En la foto el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, y la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko. (GFR Media) (semisquare-x3)
En la foto el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, y la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó hoy, domingo, demandas contra tenedores de bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) para recobrar aproximadamente $392 millones en pagos totales.

Las demandas tienen la intención de recuperar intereses y principal de bonistas grandes que tengan al menos $2.5 millones en bonos que el SRE nunca estuvo autorizado a emitir al público, informó el organismo federal a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo a la Junta, estos bonos emitidos en el 2008 nunca se sometieron a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para aprobación. El ente federal indicó que no pretende perseguir litigios de estas causas hasta que el tribunal determine si los bonos impugnados son, en efecto, inválidos.

“El pueblo de Puerto Rico no tendría por qué pagar por bonos que se emitieron ilegalmente”, dijo David Skeel, miembro del Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión. “No obstante, ningún tenedor de cantidades menores de bonos tendrá que devolver ni principal ni intereses”, subrayó.

Además, la Junta de Supervisión radicó demandas contra varias entidades para recobrar pagos efectuados por el SRE y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que confligían con el Código de Quiebras de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

Cada uno de los suplidores identificados recibió pagos de más de $2.5 millones sin un contrato válido o los pagos no coinciden con sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo de 2017, cuando la Junta de Supervisión inició los procesos de ajuste de deudas bajo PROMESA.

“Al ir a los tribunales con estos reclamos estamos siguiendo las leyes de quiebra de los Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo Skeel.

Sobre las razones por las cuales se decidió no incluir en las demandas a los tenedores de bonos de cantidades menores a los $2.5 millones, el miembro del Comité Especial de Reclamaciones argumentó que sería "una carga demasiado pesada". 

“Le debemos al pueblo de Puerto Rico asegurar que los pagos efectuados por el gobierno y sus entidades hayan sido apropiados, pero también entendemos las preocupaciones de los suplidores que están sujetos a estas acciones", manifestó. "Hemos decidido excluir los contratos pequeños de los procedimientos, ya que perseguir reclamaciones más pequeñas sería una carga demasiado pesada, particularmente si se compara con las cantidades que podríamos recobrar”.

Skeel también indicó que la Junta está en vías de establecer un proceso informal para resolver estos asuntos con los suplidores fuera de los tribunales, dentro de lo posible, y para ayudar a los suplidores a clarificar qué pagos recibieron.

El organismo federal sostuvo que las acciones legales no necesariamente implican que los individuos y entidades cometieron un crimen. Si un suplidor demostrara un fundamento apropiado para los pagos, la Junta dijo que desestimará la demanda.

Anterior a las demandas anunciadas hoy, entre el pasado 30 de abril y 2 de mayo el CRE demandó a unos 320 contratistas del gobierno de Puerto Rico con la intención de recobrar de estos, los pagos efectuados por el gobierno entre 90 días y cuatro años antes de la fecha de radicación del Título III de Promesa.

La Junta anunció que se encuentra analizando pagos efectuados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y podría recobrar esos pagos.

El ente federal sostuvo al mismo tiempo que las demandas le permiten asegurar que unos $190 millones en pagos a suplidores fueron efectuados de manera apropiada.


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