En la foto, Isoel Sánchez Santiago exhibe su identificación durante una actividad en la que participó el año pasado junto al exrepresentante Samuel Pagán, a quien una de sus corporaciones dio servicios en la Cámara baja. (Suministrada) (semisquare-x3)
En la foto, Isoel Sánchez Santiago exhibe su identificación durante una actividad en la que participó el año pasado junto al exrepresentante Samuel Pagán, a quien una de sus corporaciones dio servicios en la Cámara baja. (Suministrada)

Como parte de una investigación sobre la posible contratación “fantasma” de servicios en la Asamblea Legislativa, el Departamento de Justicia emitió varios subpoenas al Senado para que entreguen documentos y citó al jefe de personal de ese cuerpo legislativo, supo El Nuevo Día.

Una fuente que tiene conocimiento de la pesquisa indicó que Justicia ya tiene esos documentos y la comparecencia del “chief of staff” del Senado, Gabriel Hernández Rodríguez, debe producirse las próximas horas.

Justicia investiga varias contrataciones de servicios en la Oficina de Asuntos Gubernamentales, que es una entidad adscrita a la presidencia del Senado.

También, revisa los acuerdos que autorizó la Cámara de Representantes a la oficina del exlegislador Samuel Pagán.

La pesquisa, que comenzó en junio, incluye el contrato que obtuvieron en el Senado Nancy Malavé Toro, esposa de Pagán; la corporación AJ Consultant Group, Global Instant Consulting y los servicios prestados a la Cámara de Representantes por International Legislative and Government Consulting Group.

Entre otras cosas, el análisis busca corroborar si los servicios contratados por la Cámara y el Senado fueron prestados o si, por el contrario, las cámaras legislativas pagaron por servicios que no fueron realizados, como denunció Luis Hiram Delgado, quien laboró con Pagán.

Delgado adujo, además, que tras ser contratado en la oficina del exrepresentante, presuntamente se le pidió que su facturación la tramitara como si fuera contratista de International Legislative y no de la Cámara.

Nuevas empresas

Tras el triunfo del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de 2016, Isoel Sánchez Santiago, un militante activo de esa organización política, y su pareja, Chrystal Robles, registraron varias corporaciones, unas por separado y otras en conjunto.

Global, presidida por Robles,firmó dos contratos de servicio con el Senadocomo coordinadora intergubernamental. Mientras, International Legislative fue contratada por la Cámara para dar servicios al exrepresentante Pagán.

Al mismo tiempo, la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado reclutó a la esposa del exlegislador y le otorgó dos contratos a la firma AJ Consultants.

Aunque ni Isoel Sánchez Santiago ni Chrystal Robles figuran en esos documentos como personas relacionadas con esa empresa, en el registro de contratos del Senado se identificó a Sánchez Santiago como la persona contacto de AJ Consultants. De ahí que Justicia haya incluido a esta firma en su pesquisa de estas eventuales contrataciones “fantasmas”.

Los acuerdos de estos cuatro contratistas fueron rescindidos luego que una investigación del programa Jay y sus Rayos X divulgara posibles conflictos de interés e irregularidades en los servicios ofrecidos.

El Nuevo Día supo por una fuente relacionada que Justicia requirió las facturas de servicio presentadas por Global y también las de International Legislative. Ni el Senado ni la Cámara permitieron que este diario examinara esas facturas.

Servicios cobrados

La directora de la Oficina de Asuntos Financieros y Fiscales del Senado, Carmen L. Vélez Ríos, emitió a este diario una certificación que consigna que, entre enero de 2017 y abril de 2018, Global facturó un total de $52,090.

Mientras, Malavé Toro facturó $62,500 y la firma AJ Consultants solo emitió dos facturas por un total de $9,425.

Contrario al Senado, que procesó varias de las solicitudes de información que hizo este diario, la Cámara de Representantes ni siquiera emitió una contestación a la solicitud de información sobre su contratista International Legislative.

Ni el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, ni el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, accedieron a peticiones de entrevistas de este diario.

Sin contrato, pero con ID

Aunque funcionarios del Senado sostienen que, en lo que va de cuatrienio, Sánchez Santiago no les ha representado ni dado servicios, su nombre en el registro de contratos de ese cuerpo y su presencia en actividades oficiales lo relacionan con esa cámara legislativa.

