La mayor parte de los fondos asignados para atender la crisis provocada por el huracán surgen de resoluciones del Congreso estadounidense. (GFR Media) (horizontal-x3)
La mayor parte de los fondos asignados para atender la crisis provocada por el huracán surgen de resoluciones del Congreso estadounidense. (GFR Media)

Washington - Las asignaciones federales prometidas a Puerto Rico para mitigar la devastación causada por el huracán María suman alrededor de $41,000 millones, pero las autoridades estiman que menos de una cuarta parte de esos fondos –la zapata de la reconstrucción– ha sido desembolsada en la isla.

No obstante, el gobierno de Puerto Rico ha calculado que, en realidad, el total de la ayuda que se necesita para concretar la reconstrucción es de sobre $100,000 millones.

Después de la lenta e ineficiente respuesta federal inicial, portavoces del gobierno de Puerto Rico han reconocido un retraso significativo en la entrega de una parte importante de la asistencia, lo que atribuyen a que la isla es tratada como una jurisdicción de alto riesgo en el manejo de fondos federales.

Hasta este fin de semana, el gobierno electo –tampoco la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico– no podía proveer números concretos sobre los desembolsos que han entrado el erario.

Según los datos ofrecidos por los gobiernos de EE.UU. y Puerto Rico, El Nuevo Día ha podido detallar los desembolsos de unos $7,640 millones a entidades del gobierno, empresas y familias de Puerto Rico.

Por lo menos, los desembolsos de Medicaid y los otorgados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para pagar a sus contratistas por la reparación del sistema eléctrico deben estar subestimados, pues el gobierno no los actualiza desde el 8 de agosto y el 30 de junio, respectivamente.

El director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR), Omar Marrero, considera que los desembolsos a entidades e individuos en la isla pueden alcanzar los $10,000 millones, principalmente por medio de los fondos tradicionales para atender desastres que provee la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“El proceso de reembolsos ha sido un dolor de cabeza, particularmente cuando FEMA nos ha impuesto unos requisitos como si fuéramos una jurisdicción de riesgo, sin habernos declarado una”, indicó Marrero en una entrevista.

La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, ha señalado que los fondos asignados por el gobierno federal para Puerto Rico pueden rondar los $44,000 millones, pero ella suele incluir fondos para instalaciones del gobierno federal en la isla.

Más allá de la burocracia federal tradicional, el gobierno de Puerto Rico aún no logra que fluyan los fondos del programa de proyectos permanentes bajo la sección 428 de la ley federal Stafford, que guiará la mayor parte de las reparaciones y construcciones nuevas.

Marrero sostuvo que el continuo “trato discriminatorio” es un ejemplo de la falta de poder político de la isla debido a su status territorial, un argumento que utiliza el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para evitar adjudicarle responsabilidad directa al presidente Donald Trump sobre las fallas del gobierno federal en el manejo de la emergencia causada por el huracán María.

En la capital federal, desde el escándalo sobre la empresa energética Whitefish, la lupa sobre el manejo de los fondos de emergencia ha incrementado, y tan reciente como el fin de semana pasado, el presidente Trump avivó la idea de que el gobierno de Puerto Rico es uno de los más corruptos bajo la bandera estadounidense.

De dónde vienen los fondos

La mayor parte de los fondos surgen de resoluciones del Congreso, pero se distribuyen –sobre todo– a través de los departamentos federales de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Educación, Salud y FEMA.

La mitad de las asignaciones se han hecho a través del programa de desarrollo comunitario para desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda federal. Pero ni siquiera han sido entregados los primeros $1,500 millones, que estaban supuestos a ser desembolsados en agosto y que, en su mayoría, permitirán reconstruir viviendas destruidas o dañadas por el huracán.

“Falta firmar el acuerdo entre HUD y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. Sin ese contrato, no se pueden desembolsar los fondos”, advirtió Marrero.

Indicó también que el retraso le hace pensar que la segunda parte del paquete de asignaciones CDBG-DR, que alcanzaría los $8,200 millones, no se recibirá hasta 2019, lo que retrasaría su impacto en la economía y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Los fondos tienen mayor importancia después de que FEMA no aprobó otorgar dinero para trabajos de reconstrucción permanentes, “basado en que tuvo mala experiencia con ese programa” y bajo el argumento de que, “con los fondos CDBG-DR, podemos atender esa necesidad”, dijo Marrero.

Entre los fondos asignados por el Congreso, hay poco menos de $2,000 millones del programa CDBG-DR que deben ser utilizados para rehacer la red eléctrica. La subsecretaria de HUD, Pamela Hughes Patenaude, ha indicado que esa porciónestará incluida en el tercer y último grupo de los fondos bajo ese programa.

Sin embargo, según Marrero, los fondos CDBG-DR para financiar la red eléctrica pueden utilizarse antes para financiar el pareo que tiene que hacer Puerto Rico para proyectos permanentes. En estos momentos, el gobierno de Puerto Rico, en bancarrota, presiona para reactivar exenciones en el pago de una parte del costo de remover escombros y tomar medidas de emergencia ante un desastre natural.

No todos los datos que se ofrecen sobre la asistencia federal son programas congruentes entre una jurisdicción y otra.

En Texas, donde el huracán Harvey causó daños por $125,000 millones, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), FEMA ha indicado que ha colocado $13,820 millones en “los bolsillos de los supervivientes” a través de subvenciones federales y estatales, y principalmente a través de programas de seguros por inundaciones ($8,800 millones).

En Puerto Rico, el porcentaje de viviendas con el seguro de FEMA es mínimo, por lo que hay que recurrir a otros programas.

“Hemos comprometido miles de millones de dólares en Puerto Rico, y se esperan miles de millones más. Esto es casi el doble de las obligaciones actuales con otras jurisdicciones, como Texas o Florida. La administración (Trump) ha buscado y asegurado la capacidad sin precedentes de realizar proyectos mejorados, y Puerto Rico tiene una oportunidad real de establecer un nuevo camino”, indicó FEMA.

“Los problemas fiscales y de liquidez en Puerto Rico son ciertamente desafíos para la recuperación, pero seguimos trabajando con el gobierno de Puerto Rico para que pueda recuperarse lo más rápido posible”, añadió la agencia federal por escrito.

Economistas y la casa acreditadora Moody’s han advertido que “una gran parte del dinero no se quedará en la isla”, lo que pone en entredicho las altas expectativas de crecimiento económico que el gobierno ha proyectado para 2019 (6.5%).

Fondos de Medicaid

Un alivio fundamental para el presupuesto del gobierno han sido los $4,800 millones asignados para Medicaid, que pueden utilizarse hasta septiembre de 2019 sin requerir aportación de la isla. Usualmente, el gobierno de Puerto Rico tiene que proveer casi la mitad de los gastos de ese programa federal de salud.

A partir de octubre de 2019, sin embargo, la aportación del gobierno de Puerto Rico al plan Mi Salud deberá reanudarse. Para complicar el escenario, los fondos de emergencia de Medicaid pueden acabarse durante el año fiscal federal 2020, lo que causaría un precipicio fiscal de cerca de $1,000 millones anuales en el plan de salud.

“Nos preocupa qué va a pasar de octubre de 2019 a septiembre de 2020. No hay muchas esperanzas de que se pueda hacer algo antes de fin de año”, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá. “Pero hay que empezar a presionar porque ese dinero se va a acabar y vamos a tener que volver a empezar”.


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