El secretario de Seguridad Pública ofreció, además, detalles de las escoltas que se le asignaron al exgobernador.

El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, indicó que la Policía, en colaboración con agentes del Negociado de Investigaciones Federales, indagan en cada una de las amenazas que surgieron en contra del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, y que en la medida en que esas pesquisas vayan concluyendo se tomarán decisiones sobre la escolta asignada al ejecutivo.

Román precisó que muchas de las amenazas surgieron durante las intensas manifestaciones que durante el mes de julio llevaron a que Rosselló Nevares dimitiera tras conocerse sobre casos de corrupción en el gobierno y sobre un chat con posibles violaciones de ley por parte del exmandatario y su más cercano círculo de colaboradores.

“Vamos a ir descartando las amenazas y en la medida que eso pase vamos a reevaluar la estadía de la escolta”, dijo Román en una rueda de prensa en La Fortaleza. “Son por un periodo limitado”.

Los exgobernadores tienen derecho a escoltas, pero de manera limitada y en la jurisdicción puertorriqueña. Solo en casos excepcionales, los exgobernadores pueden recibir protección de la Policía fuera de Puerto Rico.

El ex comisionado residente, Pedro Pierluisi Urrutia, quien fungió por unos cinco días como gobernador, fue quien autorizó la escolta para Rosselló Nevares, quien se marchó del país justo antes de su dimisión.

“Fueron muchas las amenazas… estamos hablando de decenas”, dijo Román al exponer que ayer habló del asunto con la nueva mandataria, Wanda Vázquez Garced.

Rosselló Nevares renunció oficialmente a la gobernación del 2 de agosto. Su salida del puesto surgió luego que dos miembros de su gabinete y cuatro allegados a su administración fueran arrestados por cargos de corrupción. Estas detenciones ocurrieron en momento en que se publicaron 889 páginas de un chat que mantenía Rosselló Nevares con una docena de sus colaboradores más cercanos, con quienes compartía insultos, burlas y conspiraban para tomar acciones que abogados han alertado como posibles ilegalidades.


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