La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones. (GFR Media)

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, afirmó que los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Pfei) no entendieron la investigación de su agencia sobre el chat de Telegram en el que participó el pasado gobernador Ricardo Rosselló.

El Pfei emitió ayer, jueves, una resolución en la que indicó que Justicia no proveyó evidencia suficiente para probar los delitos contra varios de los señalados por participar del grupo de mensajería.

En una declaración escrita, Longo comentó que "nuestra impresión de la resolución emitida por el panel es que los miembros del panel, y los fiscales especiales independientes (FEI) que les hicieron las recomendaciones, no entendieron las conclusiones de derecho en el informe".

La secretaria también aseveró que parecería que el Pfei no tiene la "intención" de investigar casos de alto perfil.

“El análisis de los crímenes identificados en nuestro informe requiere aprender a hilvanar finito y a atreverse a tomar determinaciones de derecho agresivas y contundentes”, le señaló la titular a la presidenta del panel Nydia Cotto Vives y los demás miembros.

“Creíamos que los fiscales del Pefei tenían dicha capacidad y estaban preparados para agresivamente atender los delitos que se le identificaron para investigación. Las conclusiones de la resolución evidencian que parecen no tener la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento”, agregó.

De la misma forma, lamentó que se hayan limitado a una interpretación estricta del derecho, pues su apreciación de la prueba recopilada constituye causa suficiente para investigar.

"Aparentemente el panel se limitó en su análisis de 14 días laborables a examinar las declaraciones juradas, o prueba directa, para tomar sus determinaciones. Nuestra evaluación del derecho, en contrario, se basó en un examen exhaustivo y profundo de las declaraciones juradas a la luz de las más de 15 entrevistas realizadas, los documentos requeridos y la prueba electrónica recabada en la investigación", expresó la funcionaria.

Asimismo, defendió que en la pesquisa preliminar se realizaron 61 subpoenas y 46 citaciones, lo que levantó prueba circunstancial suficiente para el análisis de delitos de cuello blanco.

"Se requiere de un fiscal con experiencia y peritaje en áreas como administración pública, análisis forense, y la utilización y el examen de prueba digital para probar casoscon prueba circunstancial, no limitándose a prueba directa. Creíamos que los fiscales del Pfei tenían dicha capacidad y estaban preparados para agresivamente atender los delitos que se le identificaron para investigación. Las conclusiones de la resolución evidencian que parecen no tener la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento", abordó.

El Pfei decidió asignar un fiscal para investigar a Rosselló Nevares, así como su secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, su director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, y su principal asesor legal, Alfonso Orona Amilivia por negligencia en el cumplimiento del deber e incumplimiento en el deber. Sobrino Vega será investigado también por una supuesta amenaza de muerte a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

De otro lado, el cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda Reyes se les asignó un fiscal para investigarlos por influencia indebida, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos e intervención indebida de las operaciones gubernamentales. Miranda Reyes será investigado también por falsedad ideológica, mientras que Sánchez Sifonte le aplicarán la Ley de Ética Gubernamental por su posición previa como representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal.

En su análisis, el Pfei descartó siete delitos que Justicia recomendó investigar a fondo. Los delitos descartados por el panel para los exfuncionarios públicos incluyen resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, encubrimiento y destrucción de pruebas.

En el caso de Rosselló Nevares y Rosario Cortés, la agencia recomendó que también fueran investigados por posibles discriminaciones ilegales. Este delito se refiere a toda persona que, por causa de ideología política u otras, niegue acceso, servicio o igual tratamiento en los sitios y negocios públicos.

Además, se encontró sospecha para referir a Rosario Cortés por malversar fondos públicos, según las notas a pie de página de la resolución del Pfei.

Sin embargo, el panel descartó incluir en su investigación estos cinco posibles delitos contra Rosselló Nevares, así como seis posibles infracciones de Rosario Cortés, y cuatro de Orona Amilivia y Sobrino Vega.

La resolución firmada por Cotto Vives y Vélez Torres justificó esta decisión en la Ley del Pfei, la que establece que el secretario de Justicia solo conducirá una investigación preliminar si hay declaración jurada de la cual se desprenda la posible comisión de delitos y que estos le consten de propio y personal conocimiento al querellante.

En el caso del publicista Edwin Miranda Reyes, Justicia recomendó también asignar un FEI para evaluar el delito de fraude, una acción que tampoco acogió el Pfei.

Justicia pretendía, además, que se investigaran a todos los miembros del chat por las innumerables referencias a asuntos político partidistas discutidos y efectuados en La Fortaleza en horas laborables, algo que el Pfei también descartó por el momento.

El Pfei decidió no asignar un fiscal para el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda y de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier; el exsecretario de la Gobernación y ex director de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi Cruz; el consultor en comunicaciones, Rafael Cerame D’Acosta; y el asesor en comunicaciones, Carlos Bermúdez Urbina. Sostuvo que lo anterior no será impedimenta para que se asigne un FEI si en el transcurso de la investigación sobre delitos en el chat se obtiene prueba bajo juramento que pueda presentarse ante el tribunal.

La posible ampliación de la pesquisa no aplicará a la exsecretaria de Prensa Yennifer Álvarez Jaime, la exdirectora de la Oficina Central de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez y el exdirector de la Autoridad de Puertos Anthony Maceira Zayas, a quienes el Pfei les archivó la querella.


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