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Rosselló Nevares pidió a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que emita una sentencia declaratoria a fin de deslindar los poderes de la JSF y aquellos del gobierno. (horizontal-x3)
Rosselló Nevares pidió a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que emita una sentencia declaratoria a fin de deslindar los poderes de la JSF y aquellos del gobierno. (AP)

Por primera vez desde que se aprobó la ley federal Promesa hace dos años, y luego de casi tres meses de discrepancias en torno al plan fiscal y el presupuesto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acudió ayer al tribunal por entender que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “usurpa” los poderes administrativos y legislativos conferidos al gobierno puertorriqueño.

En lugar de esperar porque el organismo federal acudiera al tribunal para exigir la implementación de su presupuesto certificado, Rosselló Nevares por vía de su principal asesor legal en los casos de Título III, John Rapisardi, pidió a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que emita una sentencia declaratoria a fin de deslindar los poderes de la JSF y aquellos del gobierno. Además, el recurso adversativo incoado por Rosselló Nevares busca que se emita un interdicto contra los miembros del organismo federal para que estos dejen de “usurpar” los poderes conferidos a los oficiales electos y de intentar “microadministrar” el gobierno por la vía del plan fiscal y el presupuesto.

En una conferencia de prensa en Humacao, Rosselló Nevares dijo que “tomé la determinación de firmar el presupuesto de la Asamblea Legislativa porque el de (la JSF) tenía un lenguaje que era irse por encima de los poderes que se le adjudicaron dentro del proyecto de Promesa”.

Justo antes de que el gobierno le demandara, la JSF indicó que se defenderá enérgicamente de cualquier demanda en su contra y que el presupuesto aprobado y certificado por el organismo federal el pasado 30 de junio, es cónsono con el plan fiscal certificado y con Promesa.

En mayo pasado, la JSF y Rosselló Nevares acordaron derogar la Ley 80 de 1976 a cambio de que no se tocara el presupuesto de la Legislatura y se otorgaran aumentos presupuestarios a varias agencias del gobierno, así como un fondo de ayuda a municipios, entre otras medidas.

En aras de consumar el pacto, la Cámara de Representantes aprobó legislación para derogar la ley que concede ciertos remedios a trabajadores despedidos injustificadamente. El Senado, en cambio, rechazó la exigencia del organismo federal, tanto en el curso ordinario del proceso legislativo como en una sesión extraordinaria convocada por Rosselló Nevares.

Las recomendaciones de política de la JSF bajo el plan fiscal de la Junta que el gobierno rechazó bajo la sección 205 de Promesa no pueden implementarse por la vía del presupuesto de la Junta como cuestión de derecho. La JSF tampoco puede utilizar poderes bajo la sección 202 de Promesa para adoptar legislación sustanciosa”, reza el recurso de 39 páginas más anejos que la jueza Swain recibió en su despacho.

Mientras Promesa otorga a la JSF el poder para certificar planes fiscales y presupuestos (sean propuestos por el gobierno, desarrollados en colaboración o por la Junta por sí misma) y supervisar el cumplimiento de estos, Promesa preserva al gobierno los poderes políticos y de gobierno para tomar decisiones de política”, agrega el documento.

Sin otro camino

Según el representante del gobierno ante la JSF, al gobernador no le quedó otra alternativa que acudir al tribunal.

“Hay una controversia genuina”, dijo Sobrino cuando El Nuevo Día preguntó por qué razón el gobernador acude ahora al tribunal cuando desde abril pasado era claro que la administración Rosselló Nevares objetaba varias de las medidas contenidas en el plan fiscal y que tendrían que reflejarse en el presupuesto.

Según Sobrino, en abril pasado, cuando la JSF certificó su plan fiscal, el gobernador no tuvo espacio para objetar el documento.

Pero, de acuerdo con Sobrino, ahora que la JSF busca implementar el plan fiscal a través del presupuesto, el organismo federal pretende cambiar leyes como aquellas que establecen el bono de Navidad y el pago de licencias a los empleados públicos.

Entre otras cosas, Sobrino señaló que la JSF incluyó en las resoluciones de presupuesto lenguaje para establecer como “una violación de ley” que se incumpla con el programa de ingresos y gastos certificado.

Las discrepancias entre la JSF y Rosselló Nevares se convirtieron en otro litigio más en los casos de Título III luego de que el pasado viernes, el organismo federal aprobara un nuevo plan fiscal revisado tras el fracaso del pacto con el gobernador.

Promesa autoriza a la JSF a establecer un calendario de trabajo para aprobar y certificar el presupuesto. Según ese calendario, el presupuesto debía certificarse el pasado 29 de junio.

