Edwin Miranda, izquierda, y Elías Sánchez, derecha. (Fotomontaje / GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced estimó hoy que el Departamento de Justicia apelará al Tribunal Supremo la determinación judicial que impidió que los fiscales e investigadores del llamado chat de Telegram revisen los teléfonos del cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda.

“Con relación a esas dos personas (la opción) sería recurrir al Supremo para llevar el planteamiento sobre los registros de allanamiento… Estoy segura de que van a tomar las mejores decisiones para que se haga justicia y el pueblo confíe”, dijo Vázquez Garced en una conferencia de prensa en San Juan.

El viernes, el Tribunal de Apelaciones determinó que no existía una orden de allanamiento con justa causa para que los peticionarios entregaran lo que se reconoce como sus "pertenencias personales".

Justicia tramitó la petición por medio de una citación en lugar de una orden de allanamiento, lo que no necesariamente obliga a los recurridos a entregar el teléfono.

La determinación fue tomada por un panel compuesto por los jueces Erik Ramírez Nazario, Carlos Candelaria Rosa y Miguel Cancio Bigas.

El departamento lleva desde inicios de agosto investigando a los involucrados en el chat, en el que el ahora exgobernador y sus más estrechos colaboradores compartieron mensajes homofóbicos, misóginos y hasta conspiraban en acciones políticas que algunos abogados estiman que rayaban en ilegalidades.

De ordinario, el Departamento de Justicia tiene 90 días para realizar la investigación preliminar de algún caso que implique a un funcionario electo y remitir el expediente al Panel de Jueces del Fiscal Especial Independiente (PFEI). Dicho término puede extenderse por otros 90 días, de ser requerido por la agencia, asunto que se concretó a finales de noviembre.

En teoría, el departamento tiene hasta finales de enero para referir al PFEI la pesquisa.

“En esa investigación estaba asignada a (la exjefa de los fiscales) Olga Castellón y, como estaba envuelto el exgobernador, nosotros (la gobernadora) nos inhibimos. La orden de allanamiento fue realizada de conformidad con la ley. Si esa es la apreciación del Apelativo la vamos a respetar. Corresponde a la fiscalía determinar el curso a seguir. Entiendo que apelarán la determinación, con un certiorari al Supremo. Si hubo un malentendido con la orden, entiendo que seguirán con las gestiones”, dijo Vázquez Garced.

Al momento, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, ha rechazado hacer expresiones sobre la decisión del Apelativo por entender que podría afectar la pesquisa, ya en aprietos con la decisión judicial.


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