Natalie Jaresko hizo ayer unas recomendaciones en las que se debería invertir el fondo federal otorgado al gobierno de Puerto Rico. (GFR Media)

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reconoció este lunes que no tiene jurisdicción directa sobre los $2,200 millones que recibió el gobierno central en fondos federales para paliar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

“La JSF no ejerce control sobre programas o fondos federales, con la excepción de la certificación provista por el Departamento de Vivienda federal para el monitoreo de los fondos del programa CDBG-DR. Dicho eso, continuaremos requiriendo informes del gasto y uso de los fondos que reciben entidades gubernamentales, incluyendo el gobierno central y la Universidad de Puerto Rico, entre otros, a raíz de la emergencia del COVID-19. Además, Promesa da autoridad a la JSF para revisar los contratos y nuestra política -de ordinario- requiere que todo acuerdo contractual mayor de $10 millones sea aprobado previamente por la Junta”, dijo en declaraciones escritas a El Nuevo Día el portavoz del ente fiscal a cargo de las finanzas de la isla, Edward Zayas.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, hizo ayer varias recomendaciones al gobierno sobre cómo debían utilizar los $2,200 millones proporcionados a través del Cares Act aprobado por la administración de Donald Trump.

La Junta sugirió al gobierno aumentar “significativamente” la compra y administración de pruebas para detectar el COVID-19 y de tecnología para rastreo. También recomendaron el reembolso de una porción de los $500 millones, que fueron parte de los $787 millones del Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencia.

Igualmente, recomendaron poner en marcha un plan de almacenamiento y distribución para administrar el inventario y racionar los suministros y el equipo, como los productos de protección personal (PPP), los ventiladores y las pruebas de detección del virus.

Invertir en fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral fue otra de las sugerencias de la Junta.


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