Ese mismo día, viendo que no se derogaría la Ley 80, la JSF recertificó el plan fiscal que aprobó en abril pasado mientras la Legislatura aprobaba su presupuesto.

Al día siguiente, la JSF adoptó su presupuesto y lo dio por certificado, según Promesa.

Sobrino indicó que varios de los cambios en el presupuesto de la JSF responden al acuerdo fallido entre la JSF y Rosselló Nevares.

“Esos ajustes correspondieron a que no prosperó el acuerdo”, sostuvo Sobrino.

Pero en otras instancias, explicó el abogado, el proceder de la JSF no es comprensible.

En el caso del presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por ejemplo, el recorte presupuestario para los gastos de funcionamiento supera el 75%.

“Todo mundo ha estado de acuerdo que OGP y (el Departamento de) Hacienda necesitan inversiones sustanciales para actualizar los sistemas financieros del gobierno. La Junta está de acuerdo, pero en el presupuesto que certificó, eso se eliminó casi por completo”, manifestó Sobrino.

El Nuevo Día preguntó a Sobrino si el gobierno estaría en corte cuestionando los poderes de la JSF si la Legislatura hubiera derogado la Ley 80.

“Si el Senado hubiera derogado la Ley 80, se hubiese evitado todo este asunto. Probablemente, lo que hubiera prevalecido (para un litigio) es el cuestionamiento sobre el lenguaje de control en el presupuesto”, indicó Sobrino.

En ese sentido, Sobrino subrayó que el gobierno no busca que se anule el plan fiscal y tampoco cuestiona que la JSF tenga el poder para certificar planes fiscales o presupuestos. El cuestionamiento, dijo el abogado, es si la JSF tiene autoridad para decidir cuestiones de política pública a través de sus poderes de certificación.

El corazón de Promesa

Para el constitucionalista y catedrático en Derecho, Carlos E. Ramos, la demanda incoada por Rosselló Nevares es una movida “inteligente”, pues el recurso hace un planteamiento “puramente estatutario”.

“Los argumentos son conservadores en la medida en que no se trata de cuestionar la constitucionalidad de Promesa”, explicó Ramos al señalar que Rosselló Nevares centra sus argumentos en torno a la forma en que la JSF interpreta sus poderes y el fino balance entre las tareas de supervisión otorgadas al organismo federal y la política pública que debe ser definida por el gobierno.

Sin embargo, aunque Ramos reconoce los méritos de la estrategia legal del gobierno, aseguró que el litigio será cuesta arriba.

“El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) donde se pedía nombrar un oficial de transformación era más fácil porque no había un expediente y no estaba relacionado con el presupuesto y el plan fiscal. Ahora, es más difícil porque el recurso va al corazón mismo de Promesa y al poder de la Junta y cómo quiere supervisar o imponer el presupuesto”, explicó Ramos.

Ramos anticipó que ante la urgencia de la controversia, el gobierno radicaría una moción a Swain proponiendo un calendario de vistas para determinar si procede conceder el interdicto.

Al presente, el calendario de Swain con respecto a los casos de Título III contempla una audiencia general el próximo 25 de julio.

El PPD evalúa sus cartas

De acuerdo con el pasado presidente de la comisión de Hacienda en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, el gobierno debió acudir a cuestionar las acciones de la JSF desde hace mucho tiempo.

Explicó que la JSF, al igual que sucedió bajo administraciones de gobierno, erró una vez dejó fuera del proceso decisional a la Asamblea Legislativa, que por designio constitucional es la llamada a concretar mediante legislación las políticas públicas que interesan adoptarse.

Según Hernández, en el caso de Rosselló Nevares, el mandatario optó por acudir al tribunal luego de que lleva casi 18 meses validando o refrendando las actuaciones del organismo federal.

Hernández indicó que en el proceso de aprobación del presupuesto, el grupo fiscal de Rosselló Nevares fue a refrendar las cifras que había certificado la JSF. Subrayó además que luego de que el Senado rehusó derogar la Ley 80, el gobernador citó a una sesión extraordinaria para que se atendiera la exigencia de la JSF.

“O no le das legitimidad al proceso o eres esclavo del mismo”, dijo Hernández.

“Las dos resoluciones del presupuesto del 2017 tenían lenguaje que establecía que se modificarían partidas con la anuencia de la JSF”, recordó el legislador.

Hernández dijo que hoy, las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) decidirán si se unirán al reclamo de Rosselló Nevares contra la JSF o si intervendrán en el proceso judicial en calidad de amigos de la corte. Alex Figueroa Cancel colaboró con este reportaje.


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