La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. (GFR Media)

En medio de la vorágine de indignación que causó el chat del gobernador y su equipo más cercano, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ordenó hoy investigar posibles violaciones de ley en torno a unas conversaciones en las que funcionarios del gobierno discuten asuntos de política pública con un cabildero y se mezclan gestiones partidistas.

La jefa de la fiscalía, Olga Castellón, anunció anoche que tendrá a su cargo un grupo especial de trabajo  que evalu rá la “legitimidad, contenido y determinará posibles violaciones de ley” en torno al chat.

La Oficina de Ética Gubernamental  también ha abierto una pesquisa.

Junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares participan en el chat altos funcionarios de su gobierno – algunos de los cuales dimitieron hoy, el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda, el cabildero Elías Fernando Sánchez Sifonte, y los ahora ex asesores de comunicación de su administración, Rafael Cerame Acosta y Carlos Bermúdez, entre otros.

A Miranda, cuya empresa tiene contratos con el gobierno, se le dan instrucciones político partidistas para promover que colaboradores ataquen en las redes a opositores políticos, como a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y al senador independentista Juan Dalmau.

“(Vázquez Garced) ha hecho lo correcto. El pueblo debe estar pendiente porque la mayor transparencia de todo el proceso es indispensable”, indicó Luis Sánchez Betances, quien fue secretario de Justicia al inicio del gobierno de Alejandro García Padilla.

En el chat, además de los insultos y las chabacanería, se conversa sobre asuntos de política pública como el plan de salud del gobierno, en torno al cual hace una pregunta Sánchez Sifonte.

También se discute la posición del gobierno en torno a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal para cancelar $6,000 millones de la deuda  y el proceso de solicitud de propuestas para una alianza pública privada para  los sistemas de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sánchez Sifonte ha sido cabildero de empresas vinculadas a temas energéticos y de salud, según fuentes.

Los participantes del chat debaten por  qué la esposa del senador Dalmau tiene un puesto de confianza como directora de la División Legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. En ese asunto es  Bermúdez, de la empresa Ojos Creativos, quien cuestiona que esa posición no esté en manos de un militante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En el chat, el gobernador Rosselló Nevares pide abrir una investigación, por lo bajo, en contra del representante Manuel Natal Albelo.

Temprano en el día, la secretaria Vázquez Garced no había dado ninguna impresión de que investigaría el chat y sus implicaciones.

“No me cabe la más mínima duda de que más allá de la vulgaridad, la mediocridad, el infantilismo y la torpeza que reflejan estas conversaciones, se refleja una absoluta ausencia de separación entre gobierno y partido”, indicó Fernando Martín, presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y profesor jubilado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Martín sostuvo que en este caso, la secretaria Vázquez Garced tiene ya acceso a todo el contenido del chat y puede llamar a entrevistas “a cada uno de los participantes para averiguar las implicaciones y significados”.

El abogado estadista Domingo Emanuelli coincidió en que “se debe investigar” si se han integrado asuntos político partidistas y se ha ofrecido información gubernamental a intereses privados de forma ilegal. “Lo menos que se debe hacer es examinar esos chats”, sostuvo, al indicar que “la vida política del gobernador, si no se ha terminado, está llegando a su fin”.


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