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La Arquidiócesis de San Juan acudió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para tratar de detener el embargo ordenado por un tribunal estatal. (GFR Media)

Los maestros de colegios católicos reclamaron al Tribunal de San Juan que certifique a dónde fueron a parar unos $300,000 del remanente del clausurado Fideicomiso del Plan de Pensiones cuando, y que supuestamente fueron retirados.

El licenciado Germán Brau, en representación de los maestros, indicó ayer a El Nuevo Día que sometió una moción después que el último estado presentado por el Fideicomiso reflejara un balance de $1.3 millones, en contraste con los $1.6 millones que tenía en marzo.

“Le estamos pidiendo al tribunal que consigne a dónde fue a parar ese dinero”, señaló Brau.

“Está establecido, en el Fideicomiso, que solo se pueden beneficiar los empleados, y tenemos la fuerte impresión de que alguien se está apropiando del dinero de los empleados”, abundó el abogado.

Este recurso fue uno de varios presentados ayer como parte de la batalla legal libran los maestros y la Iglesia católica en varios foros judiciales, a nivel estatal y federal.

Durante la mañana de ayer, la Arquidiócesis de San Juan y las diócesis de Ponce, Arecibo, Caguas, Mayagüez y Fajardo-Humacao sometieron una moción en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para tratar de detener el embargo ordenado la semana pasada por el juez superior de San Juan Anthony Cuevas contra la Iglesia católica en Puerto Rico.

La radicación fue dirigida al juez Stephen Breyer, del Supremo federal. El monseñor Roberto González Nieves había anticipado esta movida el domingo.

“Si se ejecuta (el embargo), las órdenes serán devastadoras para los solicitantes, otras entidades católicas de Puerto Rico y casi todos los puertorriqueños”, sostiene el documento.

Mientras, el juez del tribunal de distrito federal en San Juan, Pedro Delgado, emitió una orden al jefe de la Oficina de Alguaciles del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Miguel González, por una demanda sometida la semana pasada por las diócesis de Mayagüez y Ponce, quienes reclaman que no se les embargue sus cuentas porque no tienen nada que ver con la controversia del plan de pensiones.

González tiene hasta hoy al mediodía para demostrar causa por la cual no se deba emitir un interdicto preliminar contra el embargo.

Por su parte, el magistrado Bruce McGiverin recomendó al juez Gustavo Gelpí que no se emita una sentencia sumaria solicitada por varios beneficiarios del plan de pensiones, como parte de una demanda en el tribunal federal de San Juan.

Los beneficiarios alegan que el Plan no goza de la excepción que reciben las iglesias de la ley federal “Employee Retirement Income Security” (ERISA) de 1974.

McGiverin encontró que todavía quedan controversias pendientes por dilucidarse.

Por otro lado, el Panel Apelativo de Quiebra en Boston denegó por segunda ocasión una petición de que se detuviera el embargo mientras se veía la apelación a la negativa de que el Fideicomiso se pudiera acoger a la quiebra.

“Ellos (la Iglesia) también fueron al Tribunal Apelativo (estatal) para evitar que mañana se diera una vista en el Tribunal de San Juan y fueron al Supremo (estatal) para solicitar la desertificación del caso (de primera instancia) para que lo atienda el mismo Supremo”, dijo Brau. “Estas son tácticas de desesperación de la Iglesia católica”.


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