Según el director de Asuntos Públicos del Senado, Osvaldo Soto, se cometió un error cuando en el registro de contratos se asoció al presidente de Legislative International con laempresa AJ Consultants.

Soto dijo queIsoel Sánchez tampoco prestó servicios al Senado a través de Global, la empresa que preside su compañera, y que no se le entregó tarjeta de identificación ni como representante de alguna firma ni a su nombre.

Sin embargo, una foto enviada a El Nuevo Día muestra a Sánchez Santiago con una tarjeta de identificación azul del Senado colgada a su cuello. Este diario mostró la foto a Soto en la búsqueda de una explicación y, aunque atendió el pedido, no hizo aclaración sobre la tarjeta de identificación.

Una visita a la escuela Juan Ponce de León, en Humaco, confirmó que esa foto corresponde a una actividad celebrada el 19 de diciembre de 2017 en ese plantel, momento en que se le designó miembro honorario de una organización estudiantil, junto al representante Pagán. La maestra consejera de la organización, Vilma Velázquez, indicó que con ese reconocimiento, los alumnos “agradecieron la ayuda brindada” por ambos para que ellos participaran en una actividad organizada en el Capitolio.

Una fuente -también vinculada con estos contratos- explicó que Sánchez Santiago tenía identificación de las dos cámaras legislativas. “Por un lado del ‘tag’, tenía la identificación de la Cámara y, por el otro lado, la del Senado”, dijo la fuente que compartió con el contratista en actividades oficiales.

El 6 de junio de 2018, el presidente del Senado firmó la orden administrativa 18-35 para establecer que no se permitirá a ningún contratista ejercer sus labores en los predios del distrito capitolino sin llevar una identificación de ese cuerpo. Además, se dispuso que se otorgará una identificación por contratista y que en caso de las personas jurídicas “será a nombre del presidente de dicha entidad”.

El Senado no respondió a la pregunta de si solo los presidentes de las entidades pueden prestar servicios al cuerpo legislativo y no sus empleados o asociados.

Contratados por servicios pocas veces requeridos

El primer contrato de AJ Consultants con el Senado se firmó el 24 de abril de 2017. El acuerdo, con una vigencia de dos meses, fue sellado por el “chief of staff” del Senado y el abogado Ricardo Pallens Cruz, quien presidía la firma.

A través de una entrevista telefónica, Pallens Cruz indicó que prestó servicios para la Oficina de Asuntos Gubernamentales a residentes casi siempre del área de Mayagüez y que, “a veces” vio referidos en San Juan.

El abogado indicó que los pagos se emitieron a nombre de AJ Consultants, se depositaban en una cuenta de la corporación y la firma le pagaba a él.

Asimismo, señaló que, aunque presidió la corporación y la representó legalmente, no es accionista. Dijo que los códigos de ética le impiden divulgar los nombres de los accionistas. No obstante, aseguró que Sánchez Santiago no lo es ni fue contratado por la firma.

El abogadoexplicó que dejó de brindar los servicios cuando se le nombró miembro asociado de la Junta de Calidad Ambiental.

Acabado ese año fiscal, el Senado renovó el contrato a AJ hasta el 30 de junio de 2018. Ese contrato lo firmó el también abogado Carlos Igartua Veray como representante de la empresa.

No obstante, fue Orlando Ortiz Sandoval quien prestó servicios porque el 2 de agosto de 2017 ese abogado dejó de representar a la firma, según señala una resolución corporativa. En ese documento, también se nombró presidente a Ortiz Sandoval.

El Senado certificó que, por este segundo contrato, la corporación no facturó.

Ortiz Sandoval dijo que atendió en el área oeste “tres casitos” de inspección a estructuras afectadas por el huracán María, pero no cobró por su trabajo “porque el contrato fue cancelado y decidí dejarlo ahí”. Aseguró que tiene evidencia del servicio prestado.

El contratista dijo que fue Pallens Cruz quien lo llevó a esa firma cuando “el abogado que estaba” ya no podía prestar los servicios al Senado. Pallens Cruz indicó que no sabe cómo Ortiz Sandoval llegó a presidir la firma.

“Me hicieron presidente de la corporación, pero fue para eso exclusivamente”, dijo Ortiz Sandoval, quien aclaró que no es accionista de esa corporación y no ha “invertido ni un solo centavo en ella”.


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