestaciones, especialmente en Marsella y París, cuando lo habitual suele ser al final de las marchas.

Nuñez admitió haber diseñado un dispositivo “muy diferente” los sábados siguientes, el 24 y 31 de octubre, con movilización de vehículos blindados, cañones de agua, un “preposicionamiento de las fuerzas de seguridad” y una “movilidad” mucho mayor de los agentes de policía y los gendarmes movilizados.

Y sobre el movimiento estudiantil, el ministro lamentó que se hubieran producido “heridas graves”, como la amputación de la mano de un estudiante en Lens (Norte). Sin embargo, argumentó que, ante la violencia “sin precedentes” del movimiento estudiantil, el uso de “armamento intermedio”, como ciertas granadas, era necesario.

Si bien las granadas aturdidoras siguen prohibidas en los movimientos estudiantiles, sí lo estuvo el 17, el 24 y el 31 de octubre.