Ricardo Rosselló. (Ramón “Tonito” Zayas)

El exgobernador Ricardo Rosselló y 13 de sus más cercanos colaboradores fueron referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) luego que una investigación preliminar del Departamento de Justicia (DJ) encontrara posibles infracciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental relacionadas a sus conversaciones en un chat de Telegram.

En un comunicado de prensa el DJ informó que entre los referidos se encuentran Yennifer Álvarez Jaime, ex secretaria de prensa del exgobernador; así como Rossy Santiago Velázquez, exdirectora de la oficina central de comunicaciones de la Oficina del Gobernador.

Además, fueron referidos el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exasesor principal del gobernador Alfonso Orona; el exdirector de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Christian Sobrino; el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el director de Puertos, Anthony Maceira.

La secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, también recomendó la designación de un FEI para Elías Sánchez Sifonte, Edwin Miranda Reyes, Rafael Cerame y Carlos Bermúdez. Aunque estos cuatro no eran funcionarios públicos, una enmienda hecha en 2012 a la Ley 2 (de la Opfei) permite que se investiguen como coautores de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos. Antes de esa enmienda los coautores que no estaban incluidos dentro de la Ley 2 eran investigados y procesados por fiscales de la división de Integridad Pública del DJ

El Nuevo Día se comunicó con todos los implicados a sus teléfonos, pero solo obtuvo respuesta de Rivera Marín.

“Estoy muy afectado, la familia y todo el mundo. Este proceso lo enfrentaremos. Realmente, de lo que se trata es de un informe que yo no he visto. La secretaria ha dicho que conlleva un proceso, así que yo seguiré con el proceso”, dijo el exsecretario de Estado. “De mi parte, sé que todo lo que hice en el servicio público fue dar lo mejor de mí con toda la pasión por el bien de Puerto Rico. Ahí, yo no insulté a nadie y por lo menos eso me da tranquilidad”, agregó.

Nuevos actores

Cuando se supo de la existencia del “WRF Chat” nunca se vinculó con el mismo a Santiago Velázquez ni a Álvarez Jaime. La secretaria de Justicia se negó a indicar el presunto rol de las dos comunicadoras en las posibles acciones ilegales referidas. Sin embargo, el comunicado, al menos, sostiene que Álvarez Jaime era parte del grupo de conversación.

Longo Quiñones tampoco quiso divulgar qué delitos pudieron haber incurrido los 14 referidos, según la investigación preliminar a cargo de la exjefa de fiscales Olga Castellón Miranda y un grupo de fiscales de la división de Integridad Pública.

Sin embargo, fuentes de El Nuevo Día revelaron que Justicia sospecha que entre los investigados pudiera haber infracciones a Artículos del Código Penal, entre ellos enriquecimiento ilícito (Art. 250), enriquecimiento injustificado (Art. 251) y oferta de soborno (Art. 260). También se sospecha de múltiples infracciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. En este articulado están las prohibiciones éticas de carácter general.

El enriquecimiento ilícito se imputa a todo funcionario o exfuncionario público que para beneficio personal o de un tercero, utilice información que solo haya podido conocer por razón de su cargo.

En tanto, el enriquecimiento injustificado se refiere a todo funcionario o exfuncionario o que injustificadamente haya enriquecido su patrimonio o el de un tercero, con posterioridad a la asunción del cargo.

La oferta de soborno es cuando una persona directamente o por un intermediario prometa algún beneficio a un funcionario público que tiene poder decisivo o que aparenta tener ese poder.

Inicialmente la secretaria de Justicia insistió en que tanto la Ley Orgánica del DJ como la Ley que creó la Opfei le impedían divulgar los delitos que la investigación preliminar arrojó que pudieron haberse cometido.

No obstante, cuando se le preguntó si entendía que la exsecretaria de Justicia y hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced y sus predecesores violaron esas leyes porque acostumbraban a revelar la naturaleza de los delitos presumiblemente cometidos, su oficial de prensa Brenda Quijano indicó que se trataba del “estilo de trabajo” de la secretaria y a su “interpretación del lenguaje estatutario”.

“Esa es su interpretación personal del procedimiento a seguir con respecto a este asunto. Otros secretarios tendrán su propia interpretación”, expresó Quintero.

Longo Quiñones no estuvo disponible para entrevista.

Históricamente, cuando el DJ culminaba su investigación preliminar y refería al FEI, informaba cuáles delitos se encontró como posiblemente cometidos. Esa divulgación ha sido interrumpida por la actual titular de Justicia.

Voluminosa evidencia

Longo Quiñones indicó que el informe referido a la Opfei consta de 109 páginas y que se entregarán 35 cajas de evidencia.

Señaló, además, que como parte de la pesquisa se emitieron sobre 45 citaciones a testigos y sobre 60 subpoenas para acceder a documentos e información.

La titular de Justicia dijo que tuvieron acceso a varios teléfonos móviles de los participantes del chat y que unos fueron “entregados y registrados, algunos voluntariamente y otros mediante orden de ocupación”.

El DJ no ha tenido acceso a los teléfonos celulares del ex representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez Sifonte, ni al del publicista Edwin Miranda Reyes porque el Tribunal de Apelaciones determinó que la solicitud de Justicia a los investigados no se hizo conforme a derecho.

Ante el Panel

Por su parte, la presidenta del Panel de la Opfei, Nydia Cotto Vives, calculó que ese organismo se reunirá dentro de dos semanas para evaluar el informe enviado por Justicia. Hasta que el Panel no se reúna dijo que estará impedida de comentar el caso referido a esa entidad ayer.

Cotto Vives estimó esa fecha al tomar en consideración el volumen del informe referido y por la gran cantidad de evidencia que se someterá ante esa oficina.

“Se tiene que hacer un inventario de toda la evidencia recibida y eso tomará varios días. En todos los casos tenemos que hacer un inventario documento por documento”, dijo la presidenta del Panel.

Una vez hecho ese inventario es que se convoca al Panel, explicó Cotto Vives. La funcionaria cree que esa clasificación deberá demorar hasta finales de la próxima semana.

El 13 de julio, se conoció parte del contenido del WRF Chat, que estuvo encabezado por Rosselló Nevares. Los miembros de ese grupo de conversación electrónica, que algunos no eran funcionarios públicos, discutían asuntos de política pública y también partidistas.

A través de esta aplicación, miembros del grupo se pusieron de acuerdo para dañar reputaciones y perseguir a políticos de la oposición, así como a funcionarios federales. En las 889 páginas publicadas abundaban también las burlas e insultos machistas, homofóbicos y comentarios insensibles sobre sobre distintos asuntos de interés público. Las conversaciones divulgadas fueron hechas entre el 30 de junio de 2018 y enero de 2019.


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