En entrevista con El Nuevo Día, el congresista Raúl Grijalva aseguró que el Comité de Recursos Naturales tendrá bajo lupa la respuesta de la isla ante la emergencia del coronavirus.

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Washington.- El congresista Raúl Grijalva quiere poner bajo la lupa de su Comité de Recursos Naturales los fallidos contratos del gobierno de la Isla para adquirir pruebas rápidas de COVID-19, como parte de un examen que hará de la respuesta federal a Puerto Rico durante la emergencia del coronavirus.

Aunque los trabajos en el Congreso se han complicado por el novel virus, el demócrata Grijalva dijo, además, que todavía tiene interés en aprobar en la Cámara baja federal un proyecto que reforme la ley Promesa.

El legislador federal, elegido por un distrito de Arizona, también reafirmó su intención de promover una audiencia que permita una discusión general sobre el futuro político de la isla, hizo claro que no hay ambiente en Washington D.C. para la estadidad y consideró que el referéndum estadidad sí o no que impulsa el Partido Nuevo Progresista (PNP), bajo la realidad política actual, no cambiaría esa realidad.

La Cámara de Representantes estadounidense tiene previsto aprobar el viernes un proyecto de ley que establecerá las reglas para los comités funcionar a distancia y sus miembros poder votar sin tener que estar en el hemiciclo legislativo.

En entrevista con El Nuevo Día, Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales, afirmó que una vez se adopten las nuevas reglas de trabajo al retomar su agenda sobre Puerto Rico lo primero será dar una mirada a la respuesta del gobierno federal a la Isla, discusión a la que incorporará conocer los detalles sobre el escándalo del gobierno de Wanda Vázquez Garced en torno a los fallidos contratos de más de $40 millones para pruebas rápidas de detección del COVID-19.

Grijalva dijo que el énfasis de la discusión va a estar en la lentitud que considera ha tenido el gobierno de Donald Trump en dar acceso a la isla a fondos de la ley Cares, como ocurrió con la entrega de los fondos para los cheques federales de por lo menos $1,200 a ciudadanos.

“La asistencia de la ley Cares ha llegado en un modo tan lento que no ha tenido el efecto necesario”, dijo.

Aunque afirmó que los republicanos se centran en que “el Congreso no puede tener confianza en el gobierno de Puerto Rico”, Grijalva sostuvo que prefiere alumbrar la falta de atención del gobierno federal a la Isla.

Pero, no dejará de incentivar una discusión sobre las denuncias en torno a los fallidos contratos de pruebas del coronavirus. “Estamos hablando de la vida y muerte de gente…Muchas veces la forma de aclarar eso es en público”, indicó Grijalva sobre un asunto que también está bajo análisis en el Comité de Finanzas del Senado, bajo la presidencia del republicano Charles Grassley (Iowa).

Con Promesa en la mirilla

El congresista demócrata aseguró, por otro lado, que aún busca aprobar en comisión y si posible en el pleno de la Cámara baja un proyecto de enmiendas a la Ley Promesa.

De sus propuestas originales, hizo claro que mantiene la idea de declarar como esenciales los servicios de salud, seguridad y educación, asegurar por lo menos $800 millones anuales de presupuesto a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y cancelar deuda no asegurada.

Desechó la propuesta de crear un coordinador federal para la Reconstrucción, pues se le convenció de que eso representaría añadir otro “nivel de control” sobre la Isla, además del Congreso y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Hace unas semanas, además, la Casa Blanca designó un coordinador federal para la Recuperación de la Isla, el contralmirante Peter Brown, asignado a la Oficina de Presupuesto y Gerencia.

Grijalva dijo, no obstante, que mantiene sobre la mesa la idea de imponer un oficial de Revitalización para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues lo considera una oportunidad para promover una empresa pública con independencia, “que proteja a los empleados” y con fuentes de “energía limpia”. Otros, reconoció, lo ven como un “nivel de control que no necesitamos”.

Aunque reconoce que sus propuestas para enmendar la ley Promesa no avanzarán en una mayoría, cree importante aprobarlas en el pleno de la Cámara baja. Por un lado, piensa que eso obligaría a que los candidatos a la presidencia tengan que responder a su propuesta y ayudaría a tener una base de discusión para el próximo cuatrienio.

Hoy, el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) afirmó que el exvicepresidente Joseph Biden, virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, está dispuesto a considerar una reforma de la ley Promesa de ser elegido en noviembre.

“Si no llevamos al hemiciclo (la legislación sobre potenciales reformas a la ley Promesa) tendríamos que comenzar de nuevo”, sostuvo Grijalva.

Sin espacio la estadidad

El congresista Grijalva sostuvo, al mismo tiempo, que mantiene su compromiso de convocar a una audiencia pública para discutir el tema del futuro político de Puerto Rico, aunque no cree posible adelantar legislación alguna.

El gobierno del PNP ha propuesto un referéndum estadidad sí o no para noviembre próximo, que no necesariamente tendría el visto bueno del Departamento de Justicia federal, como propuso una ley federal de 2014.

Bajo la situación política actual, con una Casa Blanca y Senado dominados por los republicanos, ese tipo de consulta “no va a tener impacto en la administración ni en el Senado” y solo “un impacto limitado en la Cámara”, indicó Grijalva.

“La realidad es que el liderazgo del Senado”, por medio del jefe de la mayoría republicana, Mitch McConnell, y el presidente Trump “han rechazado la estadidad para Puerto Rico”, añadió.

Grijalva sostuvo que para avanzar el debate de status “primero tiene que haber una discusión sobre todas las ideas”, en referencia a las alternativas de status.

“Forzar un voto en Puerto Rico que el resultado va a ser pro estado, no necesariamente va a tener el efecto que la gente que está promoviendo eso (quisiera)…Tiene que haber un cambio político sistémico en la política de Washington D.C.. Una vez ocurra ese cambio, entonces la discusión es más real y tiene una posibilidad. Ahora, la discusión es más retórica política”, subrayó el presidente del Comité de Recursos Naturales.

En ese sentido, insistió en que una discusión “más real” sobre el futuro político de Puerto Rico y de la ley Promesa – predicada en el status territorial de la Isla-, requerirá “un cambio profundo en la política de la Casa Blanca y el Senado”.


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