A pesar de que el acuerdo con los bonistas de la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y otros acreedores ha supuesto la acumulación de intereses en medio de la pandemia del coronavirus, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) analiza qué hacer para renegociar las obligaciones de la isla, en lugar de dejar sin efecto el acuerdo de reestructuración (PSA, en inglés) que obligaría a Puerto Rico a pagar alrededor del 72% de la deuda constitucional.