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La profesora Carmen de Lourdes Cáez, cuya imagen protegemos. (Xavier J. Araújo Berríos)

La presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzará a partir de la semana entrante una pesquisa sobre el irregular proceso que se llevó a cabo en su recinto de Cayey con la querella de hostigamiento sexual presentado por la profesora María de Lourdes Cáez, que terminó con la educadora despedida y con el colega contra el se quejó como profesor permanente de la institución, supo El Nuevo Día.

Según una fuente con conocimiento directo de los planes de la presidencia, esta semana concluyó el término que tenía Cáez para apelar la determinación de la UPR en Cayey de dar por zanjado su querella suspendiendo por un semestre al querellado, Luis Alberto Lugo, quien, al igual que su acusadora, es profesor de historia.

Al concluir el término para apelar, vence el periodo en el que el presidente de la UPR, Jorge Haddock, no podía intervenir en el asunto, por lo que a partir del lunes activará a un oficial examinador que mire todo el proceso, desde la primera querella presentada por Cáez dos semanas después de los hechos, la cual fue ignorada, hasta todo el tortuoso proceso que terminó más de dos años después con ella sin empleo y el querellado con permanencia.

En declaraciones escritas, Haddock confirmó que se involucrará directamente en la controversia. “Ante las reclamaciones que han trascendido y en vista de que la determinación en el proceso administrativo es final y firme, ya que esta semana venció el término disponible para solicitar revisión, como presidente de la universidad tengo el deber de asegurar que el proceso se haya realizado conforme a la reglamentación institucional y con la sensibilidad que amerita este tipo de casos”, dijo Haddock.

“Cabe señalar que actuar previamente hubiera representado una intervención indebida en el proceso administrativo”, agregó el presidente.

La profesora Cáez, quien impartía clases por contrato en Cayey, bajo diferentes arreglos, desde el 2001, denuncia que el 17 de marzo de 2016, durante una reunión, su colega Luis Alberto Amador la agarró de los brazos y la besó por la fuerza. Dos semanas después presentó su queja por escrito ante el entonces director del Departamento de Humanidades, Harry Hernández, quien alega que nunca recibió el escrito, pero intentó mediar entre Cáez y Lugo, que le había reconocido a él los hechos.

Como consecuencia de la supuesta desaparición de la carta, tardó más de un año en empezar la investigación contra Lugo, tiempo durante el cual se desarrolló un ambiente hostil contra Cáez en el Departamento de Humanidades, según la oficial examinadora que investigó la querella de hostigamiento sexual, Sheila Díaz.

En diciembre del 2017, Cáez volvió a presentar su querella por escrito y comenzó la investigación. En el transcurso de la pesquisa a Lugo se le otorgó permanencia en diciembre de 2017 y Cáez fue dejada sin clases en agosto de 2018, en aparente violación de la Certificación 130, el reglamento interno de hostigamiento sexual de la UPR, que dispone que no se puede alterar el estatus laboral de un querellante de hostigamiento sexual.

La UPR de Cayey dice que a Cáez no le aplicaba la 130 porque en agosto de 2018 no tenía ningún contrato vigente con la universidad.

En diciembre de 2018, Lugo, quien reconoció a El Nuevo Día que besó a Cáez, pero dice que no fue por la fuerza, aceptó ser suspendido por un semestre, pero sin reconocer las alegaciones en su contra.

La profesora tiene una queja pendiente ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, en inglés).

La fuente de El Nuevo Día confirmó que fue por toda esta situación que Haddock dejó en suspenso el nombramiento en propiedad de la actual rectora interina, Glorivee Rosario, quien, fungiendo como decana académica en diciembre de 2017, recomendó la otorgación de la permanencia a Lugo a pesar de que sabía que contra éste pesaba una querella de hostigamiento sexual.

La permanencia a Lugo también fue recomendada por Hernández, a pesar de que también sabía de la querella contra Lugo y que el profesor le había reconocido a él los hechos.

Ambos dijeron que se ampararon en la Certificación 130, que dispone que las pesquisas de hostigamiento sexual son confidenciales hasta que se diluciden.

Una fuente del Comité de Personal que recomendó la permanencia a Lugo dijo que de haber sabido que había en su contra una querella de hostigamiento sexual, el proceso se habría detenido mientras se dilucidaba la queja.

Soniemi Rodríguez Dávila, directora de la Oficina de Asuntos Legales de la Administración Central de la UPR, dijo que la presidencia no había intervenido antes porque Cáez no había presentado ninguna reclamación oficial ante la UPR por la pérdida de su empleo.

Cáez dijo a El Nuevo Día que desistió de llevar su queja formal ante el recinto de Cayey porque sería manejada por las mismas personas que en principio ignoraron su queja, que tenían un ambiente hostil contra ella, la dejaron sin empleo y, según su denuncia, protegieron a su agresor.

 “Eso sería empezar otro proceso más, además del que ya estoy pasando por hostigamiento sexual, completo, con investigadores, testigos, todo eso. Eso es revictimización. Eso es no mirar lo que ha pasado una víctima, es seguirla martirizando, agotándola emocionalmente, mentalmente. Yo dije: yo no voy a hacer eso. Me niego a pasar por otro proceso”, dijo Cáez a El Nuevo Día.

Rodríguez Dávila dijo que tan pronto Haddock fue confirmado como presidente de la UPR y comenzó funciones en septiembre de 2018 encomendó la creación de un “comité ad hoc” que revisara la política institucional sobre hostigamiento sexual y propuso el nombramiento de un monitor “de protección y seguridad del estudiante y el empleado”.

Rodríguez Dávila dijo que los casos de hostigamiento sexual representan “menos del 1% de la población universitaria”, pero no explicó cómo llegó a esa cifra. “El presidente está atendiendo este asunto con rigor y responsabilidad”, dijo Rodríguez Dávila.


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