Departamento de Hacienda (semisquare-x3)
Departamento de Hacienda (GFR Media)

El contrato que Raúl Maldonado otorgó a la empresa OPG Technology Corp. durante su primera incumbencia en la secretaría de Hacienda no solo está bajo escrutinio del Departamento de Justicia estatal, sino que también las autoridades federales investigan los pormenores de ese acuerdo.

El Nuevo Día confirmó ayer, por al menos tres fuentes, que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investiga a OPG Technology desde el año pasado.

Orlin Goble, propietario de OPG Technology Corp., obtuvo el contrato con Hacienda en marzo de 2017 para tener a cargo la venta, cobro y suministro de las máquinas de impresión de sellos y comprobantes en esa agencia.

“Están trabajando en el caso de sellos y comprobantes”, dijo una de las fuentes cercana a la pesquisa que habló bajo condición de anonimato.

La investigación, según la fuente, compara en dimensión con el caso de fraude en la Lotería de Puerto Rico que dieron a conocer, en diciembre del año pasado, las autoridades federales.

Esa investigación dio pie a un operativo en el que fueron arrestadas 22 personas tras encontrarse que se apropiaron de $560,640 que pertenecían a la Lotería de Puerto Rico.

La evaluación y la auditoría del contrato de OPG Technology que ordenó la exsecretaria de Hacienda Teresita Fuentes fue uno de los elementos que precipitaron la salida de la funcionaria de la agencia la semana pasada.

Este diario supo que los asesores de Fuentes hallaron múltiples asuntos que levantaron una bandera roja respecto a si el contrato era en beneficio del mejor interés del gobierno.

Con la salida de la funcionaria, dijeron varias fuentes consultadas, se desconoce en qué quedó la auditoría encomendada.

Sin embargo, la evaluación de los asesores de la exsecretaria de Hacienda provocó que se alertara a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sobre las supuestas fallas del contrato, indicaron las fuentes.

La agencia ya investigaba alegaciones sobre supuestos actos fraudulentos relacionados con sellos y comprobantes. La información que proveyó Hacienda sobre el acuerdo contractual con OPG Technology complementó esa pesquisa, según las fuentes.

El contrato de OPG Technology con Hacienda no refleja cuantía, pues la empresa cobra un porcentaje de las ventas por conceptos de sellos y rentas, según establece el documento en poder de este diario.

Además, se trata de un contrato con exclusividad en el que Hacienda da acceso a la empresa al “sistema en línea de todas sus colecturías”.

La empresa de Goble ha tenido contratos con Hacienda desde antes de este cuatrienio. Pero, al llegar la administración de Alejandro García Padilla, el entonces secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, canceló el pacto.

La cancelación se hizo luego de una opinión de Justicia que determinó que el documento tenía cláusulas “que violaban la Ley de Contabilidad”, que regula el uso de fondos públicos, según ha dicho Zaragoza.

Hacienda acudió entonces al Tribunal Federal para que determinara si la aplicación que habían desarrollado internamente para vender los sellos y comprobantes violentaba los derechos de propiedad intelectual de la compañía.

Ese pleito continuó hasta que, tres meses después de que llegara al poder la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Maldonado le concedió nuevamente el contrato a OPG Technology, según los registros del Contralor.

Ese era, según las fuentes, uno de los aspectos que más preocupaban a la extitular de Hacienda, que el contrato se produjera en medio de una demanda que inició el propio Departamento de Hacienda.

Las fuentes dijeron que la exsecretaria también fue informada de que la agencia había perdido constancia de la cuantía de los sellos y comprobantes que vendía la empresa.

Ese monitoreo era lo que le permitía a Hacienda saber cuánto dinero debía entregarle OPG Technoly a la agencia producto de esas ventas.

Aunque Fuentes no pudo completar la auditoría sobre el contrato, fue informada, junto a algunos subalternos, de la pesquisa que realizaban agentes del FBI, dijeron tres fuentes. Al ser contactada por este diario, Fuentes no quiso emitir declaraciones.

Darle seguimiento a esta pesquisa es uno de los asuntos que Fuentes dejó inconclusos, supo este diario.

Igualmente, quedó en el tintero la entrega de los estados financieros auditados del 2016 que debían salir en marzo próximo.

La OEG coteja consultas

De otra parte, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, reveló que las consultas que hizo Maldonado a su oficina el año pasado sobre contrataciones en Hacienda están hoy bajo corroboración.

“Estamos corroborando datos”, indicó Rosario a El Nuevo Día.

La funcionaria refirió ayer a Maldonado la pregunta de por qué no fue hasta el 2018 que él solicitó las consultas a la OEG sobre la empresa Virtus Consulting y los contratos que posee su hijo, Raúl Maldonado Nieves, con el gobierno, a pesar de que los acuerdos se concretaron en el 2017.

Rosario dijo que la consulta de la OEG es sobre “un aspecto en particular”, que se limita a lo que pregunta el funcionario. “Toda consulta a esta oficina nace de que la parte que nos está consultando nos dé toda la información que esta oficina necesita para evaluación. La oficina no investiga si lo que me está diciendo es bueno, malo o regular”, sostuvo.

“Esto lo maneja el área de asesoramiento, no el de investigaciones. Si luego yo me entero que hubo información que no me dio, entonces lo mando al área de investigaciones”, agregó.

Rosario rechazó que, con ese proceder, la OEG “pierda jurisdicción”.

Esta no reveló a qué obedeció la reunión de Maldonado con ella el pasado lunes y si tiene ante su consideración una queja ética contra el exsubsecretario de Hacienda Juan Carlos Puig. Destacó que se trata de un asunto confidencial.

Puig dijo a este medio, por separado, que se comunicó con Rosario para saber si había alguna queja contra él o no.


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