Mientras sigue su curso la pesquisa para determinar si se le asigna o no un fiscal especial independiente a la ex presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) tomó medidas cautelares, y la apartó o desvinculó de cualquier caso vinculado con el Estado.

“Como medida cautelar, se hizo una reasignación en los casos que atiende la jueza Jessika Padilla Rivera. Actualmente, solo tiene asignados asuntos de naturaleza civil en los que el Estado no es parte”, dijo, por escrito, Jean Pérez Nieves, portavoz de la OAT, a petición de El Nuevo Día.

La movida de la OAT surge luego que, el 12 de enero, el Departamento de Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) asignar un fiscal especial para investigar a Padilla Rivera, quien es jueza en la región de Bayamón.

La OAT informó, en ese momento, que comenzaría una pesquisa administrativa.

El Departamento de Justicia tomó esa determinación al concluir una investigación sobre presunta malversación de fondos públicos debido a que Padilla Rivera ordenó, mientras aún presidía la CEE, el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos –incluida ella misma– en abril de 2025.

A juicio del Departamento de Justicia, existe causa suficiente” para creer que Padilla Rivera “incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el Artículo 264 del Código Penal”, así como en “conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental”, según un comunicado de prensa emitido al hacer la recomendación.

Ahora, corresponde que la Opfei determine si concurre o no con la recomendación de Justicia.

Padilla Rivera concedió la bonificación, bajo el nombre de “pago único no recurrente a los empleados exentos” la primera quincena de abril de 2025. La bonificación fue investigada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), ente que determinó, el 5 de agosto, que los bonos otorgados no cumplieron con leyes vigentes ni con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ni con la de Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Se encontró que pudo haber una posible modificación de las hojas de asistencia para justificar un desembolso a la entonces presidenta de la CEE, que ascendió a $9,304.20”, puntualizó la OIG.

En diciembre pasado, el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, optó, a modo de “penalidad”, retener del presupuesto de la CEE los $174,105.20 que corresponderían a esa bonificación.